CDMX.— La acusación de la DEA no llegó acompañada de expedientes, nombres ni pruebas públicas. Llegó como una sentencia: para su director, Terrance Cole, las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano “son lo mismo”.
El Gobierno respondió con decomisos, capturas y laboratorios destruidos. El choque, sin embargo, ya no es sólo por las cifras: es por quién fija el relato de la guerra contra el fentanilo y hasta dónde puede avanzar Washington en territorio mexicano.
Durante la Cumbre por una América Libre de Fentanilo, celebrada en Estados Unidos, Cole colocó la supuesta conexión entre narcotráfico y autoridades mexicanas como la «prioridad número uno» de la agencia. No identificó funcionarios, dependencias ni casos concretos. La generalización provocó una respuesta conjunta de Seguridad, Defensa, Marina, FGR y Guardia Nacional.
La disputa de fondo
El gabinete mexicano sostuvo que la imputación “carece de sustento” y contrapuso resultados acumulados hasta el 30 de junio de 2026: 59 mil 582 detenidos, 31 mil 366 armas aseguradas, 498 toneladas de droga decomisadas, 2 mil 363 kilos de fentanilo, más de 5 millones de pastillas y 2 mil 627 laboratorios y áreas de concentración inhabilitados.
La respuesta tiene peso operativo, pero no resuelve por sí sola la discusión. Detener sicarios, confiscar cargamentos y destruir cocinas prueba actividad del Estado; no descarta que existan policías, alcaldes, mandos o redes políticas infiltradas. El propio Gobierno informó la captura de más de 80 servidores y ex servidores públicos, incluidos siete alcaldes en funciones, dentro de la operación Enjambre y otros despliegues.
Ahí está la parte incómoda: México puede desmontar la acusación indiscriminada de Cole sin negar un problema documentado de penetración criminal en gobiernos locales. Una cosa es investigar funcionarios concretos; otra, convertir a todo el Estado mexicano en socio del narcotráfico. La primera exige expedientes. La segunda sirve como consigna política.
Disputa bilateral por seguridad
Acusación sin expediente
La DEA afirmó que existe una «mortífera conexión» entre los cárteles y el Gobierno mexicano, pero no acompañó su señalamiento con casos, nombres o pruebas públicas.
La afirmación«Las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano son una misma cosa».
- Habló de una «mortífera conexión» con los cárteles.
- Equiparó a las redes criminales con el Gobierno mexicano.
- Colocó ese supuesto vínculo como prioridad de la agencia.
- Endureció el tono de la presión estadounidense sobre México.
- Nombres de funcionarios involucrados.
- Dependencias o niveles de gobierno señalados.
- Expedientes, investigaciones o acusaciones judiciales.
- Pruebas públicas que sostengan una imputación general.
Investigar a servidores públicos vinculados con el crimen exige casos concretos y pruebas. Equiparar a todo el Estado mexicano con los cárteles convierte una acusación penal en una declaración política.
Un mensaje con destinatario
Cole no improvisó. La frase encaja en una ofensiva estadounidense que ha elevado a los cárteles mexicanos al rango de amenaza central, ha ampliado la presión financiera y ha colocado la seguridad fronteriza dentro de la agenda de seguridad nacional. Bajo esa lógica, presentar al Gobierno mexicano como parte del enemigo abre espacio político para exigir mayor acceso a inteligencia, operaciones, objetivos y decisiones soberanas.
Por eso la declaración importa incluso sin pruebas públicas. No describe solamente una investigación: prepara una justificación. Si Washington sostiene que las autoridades mexicanas son indistinguibles de los cárteles, la cooperación deja de plantearse entre socios y comienza a formularse como intervención frente a un Estado presuntamente capturado.
México respondió sin romper los puentes. Reivindicó la coordinación bilateral y ofreció mantenerla bajo cuatro condiciones: soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación. Es una salida sensata, pero requiere algo más que comunicados: resultados verificables, procesos judiciales sólidos y explicación pública de los casos donde funcionarios hayan protegido estructuras criminales.
Las cifras no bastan
Los números oficiales muestran una presión considerable contra organizaciones delictivas. También revelan la dimensión del mercado: cientos de toneladas de droga, miles de armas y decenas de miles de detenidos en menos de dos años. Ese volumen habla de redes con capacidad de reclutamiento, corrupción, transporte y lavado.
La medición real no puede limitarse al tonelaje decomisado. Debe incluir reducción de homicidios, extorsiones y desapariciones; sentencias obtenidas; dinero recuperado; redes financieras desmanteladas; policías depuradas, y territorios donde el Estado recupere control. De lo contrario, la estadística corre el riesgo de contar golpes sin explicar si la violencia disminuye.
También Estados Unidos tiene cuentas pendientes. El fentanilo se sostiene por una demanda interna masiva, cadenas de distribución dentro de su territorio, lavado de dinero y un flujo de armas que fortalece a los grupos mexicanos. La responsabilidad compartida no puede consistir en que México ponga muertos y capturas mientras Washington conserva intacta la parte doméstica del negocio.
Pruebas o propaganda
La respuesta mexicana fue correcta al exigir sustento y no aceptar una imputación contra todo el Gobierno. Pero su mejor defensa no será negar cada señalamiento desde Palacio, sino investigar antes que la DEA, judicializar a funcionarios coludidos y transparentar los resultados.
Cole elevó el tono, pero dejó vacío el expediente público. México exhibió cifras, aunque todavía debe demostrar que los golpes modifican la vida cotidiana y alcanzan las redes políticas y financieras. Entre una acusación sin pruebas y una defensa apoyada sólo en decomisos queda el terreno donde se juega la credibilidad: investigaciones con nombre, procesos ante jueces y consecuencias visibles.
La diferencia será si la cooperación ocurre bajo reglas acordadas o bajo una narrativa construida para presentar a México no como socio, sino como objetivo.
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