TEHERÁN.— La condena a la horca de Najmeh Amini, estudiante de Contabilidad de 23 años, es más que un expediente judicial iraní. Muestra hasta dónde llega un Estado que, tras meses de protestas, guerra y presión externa, trata la palabra escrita en una pantalla como amenaza a su supervivencia. Mientras buena parte del mundo mide a Irán por su programa nuclear y su rivalidad con Estados Unidos e Israel, el poder se reordena puertas adentro con el miedo como herramienta de gobierno.
Amini está recluida en la prisión de Vakilabad, en la ciudad nororiental de Mashhad. Fue juzgada en dos casos independientes, uno por un tribunal revolucionario y otro por un tribunal penal. En el primero recibió la pena de muerte bajo el cargo de sab ol-nabi, «insultar al profeta». Una fuente cercana a la familia lo declaró a la organización Human Rights Activists in Iran (HRAI), con sede en Estados Unidos. La detención siguió a un rastreo en línea de la policía digital iraní, conocida como Fata, y el contenido exacto de sus publicaciones sigue sin ser público.
Fuente: HRAI / Khorasan / The Guardian / Elaboración propia
En el segundo caso, la condena fue de 12 años, seis meses y un día de prisión por actuar contra la seguridad nacional y difundir propaganda contra el régimen. Amini había sido arrestada por las fuerzas de seguridad durante las protestas de enero, reprimidas con fuerza letal. La ONU denunció miles de muertos, y la agencia Hrana, vinculada a HRAI, contabilizó más de 50 000 detenidos. Esas cifras describen un aparato de contención masiva, no un episodio aislado.
El expediente se inscribe además en una curva ascendente. Según Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, el país suma más de 600 ejecuciones en lo que va de 2026, en un ciclo que ya alcanzó su nivel más alto en tres décadas. Las condenas por blasfemia, en cambio, siguen siendo raras: el último caso documentado ocurrió el 8 de mayo de 2023, con la ejecución de Yousef Mehrad y Sadrollah Fazeli-Zare, también por actividad en redes sociales. Que el castigo máximo vuelva a aplicarse a una joven por algo que publicó no es una anomalía, sino una señal.
Un tribunal que pregunta por Washington y Tel Aviv
El artículo 262 del código penal islámico establece la pena de muerte para quien insulte al profeta Mahoma o a figuras chiíes veneradas. El artículo 263 prevé excepciones para declaraciones hechas en estado de embriaguez o sin intención deliberada, aunque en ciertos supuestos todavía pueden implicar 74 azotes. La defensa de Amini se movió en ese margen: según el diario iraní Khorasan, que confirmó los procesos, ella sostuvo que publicó los comentarios tras consumir hongos alucinógenos con amigos, y sus abogados hablaron de un «lapsus lingüístico».
La respuesta del juez presidente es lo más revelador del caso. Preguntó por qué, en ese mismo estado de alucinación, no insultó a otros «individuos u opositores al régimen, como Estados Unidos e Israel». El razonamiento desplaza el centro del juicio. Ya no se discute la ofensa religiosa sino la lealtad política: una blasfemia sin intención deja de ser atenuante si se supone que el acusado pudo haber elegido otro blanco. En ese esquema, la fe funciona como el marco jurídico de una prueba de obediencia al Estado.
Fuente: ONU / Hrana / Iran Human Rights (IHRNGO) / The Guardian / Elaboración propia
La sentencia no es definitiva y puede apelarse ante el Tribunal Supremo de Irán. Esa instancia dirá si el sistema judicial prefiere la contención o la escalada. Aun así, el mensaje ya circula entre la población joven, cuyo temor se agrava por la iniciativa de los legisladores, que buscan tipificar como delito el contacto con todos los medios extranjeros, incluidas las publicaciones en redes que se consideren financiadas por otro país. La frontera entre opinar y conspirar quedaría en manos de quien interprete la norma.
The Guardian recogió el testimonio de Elnaz (pseudónimo), de 24 años, que participó en las protestas de Teherán en enero y fue arrestada por publicaciones en redes en el punto más álgido de la guerra, en marzo. Asegura que fue detenida pese a que su cuenta era privada: «También existe esta desconfianza constante, este sentimiento de que alguien me está vigilando todo el tiempo». Y añade: «¿realmente nos queda algo que perder? Pueden matarnos incluso si no publicamos nada». Cuando el castigo se vuelve impredecible, deja de disuadir y empieza a empujar a la gente hacia la desesperación.
Una prueba para el orden internacional
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHRNGO, dijo a The Guardian que condenar a muerte a una mujer joven por lo que publicó corre el riesgo de normalizar la pena capital contra la libertad de expresión pacífica. Según él, las autoridades iraníes están midiendo la «tolerancia» externa hacia sus ejecuciones, y si la comunidad internacional no responde con firmeza, casos así podrían volverse mucho más comunes. Su advertencia describe cómo se erosionan las normas: un límite que no tiene costo deja de funcionar como límite.
Ahí está el significado político del caso. Las denuncias de la ONU por las muertes de enero no han detenido el ritmo de las ejecuciones ni la persecución digital, y eso expone la debilidad del sistema multilateral frente a un Estado dispuesto a absorber la condena moral. En una grabación de audio atribuida a Amini y difundida el mes pasado, la joven pidió a la ONU, a abogados y a organizaciones de derechos humanos que investigaran su caso: «Solo quiero una cosa: sed mi voz». Su llamado revela que, para quienes están dentro, las instituciones internacionales siguen siendo la última puerta, aunque pocas veces se abra.
Para América Latina, la lectura no es lejana. Los gobiernos de la región suelen debatir con cautela cuánto pesar en conflictos que les quedan lejos, pero la discusión de fondo les concierne: si la censura y la vigilancia digital se vuelven rentables en un país, otros regímenes aprenden de ello. La defensa de la libertad de expresión no se sostiene con declaraciones ocasionales, sino con una coherencia que cuesta en la diplomacia y en las relaciones comerciales.
El riesgo hacia adelante es doble. Si el Tribunal Supremo confirma la sentencia, Irán habrá cruzado un umbral que reabre la ejecución por blasfemia digital, con un efecto inhibidor sobre la sociedad civil dentro y fuera del país. Si la revoca por presión externa, quedará demostrado que la reacción internacional todavía tiene efecto. En ambos escenarios, el caso de Najmeh Amini ya funciona como medida de cuánto está dispuesto el mundo a tolerar.
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