CDMX.— No es un rumor ni una filtración. Es un documento formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos —activos y retirados— enfrentan cargos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas ante un tribunal federal de Manhattan. Las penas van de 40 años a cadena perpetua.
Pero hay un problema de fondo que la Secretaría de Relaciones Exteriores puso sobre la mesa sin ambigüedades: la documentación enviada por la embajada estadunidense el 28 de abril “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad” de los señalados.
En otras palabras, Washington acusó primero y mandó las pruebas después —o no las mandó.
La presidenta Claudia Sheinbaum puso nombre a lo que la cancillería había dejado implícito. Desde Palacio Nacional fijó la posición del gobierno federal con una frase que no deja margen de interpretación: “si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
Por ello, el expediente fue turnado a la Fiscalía General de la República para que determine si existe sustento jurídico válido bajo el sistema legal mexicano y si procede dar curso a las solicitudes de captura provisional. La cancillería, además, anunció un extrañamiento formal a la embajada de Estados Unidos por divulgar información que los tratados bilaterales en materia de extradición establecen como confidencial.
El momento en que llega la acusación
Esta imputación no ocurre en el vacío diplomático. Se produce diez días después de la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente en Chihuahua, en un contexto en que la presencia de personal de inteligencia estadunidense en territorio mexicano —sin autorización, según el gobierno federal— se ha convertido en el eje de la fricción bilateral más grave del sexenio de Claudia Sheinbaum.
El embajador Ronald Johnson fue el primero en difundir públicamente los cargos en México, bajo el título “Rendición de cuentas para nuestros pueblos”. Lo hizo apenas seis días después de haber advertido, en un acto encabezado por el propio Rocha Moya en Topolobampo: “La inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”.
El mensaje era tan claro entonces como lo es ahora. La pregunta es si se trata de justicia o de palanca.
Lo que dice la acusación, y lo que no prueba
El texto de la fiscalía construye su caso sobre una narrativa de dos capas. La primera: los acusados protegieron al cártel de Sinaloa —designado organización terrorista por Washington— a cambio de sobornos que el documento cuantifica en pagos mensuales de 10 mil a 300 mil pesos, respaldados con fotografías de notas manuscritas.
La segunda capa es más explosiva: sostiene que la elección de Rocha Moya en 2021 fue producto de la intervención directa de Los Chapitos —los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán—, quienes secuestraron opositores, robaron urnas y ordenaron a la policía estatal no intervenir el día de los comicios, a cambio de la promesa de impunidad operativa.
No obstante, el propio documento describe eventos y operaciones sin aportar pruebas judiciales verificables ni precisar datos que permitan su contrastación. La SRE lo documentó: lo enviado no alcanza el umbral probatorio exigido por la legislación mexicana.
El fiscal federal a cargo del caso, Jay Clayton, calificó al cártel de Sinaloa de “organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”. El director de la DEA, Terrance Cole, afirmó que los encausados “aprovecharon sus cargos de confianza para facilitar el tráfico de drogas letales”. Mencionó que el transporte se realiza “en equipaje de aviones”, sin precisar ninguna operación concreta.
Acusar con contundencia retórica no es lo mismo que probar con evidencia.
La presidenta traza tres líneas
Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum leyó su posicionamiento con la precisión de quien sabe que cada palabra será pesada en dos capitales. Separó el problema en tres planos distintos para evitar que se confundan —o que la oposición los confunda.
El primero: si hay delito o no. Eso le corresponde a la FGR, que a través de su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales analizará la documentación recibida. Si encuentra elementos probatorios suficientes bajo la legislación mexicana, “deberá proceder conforme a derecho”. La Presidenta fue explícita: “no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”.
El segundo plano es la injerencia. Sheinbaum planteó la pregunta en reversa para dimensionar el agravio: “¿Qué pensaría cualquier país del mundo si la FGR de México estuviera investigando gobernadores, presidentes municipales, senadores de otros países?” La respuesta es la misma en cualquier idioma.
El tercero, dijo, es la actitud de la oposición, que “se cuelga del exterior para tener un argumento con el pueblo de México”. Y recordó que las investigaciones sobre la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional —el caso Chihuahua— “todavía no se han aclarado” y siguen su curso.
Tres líneas. Ninguna cierra la puerta a la justicia. Ninguna abre la puerta a Washington.
#Mañanera ‘Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político’.
— REFORMA (@Reforma) April 30, 2026
Tras la acusación de autoridades de EU contra Rocha por narcotráfico, @Claudiashein dijo que, si FGR recibe pruebas ‘contundentes’ o encuentra elementos de delito, deberá… pic.twitter.com/2PmIxqWROy
La cadena que llega hasta 2024
El hilo que ata esta acusación a la política más reciente pasa por el rancho Huertas del Pedregal. El 25 de julio de 2024, Ismael El Mayo Zambada fue trasladado contra su voluntad a Nuevo México, donde quedó bajo custodia federal estadunidense. En una carta atribuida a él, Zambada señaló que ese día acudiría a reunirse con Rocha Moya, con el ex rector Héctor Melesio Cuén Ojeda —asesinado en ese lugar según la FGR— y con Joaquín Guzmán López, quien se entregó ese mismo día a las autoridades de aquel país.
Rocha Moya negó haber asistido. Pero Guzmán López está detenido en Estados Unidos y ha llegado a acuerdos de colaboración con la justicia estadunidense. Lo que diga ese testigo en un tribunal de Manhattan vale más que cualquier declaración pública.
Además, según el diario Los Angeles Times, la visa estadunidense de Rocha Moya fue cancelada hace más de un año. Nadie lo informó en México. Nadie lo preguntó.
La respuesta política: soberanía como trinchera
Rocha Moya declaró desde Culiacán que las acusaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno”, que confirmó el apoyo de la presidenta Sheinbaum y que permanecerá en Sinaloa “trabajando, entrando y saliendo”. Calificó el caso de “ataque a la Cuarta Transformación” y señaló que se inscribe en “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional”.
El senador Enrique Inzunza Cázarez, otro de los imputados y posible aspirante a gobernador en 2027, fue más lejos. Vinculó la acusación con su discurso previo en defensa de la soberanía nacional, la extendió como ofensa al “máximo referente político” —el expresidente López Obrador— y la calificó de “infamia” contra quienes provienen de municipios como Badiraguato.
La narrativa es conocida. La pregunta que flota sin respuesta es si esta vez alcanza para contener el peso de un tribunal federal en Manhattan.
Lo que sí es nuevo es el tono de Sheinbaum. A diferencia de la retórica de agravio de Rocha Moya e Inzunza, la Presidenta no descartó la investigación ni blindó a los acusados. Los separó. Esa distancia es, en sí misma, una señal política.
Entre dos sistemas que no se hablan bien
México tiene razón en exigir pruebas. El debido proceso y la presunción de inocencia son principios que no se negocian. La Fiscalía sinaloense lo subrayó en un comunicado: “ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente”.
Pero Washington tiene un expediente abierto, testigos colaboradores detenidos y una agenda bilateral que ya no distingue entre presión diplomática y presión judicial.
En ese cruce es donde se va a dirimir el caso de Rocha Moya. No en Culiacán. No en Ciudad de México. En Manhattan.
Y en ese tribunal, el argumento de la soberanía no tiene jurisdicción.
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