Héctor I. Tapia
La auditoría preguntaba por dinero público. El Ayuntamiento respondió hablando de la fortuna del alcalde. No fue una conversación de café en los portales ni un comentario de sobremesa sobre los hombres de dinero que gobiernan en Los Ríos. Quedó asentado en una respuesta oficial al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), que había encontrado una compra superior al límite establecido por la normatividad.
La administración de José Armín Marín Saury, presidente municipal de Emiliano Zapata por Movimiento Ciudadano, había adquirido una camioneta Volkswagen Teramont Peak Edition, modelo 2025, por un millón 135 mil 990 pesos, destinada a las actividades del DIF municipal. Cuando el fiscalizador pidió explicaciones, el gobierno sostuvo que el vehículo anterior presentaba fallas mecánicas, que Tabasco atravesaba una situación de inseguridad y que era necesario proteger a la presidenta honoraria del organismo.
Hasta ahí, una defensa administrativa sujeta a revisión. Pero el Ayuntamiento agregó una consideración que cambió el sentido de la controversia: la funcionaria honoraria era hija del alcalde y su padre tenía un elevado nivel económico. La riqueza privada del gobernante apareció, así, entre los argumentos para defender una adquisición pagada con el presupuesto municipal.
El OSFE no aceptó la explicación. Determinó que la condición económica del presidente pertenecía al ámbito particular y que la compra debía observar los principios de austeridad, economía, eficiencia y funcionalidad. El resultado fue una observación de 644 mil 622.98 pesos que permaneció sin solventar. La camioneta estaba comprada; lo que el Ayuntamiento no consiguió acreditar satisfactoriamente fue la justificación del excedente.
La compra: una Teramont para el DIF
La historia comenzó administrativamente en marzo de 2025, pocos meses después del regreso de Marín Saury a la presidencia municipal. El informe del OSFE identifica el oficio DOF/0076/2025, del 25 de marzo, emitido por Ricardo Quevedo Zurita, coordinador del DIF, y dirigido a Víctor Andrés Sánchez García, director de Administración. Después aparece el oficio DA/286/2025, fechado el 17 de abril y enviado desde Administración a José Manuel Aysa Bernat.
Es la ruta documental inicial de una compra que terminó formalizándose mediante el procedimiento de licitación simplificada menor MEZ/CAAPS/LSM/17/PAR24/2025 y el contrato de adquisición MEZ/CAD/134/2025. La orden de pago número 2743 tiene fecha del 12 de mayo de 2025. Al día siguiente se registró la póliza de egreso número 101.
El objeto adquirido no fue un vehículo utilitario genérico. El propio órgano fiscalizador lo identifica como una Volkswagen Teramont, versión Peak Edition 2.0 L TSI, modelo 2025, con un precio de 1.14 millones de pesos. El Ayuntamiento sostuvo que la unidad se requería para las actividades de la Coordinación del DIF, pero cuando llegó el momento de defender la adquisición, su argumento se concentró en el transporte de la presidenta honoraria.
La distinción importa. Una cosa es justificar un vehículo para las operaciones de un organismo de asistencia social, con sus programas, personal y desplazamientos a las comunidades. Otra es fundamentar su costo en las necesidades particulares de seguridad de quien ocupa honorariamente su presidencia. El informe documenta, en cambio, la manera en que el gobierno explicó su adquisición.
El OSFE tampoco cuestionó contablemente la totalidad del millón 135 mil pesos. Determinó que la adquisición excedía en 644 mil 622.98 pesos lo permitido conforme a las disposiciones aplicables, de donde se desprende un límite de 491 mil 367.02 pesos. Así, el precio pagado representó aproximadamente 2.31 veces ese monto de referencia y el excedente equivalió al 56.7 por ciento del costo total. No fue una diferencia marginal.
01 / El costo de la decisión
El precio y el excedente
Una Volkswagen Teramont para el DIF. El OSFE mantuvo sin solventar el importe por encima del límite señalado.
