Héctor I. Tapia
El proceso interno de Morena para definir candidatos a 17 gubernaturas en 2027 no es lo que parece en la superficie. La narrativa oficial habla de encuestas, piso parejo y democracia interna. La realidad que asomó desde los primeros días de registro cuenta otra historia: varios gobernadores morenistas están intentando colocar a sus delfines en las candidaturas, y la presidenta Claudia Sheinbaum ya decidió que eso no ocurrirá.
Líderes del propio partido reconocen que los focos internos están en rojo en al menos 15 estados. Y debajo de los discursos de unidad opera una lógica que un académico resume sin rodeos: los grupos pelean porque calculan que con la marca Morena cualquier candidato gana. Ese cálculo es el motor de todo lo que viene.
Hay una ironía que resume el problema mejor que cualquier análisis. El 4 de mayo de 2025, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, reprendió a los consejeros de las 32 entidades por la división interna. Les exigió lavar los «trapos sucios» en casa. «Lo que no se vale en Morena es pretender crecer en detrimento de un mismo compañero», les advirtió. Les pidió frenar su disputa.
Catorce meses después, el gobernador de Sonora —ese mismo Alfonso Durazo— llegó al World Trade Center con pelotón. De los seis aspirantes que se registraron en su estado, cuatro pertenecen o pertenecieron a su gabinete. La secretaria de Agricultura, Célida López, agradeció al mandatario «la oportunidad de participar y de crecer en su Gabinete» durante cinco años. El secretario de Educación con licencia, Froylán Gámez, prometió «defender el legado». El alcalde de Cajeme con licencia, Javier Lamarque, se presentó como continuador de los avances del gobernador. Incluso la senadora Lorenia Valles —quien desmintió que Durazo tenga candidato favorito— lleva el sello de la administración estatal.
El hombre que predicó la unidad llegó con el ejemplo opuesto. El mensaje entre líneas era claro: el gobernador de Sonora no vino a observar el proceso. Vino a ganar la sucesión.
El patrón: de Quintana Roo a Guerrero
Sonora no es un caso aislado. Es el más visible de un patrón que se repite en varios de los estados donde Morena ya gobierna.
En Quintana Roo, el senador con licencia Eugenio Vázquez y la alcaldesa con licencia de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, son señalados abiertamente como «ahijados políticos» de la gobernadora Mara Lezama. Ambos movilizaron simpatizantes desde alcaldías de la Ciudad de México: esa estructura no se consigue sin un paraguas político que la financie y la organice.
En San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo intentó el movimiento más directo: colocar a su propia esposa, la senadora Ruth González, como candidata. La regla de antinepotismo lo bloqueó. El coordinador del PVEM, Arturo Escobar, admitió que seguirán esperando una ventana para reabrir el acuerdo antes del plazo legal de mediados de enero.
En Guerrero, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio —padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda— intentó colarse al proceso con un argumento semántico: el cargo de coordinador es «honorífico», dijo, así que la regla de nepotismo no aplica. La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, cerró esa puerta de inmediato.
En Tlaxcala, el diputado federal con licencia Raymundo Vázquez Conchas acusó ante la tribuna de San Lázaro una «operación de Estado» orquestada por la gobernadora Lorena Cuéllar para favorecer al alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García —hijo de un exgobernador priista—, que incluiría presión a empleados para respaldar su candidatura. En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla impulsa a su exsecretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, ahora convertido en fiscal del estado. El mapa es consistente: donde hay un gobernador morenista, hay un delfín en la carrera.
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Por qué los gobernadores se atreven: el cálculo de la marca
El politólogo Luis Eduardo Medina, de la Universidad Autónoma Metropolitana, ofrece la explicación estructural que ningún actor interno admite en público: Morena no ha logrado institucionalizarse como partido. Al ser «la marca ganadora», los liderazgos locales calculan que el candidato que obtenga la candidatura, quien sea, ganará la elección. Eso hace que la disputa interna valga la pena a cualquier costo.
«¿Cuál es el problema real de Morena actualmente? El proceso de institucionalización en el cual no los cohesiona ya la figura del expresidente López Obrador. Todos los liderazgos a nivel nacional y subnacional están disputando espacios de poder porque consideran que la marca Morena va a ganar casi cualquier elección», explicó el académico en un reciente análisis nacional.
