Rigoberto de la O Gallegos decidió responder. Apenas días después de ser nombrado por unanimidad secretario ejecutivo del IEPCT, rechazó haber sido impuesto por el Gobierno del Estado, negó vínculos políticos con la administración estatal y sostuvo que tampoco arrastra sanciones por los episodios que sus críticos han colocado nuevamente sobre la mesa.
La respuesta ocurre cuando el nombramiento dejó de ser solamente una decisión administrativa y se convirtió en una nueva batalla política alrededor del árbitro electoral. Movimiento Ciudadano formalizó un recurso de apelación contra su designación; Somos elevó el tono de sus acusaciones y Humberto de los Santos Bertruy volvió a cuestionar al organismo que recientemente negó el registro partidista a su organización.
El punto de fondo ya no es únicamente quién ocupa la Secretaría Ejecutiva. La disputa empieza a concentrarse en una narrativa: sectores opositores buscan presentar el nombramiento como evidencia de subordinación del IEPCT al Gobierno, mientras el organismo exhibe una designación aprobada por las siete consejerías y un funcionario que niega los vínculos y sanciones que se le atribuyen.
ACUSACIÓN Y HECHO
Las críticas políticas conviven con datos verificables del nombramiento.
“Fue impuesto por el Gobierno”
MC, Somos y otros actores han sostenido que la designación responde a intereses externos al Consejo Electoral.
Hasta ahora, esa acusación forma parte del debate político y de la impugnación presentada.
Fue aprobado por siete votos
Rigoberto de la O fue designado por unanimidad por las siete consejerías del IEPCT.
La presidencia exhibió además documentación según la cual no existe una inhabilitación vigente.
Tribunales tendrán la última palabra
Movimiento Ciudadano ya presentó recurso de apelación y anunció que seguirá la cadena impugnativa si no obtiene una resolución favorable.
Rigoberto niega la imposición
De la O fue directo cuando se le preguntó si rechazaba tener algún vínculo con el Gobierno estatal. “Sí. Ahí envié mis documentos, lo revisaron, todo justificado, dónde he estado. Entonces, no tengo más que decir, hombre de trabajo, hombre electoral”, respondió.
También dijo respetar la impugnación promovida por Movimiento Ciudadano y evitó discutir anticipadamente el contenido del recurso. “Están en su derecho”, señaló, al sostener que esperará a conocer formalmente el documento antes de pronunciarse sobre sus argumentos.
El nuevo secretario rechazó además uno de los señalamientos que más han repetido sus adversarios: que haya sido sancionado por la compra del edificio del Instituto o por su actuación en Organización Electoral durante el proceso de 2015, cuando la elección municipal de Centro terminó anulada. “Nunca he sido sancionado”, afirmó.
Sobre el inmueble, explicó que integraba la Junta Estatal que participó en aquella decisión y que su firma aparece precisamente por formar parte de ese órgano colegiado. La presidenta del IEPCT, Elizabeth Nava, ya había exhibido durante la sesión documentación según la cual no existe actualmente registro vigente de inhabilitación contra Rigoberto de la O.
Ahí hay una diferencia que el debate político empieza a borrar: haber participado en decisiones controvertidas o haber recibido cuestionamientos no equivale automáticamente a mantener una inhabilitación vigente. Precisamente ése será uno de los puntos que tendrá que acreditar Movimiento Ciudadano si pretende convertir sus señalamientos en una causa jurídica contra el nombramiento.
LA PELEA CAMBIÓ
Del bloqueo interno a la impugnación y la batalla narrativa.
MC lleva la pelea al TET
Movimiento Ciudadano no se quedó en las declaraciones. Su representante electoral, Octavio Esperón, presentó un recurso de apelación y adelantó que, si el Tribunal Electoral de Tabasco no le concede la razón, continuará la cadena impugnativa ante instancias federales.
MC sostiene principalmente que De la O no reúne las condiciones necesarias para ocupar una Secretaría Ejecutiva con responsabilidades jurídicas y electorales relevantes y que existen antecedentes administrativos que deben esclarecerse. También insiste en determinar si hubo alguna inhabilitación que pudiera afectar legalmente su nombramiento.
Pero esa posición tendrá que enfrentarse con un hecho institucional: las siete consejerías electorales consideraron que el perfil cumplía los requisitos y aprobaron su designación por unanimidad. No fueron los cinco votos mínimos necesarios; fueron siete, incluidos los cuatro consejeros que habían rechazado previamente la primera propuesta de Elizabeth Nava.