La defensa: seguridad por la riqueza del padre
El 19 de febrero de 2026, mediante el oficio CM/054/2026, la administración municipal presentó sus argumentos al OSFE. La primera parte fue jurídica: sostuvo que la disposición invocada por el fiscalizador debía interpretarse como una norma permisiva, capaz de admitir excepciones bajo determinadas causas justificadas, y no como una prohibición absoluta. El Ayuntamiento no centró su defensa en negar el precio, sino en demostrar que existían circunstancias suficientes para apartarse del límite ordinario.
Luego vino la explicación material. El municipio señaló que el vehículo anteriormente asignado a la presidenta honoraria del DIF era de años anteriores y había presentado fallas mecánicas. Añadió que las condiciones de inseguridad en Tabasco obligaban a salvaguardar su integridad física. El argumento podía abrir una discusión sobre la confiabilidad de la unidad anterior, los desplazamientos institucionales y los riesgos que enfrentaba su ocupante.
Pero la administración introdujo expresamente el parentesco y la condición económica del presidente municipal: «La Presidenta Municipal del DIF, es hija del C. José Armin Marín Saury, quien además de ser el Presidente Municipal es una persona con nivel económico alto». La cita llama «Presidenta Municipal del DIF» a quien el resto del expediente identifica como presidenta honoraria, cargo que, según el OSFE, la Ley Orgánica no contempla en esos términos. La frase aparece dentro de una explicación que vincula esa posición económica con la necesidad de proteger a la presidenta honoraria. No fue una interpretación del fiscalizador ni una acusación de un adversario político: figura en la respuesta del propio Ayuntamiento.
El documento no afirma que una persona rica no pueda viajar en un automóvil modesto; establece una relación explícita entre el nivel económico del padre y la seguridad que, según la administración, debía proporcionarse a su hija mediante un vehículo adquirido con recursos municipales.
Ahí está la contradicción: el patrimonio particular de un gobernante puede ser relevante para su seguridad personal y pueden existir riesgos específicos que ameriten medidas institucionales de protección. Pero ninguna de esas circunstancias explica automáticamente por qué debe adquirirse una camioneta de determinado precio con dinero público. ¿Qué características de una Teramont de 1.14 millones eran indispensables para proteger a la presidenta honoraria del DIF y cuáles respondían simplemente a la elección de ese modelo?
El informe recoge una argumentación sobre seguridad, pero no establece una evaluación técnica independiente de riesgos que demuestre esa necesidad específica. El Ayuntamiento pudo tener razones para reemplazar una unidad deteriorada; lo que el OSFE concluyó es que las presentadas no bastaban para solventar el exceso observado. En su intento por convencer al fiscalizador, la administración dejó asentado que el padre de la beneficiaria funcional del vehículo era un hombre económicamente poderoso.
El rechazo: la riqueza es asunto particular
La respuesta del OSFE fue terminante en el punto que el Ayuntamiento había utilizado para defender la compra. Después de revisar los documentos presentados, el organismo sostuvo que éstos no desvirtuaban la observación, pues las explicaciones se concentraban en que el transporte sería utilizado por la presidenta del DIF municipal. Subrayó que se trataba de un puesto honorífico no contemplado en la Ley Orgánica de los Municipios de Tabasco en los términos referidos por el informe.
El fiscalizador añadió la consideración que pone en perspectiva toda la controversia: la condición económica del alcalde corresponde estrictamente al ámbito particular. Con esa conclusión separó dos cuestiones que el gobierno municipal había vinculado en su defensa: el patrimonio de una familia y las obligaciones presupuestarias de una institución pública para ofrecerles comodidades a los familiares del presidente muncipal
La observación no fue solventada. El OSFE promovió una solicitud de aclaración y estableció como efecto esperado la recuperación de recursos económicos para la Hacienda Pública Municipal. Esto no significa que el alcalde haya sido condenado a devolver personalmente esa cantidad ni acredita que los recursos hayan desaparecido, que la camioneta pertenezca a su hija o que exista una sentencia por corrupción.
Significa algo concreto: el Ayuntamiento gastó 1.14 millones en el vehículo, presentó argumentos para justificar el excedente y el órgano fiscalizador consideró que eran insuficientes. El importe permanecía pendiente en el informe de la Cuenta Pública 2025, fechado en agosto de 2026. Por eso la controversia no se agota en el costo ni en las características de una camioneta; alcanza los criterios con los que una administración decide gastar dinero público.
