Javier May pide inversión; empresarios enfrentan su dependencia del dinero público

Héctor I. Tapia

En Tabasco, el dinero privado tiene una pregunta pendiente: ¿cuánto está dispuesto a arriesgar para crecer? Mientras el comercio busca clientes y empleo, parte del empresariado sigue mirando hacia los contratos públicos. El gobernador Javier May Rodríguez volvió a convocarlo a invertir. El desafío es convertir el diálogo en capital productivo.

Durante el segundo encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), celebrado este 19 de octubre, el mandatario ofreció acompañamiento institucional y pidió mayor participación privada.

“También queremos que el sector empresarial siga confiando e invirtiendo en Tabasco. Cuentan con nosotros”, afirmó ante los representantes de distintos grupos económicos.

La reunión, celebrada en Palacio de Gobierno, dio continuidad al acercamiento iniciado en agosto. Los empresarios presentaron proyectos y reconocieron la apertura gubernamental. Sin embargo, el encuentro dejó una cuestión sin resolver públicamente: cuánto dinero nuevo comprometerán las empresas y cuándo comenzarán a invertirlo.

El capital que falta

El contraste aparece en las cifras. Durante los primeros nueve meses de 2025, Tabasco recibió 86.7 millones de dólares de inversión extranjera directa. De esa cantidad, apenas 2 millones correspondieron a nuevas inversiones.

Otros 64 millones provinieron de cuentas entre compañías y 20.8 millones de reinversión de utilidades, según cifras presentadas por la secretaria Katia Ornelas Gil. La diferencia importa: mantener operaciones existentes no equivale a levantar nuevas empresas.

Estas cifras corresponden a inversión extranjera, no a toda la inversión privada. Sin embargo, ayudan a identificar una debilidad: atraer capital para proyectos nuevos sigue siendo una tarea pendiente.

El gobierno reportó también una cartera de 29 proyectos, con inversiones potenciales superiores a 10 mil 335 millones de dólares. Pero existe una distancia entre anunciar proyectos, conseguir financiamiento y comenzar a generar empleos.

El ejemplo del Chopo

La historia de los laboratorios ofrece una comparación reveladora. En abril de 2022, Laboratorio Médico del Chopo comenzó operaciones en Villahermosa. Dos meses después, ya inauguraba su octava sucursal.

El grupo anunció entonces una inversión superior a 120 millones de pesos y la creación de al menos 400 empleos directos e indirectos. Además, planteó ampliar su presencia territorial. No llegó esperando un contrato gubernamental: presentó una oferta comercial para competir por pacientes.

Su expansión permite plantear una pregunta incómoda: ¿por qué una cadena nacional identificó oportunidades que otros operadores no habían aprovechado de la misma manera?

La respuesta exige matices. Laboratorios Chontalpa, fundado en 1981, reporta más de 90 sucursales en seis estados del sureste. Unilabor también mantiene establecimientos en Villahermosa y Macuspana. No todos los empresarios regionales han permanecido inmóviles.

No obstante, la llegada de competidores nacionales presiona precios, tecnología, cobertura y atención. Para los pacientes significa más opciones. Para las empresas locales, la obligación de modernizarse o perder oportunidades.

El negocio público

Otra cara del problema aparece en la contratación gubernamental. Químicos Maldonado, firma regional que ofrece análisis clínicos y tamiz neonatal, figura como adjudicataria de servicios de laboratorio para IMSS-Bienestar.

Los registros de contratación consultados reportan tres adjudicaciones directas durante 2026, por un importe conjunto de 199.2 millones de pesos. Corresponden a servicios subrogados e integrales de laboratorio clínico, no específicamente a contratos de tamiz neonatal.

Contratar con el gobierno es legítimo. Además, permite atender necesidades médicas mediante proveedores especializados. El riesgo económico surge cuando una empresa depende excesivamente del presupuesto público y reduce sus incentivos para competir por otros mercados.

Los contratos citados no demuestran esa dependencia exclusiva en Maldonado. Tampoco permiten establecer cuánto reinvierte de sus utilidades. Sí ilustran por qué conviene examinar cuánto crece una empresa mediante clientes particulares y cuánto mediante compras gubernamentales.

De proveedores a inversionistas

El gobernador destacó oportunidades vinculadas al Tren Estación Chontalpa y la infraestructura logística del puerto de Dos Bocas. Su propuesta busca incorporar empresas tabasqueñas a nuevas cadenas de proveeduría.

Sin embargo, venderle materiales o servicios a una obra no es lo mismo que invertir en instalaciones, maquinaria o capacidad productiva propia. Lo primero genera contratos; lo segundo puede dejar empresas competitivas cuando concluye la construcción.

También existen obstáculos reales: inseguridad, financiamiento costoso, debilidad del mercado y pagos pendientes de grandes clientes. Por ello, pedir inversión sin mejorar esas condiciones sería insuficiente.

Pero tampoco puede esperarse que el gobierno asuma todos los riesgos mientras el capital privado exige certidumbre absoluta. La actividad empresarial consiste precisamente en identificar oportunidades, invertir y competir.

La reunión encabezada por Javier May abre una oportunidad para cambiar esa relación. Al gobierno le corresponde ofrecer reglas, infraestructura y seguridad. A los empresarios, presentar montos, plazos y proyectos financiables.

Tabasco necesita proveedores, pero también empresarios capaces de construir negocios más allá del presupuesto público. La verdadera medida del encuentro no será cuántas veces vuelvan a reunirse, sino cuánto capital privado terminen comprometiendo.