La consecuencia directa es la que se vio en el World Trade Center: si ganar la interna equivale a ganar la gubernatura, los gobernadores tienen todos los incentivos para mover sus piezas desde ahora, con recursos de gobierno, con estructura territorial, con «ahijados» y con delfines. El riesgo no es perder la candidatura. El riesgo es que la marca guinda caiga con un candidato que no controlan.
La respuesta de Sheinbaum: tres instrumentos, una operadora
Lo que está ocurriendo en Palacio Nacional no es reacción. Es estrategia anticipada. Desde enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a su círculo más cercano y dejó en claro que tomaría directamente las riendas del proceso electoral. El poder no se delega. No habrá vacíos. La gobernabilidad del resto del sexenio depende de mantener mayorías sólidas y de no perder el control de los gobiernos estatales frente a figuras que le deben lealtad a sus gobernadores, no a Palacio.
El primer instrumento fue la designación de Citlalli Hernández al frente de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas. «Citlalli no salió para buscar una gubernatura; salió para convertirse en la operadora electoral del 2027. Y eso, en un partido como Morena, puede ser incluso más poderoso que una candidatura», analizó el politólogo Caleb Ordóñez.
Su presencia en esa posición no es decorativa: es la voz de Sheinbaum en cada negociación de candidatura y en cada encuesta que se aplique. La remoción de Luisa María Alcalde de la dirigencia —acusada, entre otras cosas, de no haber frenado la intromisión de gobernadores en sus sucesiones— fue la señal de que el modelo anterior ya no funciona.
El segundo instrumento es la regla de antinepotismo, aplicada sin excepciones. Citlalli Hernández ya la activó contra Félix Salgado. «No hay paso a otra interpretación», dijo. «Nosotros vamos a cuidar nuestro proceso y vamos a respetar nuestras reglas».
El tercero —el más silencioso y quizás el más eficaz— lo reportó el columnista Mario Maldonado: Sheinbaum ya acordó con Ariadna Montiel y con Citlalli que 10 de las 17 candidaturas recaigan en mujeres. Si ese criterio se mantiene, varios gobernadores varones que apostaron por perfiles masculinos de sus gabinetes verán sus planes bloqueados sin necesidad de una confrontación abierta. La paridad como instrumento de control presidencial.
Sheinbaum lo dejó además en términos explícitos desde la mañanera: «No estoy de acuerdo en que se diga: donde gobernó un hombre ahora debe ir una mujer, si el objetivo es justificar una candidatura previamente decidida».
Lo que el análisis político documentaba como acuerdo interno tiene además respaldo institucional. El INE ya tiene regulado que los partidos deberán postular exactamente nueve mujeres y ocho hombres en las 17 gubernaturas, y que las candidaturas femeninas deben ubicarse en los estados donde el partido obtuvo mejores resultados en la elección anterior, no en los de menor votación. No es un criterio discrecional de Palacio: es una obligación electoral.
Pero Sheinbaum añadió este sábado 27 de junio una advertencia que apunta directo al patrón documentado en este análisis: hay gobernadores que usan el criterio de género porque ya tienen a alguien seleccionado de antemano. En sus palabras: «No hay que limitar, hay que garantizar la equidad de género, pero no abusar para orientar quién puede ser candidato y quién no».
✓ Bloqueó a Ruth González (SLP) y Félix Salgado (Gro.)
El criterio tiene además respaldo institucional: el INE ya reguló que los partidos deberán postular exactamente 9 mujeres y 8 hombres en las 17 gubernaturas, y que las candidaturas femeninas deben ir en los estados con mejores resultados anteriores, no en los de menor votación.
Pero Sheinbaum lanzó este sábado una advertencia directa: hay gobernadores que usan el criterio de género “porque ya hay alguien seleccionado de antemano”. “No hay que limitar, hay que garantizar la equidad de género, pero no abusar para orientar quién puede ser candidato y quién no”, dijo.
En aplicación — resultados en encuesta
La remoción de Luisa María Alcalde —acusada de no frenar la intromisión de gobernadores en sus sucesiones— fue la señal de que el modelo anterior ya no funciona.
Activo — opera todas las negociaciones
Activo — decisión tomada desde enero 2026
Célida López lo agradeció públicamente: “Reconozco el trabajo de nuestro Gobernador Alfonso Durazo, que nos dio a todos la oportunidad de participar y de crecer en su Gabinete.”