La seguridad personal puede ser una necesidad legítima. El problema es cómo se acredita, quién la evalúa, cuánto cuesta atenderla y bajo qué disposiciones se autorizan los recursos. Si el vehículo anterior estaba deteriorado, correspondía demostrarlo; si había riesgos especiales, resultaba pertinente documentarlos; si la norma permitía excepciones, el Ayuntamiento necesitaba acreditar que satisfacía sus requisitos. La administración sostuvo que había razones. El OSFE concluyó que no eran suficientes.
02 / El argumento bajo revisión
La defensa y el rechazo
Seleccione cada argumento para contrastar qué sostuvo el Ayuntamiento y qué respondió el OSFE.
Era necesario salvaguardar la integridad de la presidenta honoraria del DIF ante la inseguridad.
La explicación sobre el uso del transporte no desvirtuó la observación y debía sujetarse a austeridad y funcionalidad.
El empresario que volvió a la alcaldía
José Armín Marín Saury no es un recién llegado a la política municipal. En Emiliano Zapata, asentado sobre la región del Usumacinta, su trayectoria mezcla actividad empresarial, ganadería y una presencia electoral que ha sobrevivido a distintas configuraciones partidistas. Conocido también como Mincho Marín, ya había gobernado el municipio entre 2013 y 2015, antes de recuperar la presidencia municipal en 2024.
Su primera victoria ocurrió en 2012, cuando fue postulado por la coalición Compromiso por Tabasco, integrada por PRI, PVEM y Nueva Alianza. Era otro escenario político: el tricolor conservaba una estructura territorial importante, mientras el Verde participaba como aliado en la disputa municipal. Años después, Marín Saury compitió por el PVEM en 2021 y perdió frente al candidato de Morena, José Bernat Rodríguez, por apenas 69 votos: 8 mil 61 contra 7 mil 992.
Aquella derrota mostró que, aun fuera del Ayuntamiento, mantenía una base electoral considerable. En 2024 encontró una nueva plataforma en Movimiento Ciudadano y ganó nuevamente la presidencia municipal, ahora para el periodo 2024-2027. El cambio de siglas no borró su experiencia anterior: el político que había llegado al gobierno mediante una coalición priista regresaba bajo la bandera de una organización que buscaba presentarse como alternativa a las fuerzas tradicionales.
Su actividad privada también ayuda a entender por qué el argumento económico del Ayuntamiento tiene una dimensión biográfica. La ficha electoral publicada por Saber Votar lo vincula desde finales de los noventa con Grupo Consorcio Marín, S. A. de C. V. Por otra parte, el directorio de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú lo registra entre sus socios, relacionado con la explotación ganadera Los Cascabeles, en Emiliano Zapata.
Su condición de empresario y productor pecuario cuenta, por tanto, con antecedentes públicos identificables. Lo que no aparece suficientemente acreditado es el valor de su fortuna, la extensión total de sus propiedades o la composición actual de sus participaciones empresariales. El expediente del OSFE tampoco constituye una declaración patrimonial. Pero fue la propia administración municipal la que utilizó su posición económica como argumento ante el fiscalizador.
No es cuestionable que un empresario llegue al gobierno ni que un presidente municipal posea un patrimonio considerable. Lo relevante es qué relación establece su administración entre esa riqueza y las decisiones que toma con recursos públicos.
03 / Contexto político
El mismo político, distintas siglas
Dos triunfos municipales y una derrota cerrada en la trayectoria electoral de José Armín Marín Saury.
Gana la alcaldía y gobierna durante 2013-2015.
Pierde frente a Morena por una diferencia de 69 votos.
Vuelve a ganar la presidencia municipal para 2024-2027.
Compra una Teramont de $1.13 millones, posteriormente observada por el OSFE.