Ahí está una de las tensiones centrales del litigio. Ruth Toledo, Ángela Araujo, Monserrat Martínez y Hernán González habían demostrado que podían votar contra la presidencia y frenar una candidatura cuando consideraban insuficiente su sustento. Con Rigoberto hicieron exactamente lo contrario: reconocieron experiencia y acompañaron el nombramiento.
QUIÉN DICE QUÉ
Los actores convergen en cuestionar al IEPCT, pero desde frentes distintos.
| Actor | Posición | Qué sostiene | Situación |
|---|---|---|---|
| Movimiento Ciudadano | Impugna | Cuestiona la idoneidad, antecedentes e independencia del nuevo secretario. | VÍA JURÍDICA |
| Gerardo Gaudiano | Presiona | Había llevado previamente el conflicto del IEPCT hasta el INE. | PRESIÓN POLÍTICA |
| Somos | Acusa | Eleva el tono con señalamientos sobre corrupción y subordinación política. | DISCURSO |
| Humberto de los Santos | Cuestiona | Habla de pérdida de credibilidad mientras mantiene un conflicto previo con el IEPCT. | CONTEXTO PROPIO |
| Rigoberto de la O | Responde | Niega imposición, vínculos con el Gobierno y sanciones vigentes. | DEFENSA |
De exigir nombramiento a impugnarlo
La ofensiva naranja tampoco comenzó con Rigoberto. Antes de que fuera designado, Gerardo Gaudiano ya había llevado al INE una denuncia contra el IEPCT, reclamando que se destrabara la Secretaría Ejecutiva y cuestionando además el convenio firmado con el Instituto de Administración Pública.
El primer reclamo quedó rebasado por los hechos: el secretario ya fue nombrado y el Consejo lo hizo por unanimidad. MC pasó entonces de cuestionar la incapacidad del organismo para resolver la vacante a combatir jurídicamente el perfil mediante el cual finalmente la resolvió.
Eso no elimina su derecho a inconformarse, pero sí muestra el desplazamiento de su estrategia: primero exigió que el IEPCT resolviera; cuando resolvió, impugnó a quien eligió. La pelea dejó de ser por la parálisis y pasó directamente a la legitimidad del nombramiento.
Y ahí se encuentra también el intento político de ampliar el conflicto. Ya no basta con discutir los méritos de Rigoberto; el argumento opositor pretende convertir su designación en prueba de que el Gobierno estatal tiene influencia sobre el árbitro electoral. Hasta ahora, esa afirmación forma parte del discurso político y tendrá que sostenerse con elementos distintos a la mera inconformidad con el resultado.
El IAP, otro vínculo que niega
Otra línea de cuestionamiento ha buscado conectar a De la O con el Instituto de Administración Pública y con su titular, Juan Molina, cuyo convenio con el IEPCT ya había sido impugnado políticamente por Movimiento Ciudadano.
Rigoberto negó esa relación. Dijo conocer a Molina solamente por su vida pública, rechazó haber trabajado con él y negó cualquier participación en los cursos relacionados con el organismo electoral. “No, no, no, no”, respondió cuando se le preguntó si existía algún vínculo laboral o personal entre ambos.
El deslinde importa porque el convenio IEPCT-IAP había sido convertido por MC en otra pieza de su argumento sobre una eventual influencia externa en la preparación de personal electoral. De la O sostiene que ni siquiera se encontraba en el Instituto cuando se desarrollaron esas actividades y no existe hasta ahora evidencia pública que lo coloque en esa operación.
Eso no cancela el derecho a investigar o cuestionar. Simplemente obliga a separar los hechos comprobables de una construcción política que busca conectar decisiones, personas e instituciones para sostener la idea de un árbitro capturado.
TRES FRENTES
El conflicto se concentra en imposición, antecedentes y credibilidad institucional.
Imposición
La oposición sostiene que el Gobierno influyó en el nombramiento. Rigoberto lo niega y no existe hasta ahora prueba pública que lo acredite.
Antecedentes
Se reabren cuestionamientos por el edificio, la elección de Centro de 2015 y su anterior salida del Instituto.
Credibilidad
La disputa busca trascender al funcionario y colocar bajo sospecha al propio árbitro electoral.
Somos eleva las acusaciones
El dirigente de Somos, Juan Enoc Ribón, fue incluso más lejos. Acusó a Rigoberto de haber “robado” a los tabasqueños, habló de corrupción, aseguró que operará para el Gobierno y recurrió a descalificaciones personales sobre la liquidación que recibió cuando dejó anteriormente el Instituto.
