‘No me olviden’: el ocaso de Ruffo, entre el mito de 1989 y los 4 mil millones del huachicol fiscal

CDMX.— Ernesto Ruffo Appel, el hombre que en 1989 le arrebató al PRI su primera gubernatura, volvió a hacer historia este jueves 16 de julio, aunque por razones que ninguno de sus biógrafos hubiera querido escribir. Poco después de las 14:00 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron en Ensenada a Ricardo Thompson Navarro, socio suyo en la empresa Ingemar. Horas más tarde, la tarde caía sobre la misma ciudad donde Ruffo comenzó su carrera política como alcalde, cuando la orden de aprehensión que pesaba sobre él —desde julio de 2025, cuando su nombre empezó a circular en los señalamientos— finalmente se cumplió.

Lo subieron a un vehículo oficial rumbo a la Ciudad de México, bajo custodia de la Fiscalía General de la República. Antes de partir, con sus empleados acercándose a despedirlo, el ex Gobernador panista dijo dos palabras que resumen mejor que cualquier acta ministerial el tamaño de su caída: “No me olviden”.

No hacía falta pedirlo. Esa misma noche, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, apareció en un video difundido a los medios para anunciar —sin margen para la duda ni la metáfora— que su institución acababa de desarticular “a más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”, en el país. Y en el centro de esa red, dijo, estaba uno de sus líderes: el ex gobernador de Baja California.

El hecho: una red construida con papel, no con pipas

El huachicol que todos imaginan es el de la toma clandestina en un ducto de Pemex, el de las mangueras en la madrugada, el de los pueblos donde el combustible se vende de cubeta en cubeta. El que describió Godoy Ramos es otro animal, más silencioso y más caro: un fraude de escritorio, de aduana y de banco, sostenido —dijo la Fiscal— en “estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas”.

La mecánica, según la reconstrucción de la FEMDO, era casi elegante en su simpleza. Combustible comprado en refinerías de Texas cruzaba la frontera por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. Ahí, en el papeleo, ocurría el truco: se declaraba una fracción mínima de lo que realmente transportaba cada carro-tanque. “La red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro tanque de ferrocarril”, explicó Godoy, lo que en términos prácticos significa que si el documento decía 10 mil litros, el tanque traía 110 mil.

Ya en territorio mexicano, sin las revisiones aduaneras que debieron detenerlo, el combustible se descargaba en pipas y tractocamiones de siete empresas distintas, para terminar distribuido en Coahuila, Durango y Zacatecas. Entre enero y julio de 2025, la organización realizó, de acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México, 4 mil 238 operaciones de importación bajo ese esquema.

Detrás de esas cifras hay un dato que la propia Fiscal subrayó como el origen documental de todo el expediente: la operación corría a través de una empresa dedicada, en el papel, a servicios portuarios, dragados y operación de puertos. Una empresa fundada, dijo Godoy, por Ernesto N., ex gobernador de Baja California. El eufemismo jurídico —la ene en lugar del apellido— no engañó a nadie. Todo el país sabía de quién hablaba la Fiscal General.

El operativo no se quedó en el papeleo aduanero ni en el rastreo bancario. Tuvo también su capítulo físico: las autoridades desarticularon uno de los principales centros de operación de la red y localizaron decenas de carros-tanque ferroviarios repartidos en tres puntos del país —Saltillo, Coahuila; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y San Luis Potosí—, evidencia material que respalda la reconstrucción documental del esquema. En una medición inicial y parcial, ligada a esa fase del operativo, la Fiscalía estimó una afectación económica de 32 millones 808 mil pesos, cifra distinta —y muy inferior— al daño fiscal total superior a los 4 mil millones de pesos que arroja el conjunto de la investigación.

El dinero: cuentas que respiran una sola vez

Si el contrabando de combustible fue la maquinaria, el sistema financiero fue la sangre que la mantuvo viva. Y aquí es donde el expediente deja de sonar a huachicol de rancho para sonar a ingeniería financiera transnacional.

La FGR rastreó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos, dispersados en cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias que superaron los mil 386 millones de dólares. El patrón, describió Godoy, era siempre el mismo: “Los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos. Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación de orígenes de recursos y beneficiarios finales”.