Lo nuevo y las viejas preguntas
Movimiento Ciudadano ha construido parte de su identidad pública a partir de la diferenciación respecto de los partidos tradicionales. En su discurso aparece la idea de una nueva forma de hacer política, con otros perfiles, otras prácticas y distancia frente a las estructuras que dominaron durante décadas. La trayectoria de Marín Saury plantea una pregunta sobre el alcance de esa renovación, particularmente cuando un político con experiencia en diversas organizaciones llega al gobierno bajo una marca partidista distinta.
El alcalde no arribó al Ayuntamiento como un personaje ajeno al poder. Ya había gobernado Emiliano Zapata, participado en distintas organizaciones y disputado varias elecciones. En un sistema donde las candidaturas cambian de siglas con relativa facilidad, el color de la boleta no garantiza por sí mismo una transformación de los métodos administrativos. Tampoco demuestra lo contrario: la cuestión es qué prácticas cambian efectivamente cuando una nueva organización llega al gobierno.
En Emiliano Zapata, la adquisición de la Teramont ofrece un caso concreto para examinarlo. La administración emanada de MC compró una camioneta cuyo precio fue objetado por el órgano fiscalizador. Después, para defenderla, invocó circunstancias familiares y económicas del presidente municipal. El OSFE rechazó la argumentación porque consideró que no justificaba apartarse de los criterios aplicables al gasto público.
No se trata de atribuir a Movimiento Ciudadano una decisión que corresponde al Ayuntamiento ni de suponer que su dirigencia nacional o estatal participó en la adquisición. Pero existe una pregunta institucional legítima: ¿qué criterios de austeridad y uso del patrimonio público deben cumplir los gobiernos surgidos de un partido que reivindica una manera distinta de ejercer la política? El contraste no necesita convertirse en una consigna para merecer una respuesta.
Una organización puede llamarse nueva; las decisiones de sus gobiernos deben examinarse por sus hechos. MC postuló a Marín Saury en 2024 y la camioneta fue adquirida en 2025, durante la administración emanada de esa elección. La postura de la dirigencia naranja sobre los criterios de austeridad de sus gobiernos locales, así como la posición personal del alcalde respecto de la defensa presentada al OSFE, son elementos que permitirían completar el examen público del caso.
El DIF y los otros pendientes del Ayuntamiento
La camioneta no apareció aislada en la revisión de la Cuenta Pública 2025. El informe del OSFE, integrado en agosto de 2026, documenta una auditoría sobre una muestra de 287 millones 883 mil 801.80 pesos, equivalente al 81.53 por ciento del universo de gasto examinado. El organismo determinó 48 hallazgos, de los cuales 38 fueron solventados antes de la integración del informe y diez quedaron pendientes de aclaración.
La cuantificación monetaria inicial ascendió a 8 millones 370 mil 385.40 pesos. Después de las aclaraciones aceptadas, el saldo pendiente se redujo a un millón 564 mil 1.69 pesos. La diferencia pesa: la mayor parte de los importes inicialmente observados obtuvo explicaciones consideradas suficientes por el OSFE. Los montos pendientes tampoco equivalen automáticamente a dinero desaparecido ni a un daño patrimonial definitivo.
Entre los expedientes abiertos aparecen operaciones relacionadas con la asistencia social. El Ayuntamiento adquirió cien ataúdes para apoyar a familias de escasos recursos, pero durante la revisión inicial sólo se encontraron ocho actas de donación. Posteriormente presentó otras diez y explicó que los 82 féretros restantes permanecían almacenados. La observación pendiente fue de 147 mil 436 pesos; el informe no acredita que los ataúdes hubieran desaparecido, sino insuficiencias en la comprobación de su destino.
Otro caso involucró 93 mil pesos en apoyos económicos para necesidades familiares, cuyos documentos justificativos fueron encontrados en fotocopias. La explicación municipal tuvo un giro peculiar: según el Ayuntamiento, los originales habían sufrido daños por lluvias mientras se encontraban debajo de un escritorio de la Contraloría, debido a la falta de anaqueles. La administración sostuvo que después recuperó firmas de beneficiarios, pero el fiscalizador identificó insuficiencias documentales y mantuvo la observación.