Pendiente — va a encuesta
Pendiente — va a encuesta
El coordinador de la bancada morenista Ricardo Monreal elevó la advertencia: si el PVEM insiste en postular a González, Morena y el PT podrían ir solos en SLP. “El riesgo es que se cuele un partido que no sea ni PT, ni Verde, ni Morena”, dijo. En ese escenario, la oposición podría ganar una entidad que hoy gobierna la coalición. Es la primera voz interna que pone el escenario de derrota sobre la mesa.
✗ Bloqueado — pero coalición en riesgo de ruptura
✓ Resuelto: no se registró — la regla funcionó
El antecedente que los gobernadores conocen y prefieren ignorar
Los gobernadores de Morena saben lo que les pasó a sus antecesores. En Baja California, Jaime Bonilla apostó por dos alcaldes de su confianza. Las encuestas los derrotaron y ganó Marina del Pilar Ávila, quien después investigó a su antecesor. En Chiapas, Rutilio Escandón movió ficha por la alcaldesa de Tapachula. Las encuestas eligieron al «Jaguar Negro», Eduardo Ramírez. En Morelos, Cuauhtémoc Blanco jugó dos cartas. Ninguna ganó. En Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes impulsó a su secretario de Gobierno. La candidatura fue para Alejandro Armenta.
El patrón se repite: cuando las encuestas se aplican sin intervención, los delfines pierden. La apuesta de los gobernadores actuales es que esta vez será diferente, que su candidato llegará con más reconocimiento, más estructura, más ventaja acumulada. La apuesta de Sheinbaum es que los instrumentos que controla —las reglas, la encuesta, la paridad, la operadora en el partido— sean suficientes para impedirlo.
Lo que está en juego
Para Sheinbaum, el 2027 es el primer gran referéndum político de su gobierno. De esos resultados dependerá su fortaleza frente al Congreso, los gobernadores y los grupos internos de Morena durante la segunda mitad del sexenio.
El partido necesita conservar 12 gubernaturas de las 17 en disputa y tiene oportunidad real en estados de oposición: Chihuahua, Nuevo León y eventualmente Querétaro. Pero la intención de voto de Morena como partido ronda el 40 por ciento, muy por debajo de la aprobación presidencial que supera el 70. Ese diferencial obliga a elegir candidatos competitivos ante el electorado, no candidatos competitivos ante su gobernador.
Ahí está la tensión que no aparece en ningún discurso de unidad: los gobernadores quieren continuidad de sus proyectos y control de los recursos del siguiente gobierno estatal. La presidenta necesita candidatos que ganen y que le sean leales a ella, no a quien los impulsó. Cuando esos objetivos coincidan, habrá paz. Cuando diverjan, los instrumentos están sobre la mesa.
La advertencia más clara sobre lo que viene no llegó desde la oposición. Llegó desde adentro. El coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, fue el primero en poner en palabras el escenario de derrota: si el PVEM insiste en postular a la senadora Ruth González —esposa del gobernador Ricardo Gallardo— pese a la regla de antinepotismo, Morena y el PT podrían ir solos en San Luis Potosí.
Y en ese escenario, dijo sin rodeos, “el riesgo es que se cuele un partido que no sea ni PT, ni Verde, ni Morena” y la oposición gane una entidad que hoy gobierna la coalición oficialista. Monreal fue más lejos: calificó de “desafío a la unidad” insistir en una candidatura sin cumplir los requisitos, y advirtió que el costo político de la indisciplina sería “irreparable”. Es la primera vez que un líder del bloque legislativo morenista pone el escenario de derrota sobre la mesa, no como hipótesis académica sino como advertencia operativa hacia sus propios compañeros.
Los registros del World Trade Center fueron solo el primer round. La encuesta vendrá después. Y la decisión final, todo indica, pasará por Palacio Nacional.
Al término del proceso de cinco días, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena registró 277 aspirantes a las 17 gubernaturas, 123 de manera presencial y 154 en línea. De ese total, 113 son militantes de Morena; el resto se divide entre el PT y el PVEM. La presidenta de la comisión, Citlalli Hernández, advirtió que los expedientes serán revisados en los próximos días y que la violación grave a los lineamientos del proceso será causa de pérdida del registro.
El primer resultado concreto ya llegó antes del cierre del plazo: Félix Salgado Macedonio no se registró. La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, lo confirmó en conferencia de prensa este sábado. La regla funcionó.
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