Son cuentas que no acumulan, no descansan, no dejan rastro más que el instante en que el dinero las atraviesa. Y parte de ese dinero, de acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, no se quedó en México: fue canalizado hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales, un dato que traslada el caso Ruffo del terreno de la evasión fiscal doméstica al de la fuga de capitales.

Con 25 órdenes de aprehensión giradas —de las cuales cuatro ya se cumplieron, la de Ruffo entre ellas— y una investigación que abarcó labores de inteligencia en nueve entidades del país, la Fiscalía dejó claro que este no es un expediente cerrado. Es, dijo Godoy, el resultado de “datos de prueba contundentes, dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis científico de la información”. La pregunta que persigue al segundo lote de este reportaje ya no es qué hizo la red, sino quién es, en realidad, el hombre que la encabezaba.

El personaje: el pacto que fundó una leyenda

Hay una versión de la historia de Ernesto Ruffo Appel que se ha repetido tantas veces que ya suena a mármol: el empresario ensenadense que en 1989 le arrebató al PRI su primera gubernatura, el hombre que abrió la puerta a la alternancia democrática en México. Esa versión es cierta. Pero es incompleta.

Ruffo no llegó al poder solo. Llegó como pieza de un tablero mayor: el pacto de legitimación que, para dar viso democrático al gobierno recién estrenado de Carlos Salinas de Gortari, negociaron por el lado panista Diego Fernández de Cevallos y el chihuahuense Luis H. Álvarez. Baja California fue la primera ficha que cayó de ese arreglo. No fue la única: en Guanajuato, el priísta electo Ramón Aguirre —del equipo de Miguel de la Madrid— fue presionado para no tomar posesión, abriendo paso al panista Carlos Medina Plascencia; en Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas alcanzó la gubernatura en un segundo intento, luego de que su primera candidatura naufragara entre señalamientos de fraude contra el priísta Fernando Baeza.

Hay, además, una coincidencia cronológica que rara vez se cuenta junto a la gesta de 1989: Ruffo tomó posesión como gobernador apenas un mes después de la muerte de Manuel "Maquío" Clouthier, el candidato panista más beligerante contra Salinas, en un accidente carretero que hasta hoy conserva el adjetivo de "presunto" en buena parte de la memoria política del PAN. El hombre que pudo haber sido la voz más incómoda contra el salinismo ya no estaba; el hombre que sí llegó al poder fue, en cambio, el producto de una negociación cupular.

Esa distinción —entre el mito del triunfo limpio y la realidad del pacto pragmático— no es un matiz menor. Marcó, de hecho, el rumbo de todo el partido: los acuerdos entre Salinas y Acción Nacional significaron el fin de la etapa doctrinal panista y la llegada al mando de un ala empresarial y pragmática que la política mexicana bautizó, sin demasiada ternura, como "los bárbaros del norte". Ruffo Appel fue uno de sus rostros fundadores.

Casi treinta años después de aquel abrazo con Salinas en el que reconoció el arranque de una “democracia” en transición, Ruffo rompió con el partido que lo hizo gobernador. En octubre de 2018 renunció a la Comisión de Transparencia y Reingeniería del Padrón de Militantes del PAN, acusando que la dirigencia había sido “tomada por intereses de grupo que han convertido en botín para beneficio de unos cuantos”, primero contra el entonces presidente nacional Marcelo Torres Cofiño, después contra su sucesor, Marko Cortés. No renunció formalmente a la militancia.

Simplemente se fue alejando, hasta reaparecer, en 2025, como integrante del consejo consultivo de un partido de nuevo registro: Somos México, que dirige el ex perredista y ex “Chucho” Guadalupe Acosta Naranjo.

El PAN, mientras tanto, sigue presumiendo en sus anales a Ruffo como ejemplo de las primeras victorias democráticas de la oposición. La ironía es evidente: el partido conserva su mito fundacional aun cuando el hombre que lo protagonizó ya milita, en los hechos, en otra trinchera.