Estos casos no demuestran que los programas fueran ficticios ni que sus recursos se utilizaran con fines particulares. Sí muestran que, en distintos expedientes relacionados con ayudas sociales, el OSFE encontró problemas de comprobación que no fueron resueltos íntegramente. La compra de la Teramont queda así en un contexto más amplio: mientras el gobierno defendía un vehículo de 1.14 millones por razones vinculadas con la seguridad de la hija del alcalde, otras operaciones municipales destinadas a la asistencia social seguían enfrentando observaciones documentales.
04 / Radiografía del OSFE
La cuenta que quedó abierta
El informe de resultados de la Cuenta Pública 2025 reportó 48 hallazgos; diez permanecieron sin solventar.
| Concepto | Monto pendiente |
|---|---|
| Camioneta Teramont | $644,622.98 |
| Pago de electricidad | $620,647.00 |
| Ataúdes de asistencia social | $147,436.00 |
| Apoyos económicos | $93,000.00 |
| Transformador del mercado | $58,295.71 |
Los importes representan observaciones pendientes de solventar en el informe, no desvíos comprobados ni sanciones definitivas.
La frontera entre la fortuna y el presupuesto
En Emiliano Zapata, un municipio de poco más de 32 mil habitantes según el Censo de 2020, la discusión sobre una camioneta de 1.14 millones puede parecer distante de las preocupaciones cotidianas de quienes necesitan servicios, infraestructura o apoyos públicos. Pero la cuestión central no es si una Teramont resulta cómoda, moderna o adecuada para recorrer las carreteras de Los Ríos. Tampoco es si la hija del presidente municipal merece protección frente a la inseguridad.
Como cualquier persona, tiene derecho a ella, y el desempeño de una función institucional puede implicar necesidades legítimas de transporte. El problema comienza cuando una autoridad debe explicar por qué gastó más de lo permitido conforme al criterio del órgano fiscalizador. El Ayuntamiento tuvo oportunidad de defender esa decisión: presentó oficios, habló de fallas mecánicas, invocó la inseguridad y sostuvo que la norma admitía excepciones justificadas.
Pero añadió un argumento que terminó siendo el centro del cuestionamiento: la posición económica del alcalde. La administración consideró pertinente mencionar la fortuna del padre para justificar la protección de la hija. El OSFE respondió que esa condición pertenecía estrictamente al ámbito particular. Ahí quedó trazada una frontera que va más allá de un vehículo municipal: el patrimonio de quien gobierna no modifica por sí mismo las reglas bajo las cuales debe administrarse el dinero de todos.
La revisión tampoco permite afirmar que Marín Saury ordenara personalmente la adquisición o redactara la respuesta al OSFE, que su hija utilizara la unidad para fines privados o que existiera una conducta delictiva. Esas conclusiones exigirían pruebas adicionales; su responsabilidad política deriva de encabezar el gobierno fiscalizado, mientras cualquier responsabilidad administrativa individual exige revisar autorizaciones y documentos firmados. Lo que sí quedó documentado es que una administración encabezada por un político de larga trayectoria, hoy identificado con Movimiento Ciudadano, utilizó la riqueza del presidente municipal para defender una compra que excedía el límite señalado por el OSFE.
El órgano fiscalizador rechazó el razonamiento y mantuvo pendiente de solventar el importe observado. La solicitud de aclaración quedó abierta en el informe de agosto de 2026, con la recuperación de recursos económicos como efecto esperado. Las actuaciones posteriores deberán determinar si el Ayuntamiento presentó nuevas pruebas, reintegró cantidades o enfrentó algún procedimiento de responsabilidad, sin que el documento disponible permita anticipar ese desenlace.
La camioneta costó un millón 135 mil 990 pesos. La observación fue por 644 mil 622.98. La justificación basada en la riqueza familiar no convenció al fiscalizador. En un municipio donde el mismo político ha conseguido volver al poder bajo diferentes siglas, el episodio permite examinar algo más profundo que una compra: la fortuna de un gobernante puede pertenecerle legítimamente; el presupuesto municipal, no. Y cuando ambas cosas aparecen mezcladas en una explicación oficial, corresponde preguntar por qué.
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