Montan ‘circo miamense’ contra Raúl Castro a días de votar el bloqueo: Díaz-Canel

LA HABANA.— La fiscalía del estado de Florida presentó cargos por asesinato y conspiración contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, y pidió una orden de detención sin fianza contra el ex mandatario cubano. El fiscal James Uthmeier sostuvo que Castro “ordenó el asesinato de cuatro floridanos a sangre fría” y que el estado no dejará de buscar justicia. La acusación es independiente de la que el Departamento de Justicia presentó el 20 de mayo.

Los hechos se remontan al 24 de febrero de 1996, cuando dos cazas cubanos derribaron dos aeronaves de la organización antecastrista. Murieron tres estadunidenses y un residente legal de Florida. Una tercera avioneta, en la que viajaba su líder, José Basulto, logró escapar. Castro era entonces ministro de Defensa. Persiste desde entonces la disputa sobre si las naves estaban en espacio aéreo cubano o internacional. El episodio fue además el telón de fondo de la ley Helms-Burton, que endureció el embargo ese mismo año.

Lo relevante no es la novedad del expediente, sino el momento y la acumulación de frentes. El presidente Miguel Díaz-Canel lo calificó como “un patético circo miamense con trasfondo electoral”, y la coincidencia con el calendario estadunidense, a unas dos semanas de los comicios intermedios, alimenta esa lectura. Florida concentra el voto del exilio cubano, y un cargo de homicidio contra el último de los hermanos Castro rinde políticamente a cualquier candidato que lo exhiba.

Hay además una distancia entre el gesto y su eficacia. Una orden de arresto estatal contra un ex gobernante de 95 años que reside en la isla, sin tratado de extradición ni cooperación judicial posible, tiene un alcance más simbólico que práctico. En mayo, varios legisladores conservadores llegaron a pedir una acción militar para secuestrar a Castro, lo que indica hacia dónde empuja el debate en una parte del Congreso. La vía judicial funciona así como antesala narrativa de otras opciones.

La ONU como escenario: el panel “Cuba libre”

En la sede de la ONU, en Nueva York, el embajador estadunidense Mike Waltz organizó un panel titulado Cuba libre, con disidentes y ex prisioneros, en la antesala de la votación anual sobre la resolución que insta a terminar con el bloqueo. El representante permanente de Cuba, Ernesto Soberón Guzmán, denunció una reunión excluyente que, a su juicio, buscó “la manipulación y la propaganda política” y no el diálogo.

Soberón cuestionó la credibilidad de los panelistas, a varios de los cuales atribuyó antecedentes delictivos y vínculos con organizaciones que han promovido acciones violentas contra la isla. La delegación cubana expuso además las consecuencias humanitarias del bloqueo y el recrudecimiento del cerco energético. Hubo gritos hacia Waltz cuando abandonaba el acto, y el propio embajador tuvo un lapsus al hablar de “los bloqueos, disculpen, los apagones” que Cuba sufre desde hace años.

El lapsus resume la disputa de fondo: si la crisis energética cubana es resultado de la gestión interna o del cerco externo. Díaz-Canel acusó a Washington de violar normas y la agenda de la Asamblea General, y el canciller Bruno Rodríguez habló de un “espectáculo mendaz” sin respaldo en resoluciones ni en los principios de la Carta. Ambos mensajes buscan el mismo efecto: presentar a Estados Unidos como el actor que desborda las reglas del organismo que alberga.

Las autoridades cubanas difundieron también nuevos detalles sobre el intento de infiltración armada del 25 de febrero en aguas de Villa Clara. Según las declaraciones de los imputados, la principal organizadora sería Maritza Lugo Fernández, cubana residente en Estados Unidos y cabecilla de un autodenominado movimiento opositor. Es la versión oficial de La Habana, aún sin verificación independiente, pero llega el mismo día que los cargos de Miami y refuerza el relato de una agresión que se origina en territorio estadunidense.

Qué revela el episodio sobre el equilibrio de poder

Visto en conjunto, el cuadro muestra a una potencia que recurre cada vez más a jurisdicciones propias (tribunales estatales, el Departamento de Justicia, paneles paralelos) mientras el foro multilateral le devuelve, año tras año, un aislamiento notable en la votación sobre el bloqueo. El debilitamiento institucional es doble: el sistema de Naciones Unidas funciona como escenario prestado y no como árbitro, y la justicia penal se usa como instrumento de política exterior sobre hechos ocurridos hace treinta años.

Los intereses están a la vista. Los republicanos de Florida cultivan un capital electoral con el exilio. Washington sostiene la presión económica y energética sobre la isla. La Habana, golpeada por apagones y escasez, convierte cada afrenta a Castro en motivo de cohesión: “Raúl es Raúl”, dijo Díaz-Canel, y prometió que siempre habrá un pueblo dispuesto a defender la Revolución. Ambos gobiernos encuentran en la confrontación un guion útil, aunque ninguno lo reconozca.

Para América Latina, el asunto va más allá de Cuba. Buena parte de los gobiernos de la región, México entre ellos, vota cada año a favor de la resolución contra el bloqueo, y observa con inquietud que un estado de la Unión impute a un ex jefe de Estado extranjero por hechos ocurridos en el espacio aéreo de otro país. El precedente de jurisdicción extraterritorial, sumado al clima de acción militar que se escuchó en mayo, abre una discusión que no se agota en La Habana.

El riesgo hacia adelante es la acumulación. La votación de la próxima semana probablemente reafirme el rechazo mayoritario al bloqueo, pero no cambiará la política de Washington, y cada ronda parece dejar menos espacio para la salida diplomática y más para nuevos cargos, sanciones y gestos de fuerza. Treinta años después, un incidente aéreo que sirvió para endurecer el embargo vuelve a usarse para justificar su vigencia. Esa continuidad, más que el expediente judicial, es lo que merece vigilarse.