La empresa: de dragar puertos a importar diésel

Ingemar S.A. de C.V. nació en octubre de 2018 con un capital social de apenas 50 mil pesos, dedicada —al menos en el papel— a servicios portuarios, dragados y operación de puertos. En poco tiempo cambió de razón social y entró de lleno al negocio de los combustibles, un giro que, visto en retrospectiva, marca el momento exacto en que la historia de la empresa empieza a cruzarse con la del expediente que hoy tiene a Ruffo detenido.

Durante años, Ingemar operó no en la sombra, sino con permisos oficiales: bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y durante la gestión de Miguel Ángel Maciel al frente de la Secretaría de Energía, la empresa obtuvo autorizaciones para importar cerca de 500 millones de litros de gasolina y diésel. Esos permisos, avalados por la Dirección de Petrolíferos de la Subsecretaría de Hidrocarburos, estuvieron vigentes hasta 2024.

El expediente, sin embargo, no comenzó con la Fiscalía. Comenzó con una ruptura entre socios. En julio de 2025, el empresario ensenadense Ricardo Thompson —hoy también detenido— acusó públicamente a Ruffo de haberlo despojado de su parte de la compañía mediante asambleas que calificó de “amañadas”, quedándose él y José Merino Valdés Cuervo con el control total del negocio. Thompson se deslindó entonces de lo que llamó negocios “turbios”.

Dos meses más tarde, en septiembre de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se convirtió en la primera autoridad en señalar públicamente a Ruffo, identificándolo como socio con el 49 por ciento de las acciones de Ingemar —la misma proporción que, dijo, correspondía a Merino Valdés—. La empresa, reveló entonces el funcionario, era investigada por falsificar documentos para importar gasolina y diésel disfrazados de aditivos. La indagatoria, precisó, ya llevaba seis meses en ese momento, lo que sitúa su arranque formal alrededor de marzo de 2025, mucho antes de que estallara cualquier escándalo político en Baja California.

Ruffo respondió entonces con la misma firmeza que usaría meses después, ya como detenido: dijo estar a disposición de las autoridades, aseguró que ni él ni Merino Valdés habían sido requeridos formalmente, calificó las versiones periodísticas de “puro periodicazo” y devolvió el señalamiento hacia un tercero: pidió que se investigara a Crismón Hidrocarburos y Derivados, la empresa que —según su versión— operaba las maniobras y comercializaba el producto en el mercado.

El 8 de julio de 2025, la sospecha se volvió decomiso: 15 millones de litros de hidrocarburo y 129 carrotanques asegurados en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, el mayor golpe contra el huachicol ferroviario documentado hasta entonces. Ese operativo terminó de vincular a Ingemar con otra firma, Belar Fuels, y sentó las bases de lo que, un año después, la FGR describiría como la red de contrabando de combustible más grande jamás detectada en el país.

La política: el debido proceso como campo de batalla

La noche del jueves, mientras Ruffo era trasladado a la Ciudad de México, el PAN emitió un boletín cuidadosamente medido. Invocó la presunción de inocencia, exigió apego a la ley y remató con una frase que buscaba sonar a principio y no a defensa: “Nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano”. Ese tono institucional no duró ni 24 horas.

Al día siguiente, Jorge Romero, presidente nacional del PAN —el partido en el que Ruffo militó gran parte de su vida y al que convirtió en la primera fuerza opositora en gobernar un estado—, abandonó la cautela del comunicado y habló sin matices en un video: “No nos crean tan tontos. Sabemos perfectamente que esto es algo orquestado por el gobierno de la 4T como un distractor para que dejemos de hablar de las acusaciones delicadísimas que están sucediendo justamente en el estado de Baja California”.

La acusación de fondo —que la detención busca tapar el escándalo de los audios de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila— dejó de ser insinuación y se volvió señalamiento directo. Y no vino solo del PAN.

Somos México, el partido de reciente registro que integró a Ruffo en su consejo consultivo, fue más lejos: exigió la liberación “inmediata e incondicional” del ex gobernador y calificó su detención como “un atropello inaudito”. En su comunicado, la organización que dirige el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo fue explícita: la acusación de huachicol fiscal es, dijo, “una cortina de humo que pretende distraer la atención pública del escándalo en Baja California por los audios en que la gobernadora Marina del Pilar reconoce negociaciones con agentes de Estados Unidos al margen de la ley”.

