CAMPECHE.— La gobernadora Layda Sansores puso a Campeche frente a una imagen inusual: un gobierno estatal que reconoce problemas de liquidez para pagar hasta la energía eléctrica de sus oficinas. No fue una filtración ni una acusación opositora. La propia mandataria dijo que su administración no tiene margen de caja y que, si no alcanza para cubrir el próximo recibo, preferirá apagar oficinas antes que pedir prestado para gasto corriente.
La frase que encendió la alarma fue directa: “No tenemos un peso de liquidez”. Sansores explicó que el gobierno campechano tuvo que solicitar una prórroga para pagar recibos de luz y que esa salida, según dijo, no se repetirá. El mensaje no sólo exhibe presión financiera; también busca colocar el problema en una discusión mayor: el trato fiscal que recibe un estado petrolero que aporta riqueza energética, pero opera con recursos limitados para su gasto diario.
El dato político es fuerte porque Campeche no es una entidad cualquiera en el mapa energético nacional. Durante décadas cargó con el peso de la producción petrolera y sus costos sociales, ambientales y económicos. La gobernadora sostuvo que el estado ha sido castigado por una fórmula de coordinación fiscal que, a su juicio, no compensa lo suficiente a las entidades productoras. Esa es la parte de fondo: el reclamo federalista existe. Pero la pregunta administrativa también: si el problema venía anunciado desde el paquete económico, ¿el gobierno estatal ajustó a tiempo su gasto?
Los números bajo revisión
Sansores habló de un déficit cercano a 4 mil millones de pesos y de un recorte que, según su dicho, habría alcanzado 4 mil 800 millones, con otros 700 millones en riesgo. Esas cifras forman parte del argumento político de la mandataria: menos recursos de libre disposición, más presión sobre la operación del gobierno y menor margen para cubrir servicios básicos como la electricidad.
Sin embargo, hay una precisión necesaria. Reportes legislativos y análisis presupuestales ubican la reducción del gasto federalizado 2026 para Campeche en alrededor de 1,977.4 millones de pesos respecto a lo pagado en 2025. El Instituto Belisario Domínguez del Senado identificó para Campeche un gasto federalizado de 23,300.7 millones de pesos en el PEF 2026, inferior en términos nominales al año previo.
Ahí está el punto fino. No necesariamente hay contradicción total: una cosa es el gasto federalizado total y otra las bolsas de libre disposición, participaciones, convenios, recursos etiquetados o fondos extraordinarios. Pero el gobierno estatal todavía debe explicar con mayor claridad técnica cómo integra la cifra de 4 mil 800 millones. Mientras eso no ocurra, el dato funciona como denuncia política, no como corte financiero completamente desglosado.
¿Crisis por recorte o mala administración?
Hasta ahora, no hay una prueba pública concluyente que permita afirmar, como hecho, que la crisis deriva de mala administración de recursos. Lo confirmado es la falta de liquidez reconocida por la propia gobernadora, la solicitud de prórroga para pagar luz y el señalamiento de recortes federales. Lo no confirmado es que exista corrupción, desvío o quiebra técnica. Esa diferencia importa.
Lo que sí hay son focos amarillos. El primero: si el ajuste federal era previsible desde la discusión presupuestal de 2026, la administración estatal debió preparar recortes internos, priorización de pagos o una estrategia de contención. El segundo: la crisis se vuelve más sensible cuando toca gasto corriente básico. Una cosa es diferir obra o gasto administrativo; otra, admitir que no alcanza para la luz de oficinas públicas.
El tercer foco está en la narrativa política. Sansores dijo que no pedirá más préstamos ni prórrogas. Esa postura puede leerse como disciplina financiera: no endeudarse para sostener gasto corriente. Pero también expone una fragilidad operativa. Si un gobierno llega al punto de condicionar su funcionamiento al pago de energía eléctrica, el problema ya no es sólo contable; es de gestión pública.
El costo de un estado sin caja
La crisis de Campeche abre una discusión incómoda para el sureste. Los estados petroleros aportaron durante años al centro del país, pero no siempre construyeron finanzas locales fuertes. Dependieron de transferencias federales, de ingresos extraordinarios y de presupuestos etiquetados. Cuando baja el margen libre, aparece la parte más dura: salarios, servicios, mantenimiento, oficinas, proveedores.
Por eso la frase de Sansores pegó. No porque la falta de liquidez sea inédita en gobiernos estatales, sino porque fue dicha sin rodeos por una gobernadora de Morena, en un estado estratégico y petrolero. El mensaje presiona a la Federación, pero también obliga al gobierno campechano a transparentar sus cuentas: cuánto se recortó, de qué bolsa, qué pagos están comprometidos, qué gastos se van a reducir y qué servicios podrían afectarse.
Lo que sigue no debería ser sólo una nueva declaración. Campeche necesita una explicación presupuestal clara, con cifras separadas por participaciones, aportaciones, convenios, deuda, gasto corriente y recursos etiquetados. Sin ese desglose, la crisis seguirá atrapada entre dos lecturas: la del castigo fiscal a un estado petrolero y la sospecha de que el gobierno no administró a tiempo el golpe financiero. Ambas pueden convivir. Pero sólo los números completos dirán cuál pesa más.
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