Son acusaciones particularmente graves y deben tratarse como lo que son: señalamientos políticos formulados por un dirigente partidista, no culpabilidades acreditadas mediante una resolución vigente. De la O sostiene que nunca fue sancionado y Nava exhibió documentos que señalan que actualmente no existe registro de inhabilitación.
Rigoberto también defendió el pago superior al millón de pesos que recibió al concluir su anterior relación laboral con el Instituto. Aseguró que se trató del cálculo correspondiente por sus años de servicio y rechazó que ese recurso constituya alguna irregularidad atribuible a él.
El expediente político, por tanto, existe y debe revisarse; lo que no puede hacerse es convertir automáticamente cada controversia de su trayectoria en una condena administrativa o penal que hoy no está documentada como vigente.
Bertruy habla desde su propio litigio
Humberto de los Santos Bertruy también cuestionó el nombramiento y sostuvo que pone en entredicho la credibilidad del IEPCT. Volvió sobre la compra del edificio de Periférico y pidió esclarecer cualquier responsabilidad administrativa que pudiera derivarse de aquel procedimiento.
Pero su crítica tiene un contexto que no puede omitirse. Unión Democrática por Tabasco, la organización política que impulsa Bertruy, acaba de perder ante Sala Regional Xalapa la batalla por obtener su registro como partido político local, luego de que el IEPCT negara esa solicitud por incumplimientos relacionados con fiscalización.
Ese antecedente no invalida lo que Bertruy pueda señalar sobre Rigoberto. Sí permite entender desde qué posición política habla: mantiene una confrontación jurídica directa con el mismo organismo electoral cuya credibilidad cuestiona ahora.
Por eso conviene separar la denuncia de su contexto. Bertruy tiene derecho a cuestionar al IEPCT, pero el lector también tiene derecho a saber que ese Instituto acaba de resolver en contra de uno de sus principales proyectos políticos.
LA PRUEBA REAL
La legitimidad de Rigoberto no se resolverá sólo en el discurso: se medirá en las decisiones que tome el IEPCT rumbo a 2027.
Una ofensiva sobre el árbitro
Vistos en conjunto, los pronunciamientos rebasan ya una discusión curricular sobre Rigoberto de la O. MC impugna; Somos acusa; Bertruy cuestiona; Gaudiano había llevado previamente el conflicto al INE. Desde posiciones distintas, todos convergen en colocar bajo sospecha la independencia del organismo electoral.
Eso no significa que exista necesariamente una estrategia coordinada entre todos ellos. Sí permite observar un efecto común: el IEPCT vuelve a convertirse en el centro de una batalla política por su credibilidad justo cuando comienza el proceso electoral 2026-2027.
Frente a la narrativa de una imposición gubernamental hay, por ahora, dos hechos que deberán pesar en cualquier análisis: Rigoberto niega esos vínculos y su nombramiento fue respaldado por las siete consejerías, incluidas cuatro que apenas días antes habían mostrado independencia suficiente para bloquear y rechazar otra propuesta de la propia presidenta.
Eso vuelve menos simple la explicación de una imposición. Si el Gobierno colocó al secretario, como sostienen algunos de sus críticos, corresponderá a quienes lo afirman demostrar mediante qué mecanismo consiguió alinear también a cuatro consejeros que venían enfrentados con Elizabeth Nava.
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La prueba será su actuación
Nada de lo anterior convierte a Rigoberto de la O en un funcionario exento de escrutinio. Su llegada ocurre bajo impugnación, con episodios controvertidos de su trayectoria nuevamente sobre la mesa y con una Secretaría Ejecutiva que tendrá responsabilidades centrales durante la elección de 2027.
La mejor respuesta a las acusaciones no estará, finalmente, en una entrevista. Estará en la actuación del IEPCT cuando aparezcan las primeras decisiones difíciles: registros, órganos distritales, fiscalización, controversias partidistas y cualquier resolución capaz de beneficiar o afectar intereses políticos.
Movimiento Ciudadano tiene derecho a impugnar. Somos y Bertruy pueden cuestionar. El Tribunal tendrá que establecer si las objeciones contra el nombramiento tienen sustento jurídico suficiente.
Mientras tanto, conviene mantener una frontera clara: las acusaciones de imposición gubernamental todavía deben probarse; la unanimidad del Consejo, la ausencia de una inhabilitación vigente exhibida durante la sesión y el nombramiento formal de Rigoberto de la O son hechos concretos.
La batalla contra el nombramiento continuará en tribunales y en el discurso político. La verdadera prueba será si quienes sostienen que el Gobierno impuso al secretario logran demostrarlo, o si la acusación termina siendo más grande que las evidencias colocadas sobre la mesa.
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