Dos partidos, un mismo reclamo, una misma exigencia de fondo: que la Fiscalía demuestre que persigue delitos y no calendarios políticos.

¿Distractor o coincidencia? Lo que dicen los tiempos

Hay un problema con la tesis del distractor, y es cronológico: el propio expediente contradice, al menos en parte, la hipótesis de la cortina de humo. La primera autoridad en señalar públicamente a Ruffo no fue la Fiscalía en julio de 2026, en medio del escándalo de los audios de Marina del Pilar. Fue el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en septiembre de 2025 —diez meses antes—, cuando reveló que la indagatoria contra Ingemar ya llevaba seis meses en curso. El origen judicial del caso, entonces, se remonta a marzo de 2025, mucho antes de que estallara cualquier crisis política en Baja California.

Lo que sí resulta legítimo preguntar —y aquí el análisis debe separarse del origen del caso para observar su desenlace— es por qué la detención, con una investigación de más de un año de antigüedad, se ejecutó precisamente en este momento, y no antes ni después. Esa pregunta no invalida el expediente; lo acompaña.

Y hay, además, un espejo incómodo que ni el PAN ni Somos México necesitaron inventar: en marzo de 2025, el ex senador morenista Gerardo Novelo Osuna —suplente de Jaime Bonilla en el Senado— fue señalado por autoridades federales luego de que, en un predio de su propiedad en El Sauzal, la misma demarcación de Ensenada donde Ruffo fue detenido, se hallaran tomas clandestinas de Pemex y se decomisaran 180 contenedores de combustible, además de bombas móviles y herramientas para el trasiego.

Novelo se deslindó públicamente, alegando que había rentado el terreno a un tercero. Quince meses después, no hay detención en su caso. Ruffo, con un señalamiento de fecha comparable, ya está a disposición de un juez federal. No hace falta más comentario que exhibir esa comparación: dos señalamientos de huachicol, en el mismo municipio, con la misma antigüedad aproximada, y desenlaces judiciales completamente distintos.

El pacto que no se cuenta en los homenajes

Hay todavía una capa más honda que la coyuntura de 2026, y tiene que ver con lo que realmente significa, históricamente, el mito fundacional que el PAN sigue invocando cada vez que necesita defender a Ruffo. Su llegada al poder en 1989 no fue solo la primera victoria limpia de la oposición contra el PRI: fue también la primera ficha de un pacto de legitimación negociado entre el salinismo y la cúpula panista de Diego Fernández de Cevallos y Luis H. Álvarez, que un mes después replicaría cesiones similares en Guanajuato y Chihuahua. Esos acuerdos marcaron el fin de la etapa doctrinal del PAN y la llegada al mando de un ala pragmática y empresarial —los llamados “bárbaros del norte”— de la que Ruffo fue uno de los rostros más visibles.

Ese origen no resta legitimidad al triunfo de 1989. Pero sí explica algo del personaje que hoy pide, entre empleados y cámaras, que no lo olviden: Ruffo nunca fue solo el símbolo espontáneo de una democracia naciente. Fue, desde el principio, un hombre que supo moverse en los pactos del poder —los que le dieron una gubernatura en 1989, y los que, treinta y siete años después, todavía negocian en su nombre si merece la libertad o la cárcel.

“No me olviden”, dijo Ruffo antes de subir al vehículo que lo llevaría a la Ciudad de México. La frase, pensada quizás como un gesto de despedida a sus empleados, terminó por convertirse en la clave involuntaria de todo el expediente.

Porque la pregunta que queda, no es si México olvidará a Ernesto Ruffo Appel —difícilmente lo hará—, sino cuál versión suya decidirá recordar. Está el Ruffo de noviembre de 1989, el que tomó protesta ante Salinas de Gortari y habló de un país donde “un pasado no acaba de morir y el futuro no termina de nacer”. Y está el Ruffo de julio de 2026, socio al 49 por ciento de una empresa señalada de mover más de tres mil millones de pesos en cuentas que respiraban una sola vez.

Ninguna de las dos versiones cancela a la otra. Ese, precisamente, es el problema —y la historia— que este caso deja sobre la mesa.