Héctor I. Tapia
La información ha salido a la luz: Octavio Romero Oropeza, el hombre que administró Pemex en años de endeudamiento, trasladó ahora al Infonavit una cúpula de confianza integrada por colaboradores, paisanos y viejos compañeros de ruta.
Los nombres se repiten. Los puestos también. Los salarios ascienden hasta los 185 mil pesos mensuales. Hay 102 nuevos mandos en plazas de confianza. La estructura crece hacia arriba.
El gasto también. Lo que llama la atención no es la afinidad política —que en México ha sido norma— sino el modo en que esa afinidad se ha vuelto un itinerario: de la petrolera al instituto de vivienda, como si los espacios públicos fuesen territorio transferible, vocación intercambiable, patrimonio de un grupo antes que responsabilidad ante el país.
DE PEMEX A INFONAVIT
En Pemex, Romero Oropeza heredó y profundizó una burocracia pesada, costosa, resistente a la evaluación y poco permeable al escrutinio. Ahora, en el Infonavit, la historia parece repetirse: directores que son ascendidos, subdirectores que se trasladan, contralores que cambian de oficina sin cambiar de círculo.
Nombres asociados a decisiones que dejaron heridas: la deuda con proveedores, la descomposición operativa, incluso el episodio fallido del gas popular. El paso de una institución a otra no ocurrió como relevo técnico, sino como traslado de pertenencias.
Hace unas semanas escribí que los tabasqueños no somos corruptos. Lo repito. Pero también escribí —y sostengo— que la conducta de algunos funcionarios convirtió nuestro gentilicio en sospecha.
El país confundió origen con conducta, nacimiento con responsabilidad, cercanía con complicidad. Se instaló la idea de un “grupo” cuando lo que existieron fueron redes específicas, decisiones personales y oportunidades tomadas al amparo del poder.
Sin embargo, el daño no cayó sobre quienes decidieron, sino sobre quienes nacimos aquí. La desconfianza se volvió acento. La burla se volvió rutina. El nombre de Tabasco empezó a pronunciarse con el ceño.
EL COSTO MORAL
Lo que ocurre ahora con Infonavit revive ese daño. Vuelve a rodearnos el rumor de que todo tabasqueño en el poder opera bajo la misma lógica: traer a los suyos, blindar a los suyos, servir a los suyos.
Eso no es cierto. Pero cuando una figura pública dirige la institución como herencia y séquito, la sospecha nos cubre a todos. Lo que debió ser una responsabilidad individual se vuelve un señalamiento cultural.
No se trata de moralismo. Se trata de algo más simple: el nombre de un pueblo no es el botín de sus políticos. Tabasco puso la esperanza en una generación que llegó al centro del país con un discurso de regeneración.
No pedíamos favores, sino dignidad. No pedíamos cargos, sino respeto. Pero mientras una parte del país veía a tabasqueños ocupando oficinas federales, nosotros veíamos otra cosa: el riesgo de que el poder, usado sin autolímite, acabara por dejar nuestro nombre en deuda.
IDENTIDAD EN DISPUTA
Hoy el caso Octavio Romero Oropeza no sólo es una nota sobre nóminas y puestos. Es un espejo. Y la pregunta que devuelve es incómoda: ¿quién paga el costo moral cuando el prestigio se agota?
No será la burocracia dorada. No será el funcionario de salario protegido. Será el tabasqueño de a pie. Otra vez.
Por eso es necesario decirlo sin grito y sin absolución: el daño al prestigio no es un asunto administrativo, sino generacional. Lo que está en juego no es el presupuesto del Infonavit, sino el lugar desde el que Tabasco pueda volver a hablarle al país sin ser interrumpido por la sospecha.
Tabasco no es culpable. Pero el prestigio no se defiende solo.
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