Plataformas digitales tendrán 30 días para reforzar la protección de menores

Las plataformas digitales tendrán 30 días naturales para adecuar sus sistemas a las disposiciones del decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, firmado este 14 de octubre de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El instrumento establece medidas para limitar la exposición de menores a contenidos de violencia, acoso, abuso sexual y otros materiales de riesgo. También obliga a las empresas a documentar las acciones implementadas e informar sobre su cumplimiento ante la autoridad.

¿Qué deberán cambiar las plataformas digitales?

El decreto plantea que las empresas incorporen medidas de protección desde el diseño de sus servicios y que estas funcionen de manera predeterminada. Entre las disposiciones se encuentra restringir el acceso, la exposición y las recomendaciones algorítmicas de contenidos que puedan poner en riesgo a niñas, niños y adolescentes.

La lista contempla discursos de odio, extremismo violento, abuso y explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito.

Además, las plataformas deberán clasificar contenidos por edad, verificar la edad de las personas usuarias e incorporar herramientas de supervisión para madres, padres y personas tutoras.

También tendrán que habilitar mecanismos accesibles para reportar cuentas o publicaciones de riesgo y retirar de inmediato aquellas que inciten o generen violencia, de acuerdo con las disposiciones descritas en el instrumento.

Sheinbaum advierte que podría impulsarse una ley

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las empresas solicitaron un mes para preparar sus sistemas. Asimismo, anunció que la Agencia de Transformación Digital dará seguimiento a la implementación de las medidas.

“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, afirmó la mandataria.

La declaración establece una diferencia importante: el decreto es obligatorio, pero no contempla sanciones directas en el instrumento descrito. La posibilidad de establecerlas se planteó mediante una eventual legislación posterior, si se detecta incumplimiento.

Por su parte, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, informó que hubo reuniones de trabajo con empresas como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei.

Según la funcionaria, las compañías reconocieron la necesidad de establecer este marco y solicitaron el plazo de 30 días para realizar los ajustes técnicos correspondientes.

Colaboración con autoridades y atención a la salud mental

El decreto también establece obligaciones de colaboración con las autoridades investigadoras. Las plataformas deberán mantener un punto de contacto disponible las 24 horas, todos los días, para atender requerimientos de información.

Asimismo, tendrán que preservar y entregar evidencia relevante, además de alertar inmediatamente a las autoridades cuando identifiquen contenido que atente contra la vida.

En materia de salud mental, el instrumento contempla fortalecer el acompañamiento y la orientación psicológica mediante la Línea de la Vida, en el número 800-911-2000. También prevé difundir en la comunidad educativa la guía “El ABC de las emociones”, enfocada en salud mental y uso consciente de redes sociales.

¿Cómo se supervisará el cumplimiento?

El decreto se fundamenta en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, instruye a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a instalar una mesa de trabajo para coordinar propuestas regulatorias que fortalezcan la protección de menores en entornos digitales.

Las plataformas deberán documentar e informar las medidas adoptadas dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del instrumento.

El seguimiento permitirá revisar la implementación de las obligaciones. De acuerdo con lo anunciado por Sheinbaum, si las medidas no se cumplen, el Gobierno federal podría promover una ley que establezca sanciones para las empresas.