DE PRIMERA MANO / POR ROFULFO REYES / 4/05/26
Antes de que el propio gobierno morenista de Tabasco lo vinculara a proceso como cabecilla del cártel local La Barredora, Andrés Manuel López Obrador ya había salido en defensa de Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad estatal nombrado por el ahora senador Adán Augusto López Hernández. Lo hizo con el mismo libreto con el que respaldó al gobernador sinaloense con licencia Rubén Rocha Moya.
Las similitudes entre ambos casos son reveladoras: en los dos, el expresidente ofreció apoyo público y vehemente frente a señalamientos que, con el tiempo, adquirieron peso judicial e incluso implicaciones diplomáticas.
En Tabasco, los testimonios recabados en investigaciones federales son especialmente delicados. Convertidos en testigos colaboradores de la FGR, Tomás “N” y Ulises “N”, altos mandos de La Barredora, declararon que durante la campaña de 2018 Bermúdez se acercó a ellos para integrarlos a su grupo y que pactó con un narcotraficante conocido como El Pelón de Playas para que la jornada electoral transcurriera “en paz”.
Si esas versiones se sostienen, significaría que la candidatura de Adán Augusto —y por extensión la del propio López Obrador— estuvo marcada desde el inicio por presuntas negociaciones con la delincuencia organizada.
Peor aún: el gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos estaba enterado de la existencia del grupo criminal. El 22 de diciembre de 2023, tras el ataque a la casa de Bermúdez atribuido a El Prada, otro integrante del mismo clan, se desató una ola de violencia inédita en el estado.
Según la declaración de Tomás “N”, Merino pidió al llamado Comandante H que ordenara detener los enfrentamientos debido a que AMLO permanecería en Villahermosa durante las fiestas de fin de año.
La gravedad política del caso radica en que, según esas versiones, el gobierno sabía quién controlaba la estructura criminal y hasta le solicitaba intervenir.
Los antecedentes de Hernán Bermúdez tampoco eran desconocidos. Desde el gobierno del priista Manuel Andrade Díaz ya existían señalamientos que lo vinculaban con actividades criminales; incluso fue arraigado por la entonces PGR por su presunta relación con el asesinato de Ponciano Vázquez Lagunes.
A pesar de ello, dos décadas después fue nombrado titular de la seguridad estatal por Adán López.
Además, en 2020, documentos filtrados por Guacamaya Leaks y atribuidos a la Sedena lo identificaban como presunto jefe del cártel local ligado al CJNG, pero las alertas fueron desestimadas.
Cuando el tema llegó a Palacio Nacional en octubre de 2022, López Obrador calificó las revelaciones como “ataques conservadores”, “calumnias” y “politiquería”.
Hoy el escenario es otro. El gobierno de Javier May Rodríguez impulsó el proceso judicial contra Bermúdez, quien enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión agravada, secuestro agravado y desaparición forzada de personas.
La lógica del blindaje político también aparece en el caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, donde el expresidente sostuvo públicamente su respaldo mientras crecían señalamientos desde Estados Unidos.
En ambos episodios, la reacción inicial del obradorismo fue cerrar filas y proteger políticamente a los cuadros señalados.
En Tabasco, los indicios documentados existían desde antes de 2018. La diferencia es que ahora el expediente creció dentro del propio movimiento gobernante.
A la distancia, el caso La Barredora explica por qué desde el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo se ha manejado con cautela cualquier implicación hacia Adán Augusto López Hernández: avanzar contra él significaría escalar hasta el corazón político del sexenio pasado.
Por eso, para muchos tabasqueños afectados por la violencia atribuida al cártel local, la presión del gobierno de Donald Trump aparece como la única posibilidad de que el caso alcance niveles superiores de responsabilidad política.
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