Sinaloa estrena gobernadora mientras Inzunza resiste acusaciones y conserva fuero legislativo

MAZATLÁN.— La crisis política en Sinaloa ya cambió de rostro. Mientras las calles de Culiacán siguen bajo tensión por la violencia y el descrédito institucional, el Congreso estatal nombró a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. Tiene 33 años, viene de la Secretaría General de Gobierno y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo en la entidad.

La licencia de más de 30 días solicitada por Rubén Rocha Moya no sólo modificó el tablero local. También detonó un debate nacional sobre el alcance del fuero, el peso político de las acusaciones de Estados Unidos y el futuro inmediato de Morena en uno de sus estados más golpeados.

Con fuerte resguardo militar alrededor del Congreso sinaloense, la sesión arrancó a las 8:29 horas. Rocha justificó su separación “a fin de que no quede duda alguna de la legalidad e integridad” de su conducta. La licencia fue aprobada y, minutos después, Bonilla Valverde rindió protesta.

No obstante, el movimiento dejó abiertas más preguntas de las que resolvió. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, sostuvo que Rocha mantiene fuero constitucional porque la FGR todavía no presenta una solicitud formal de procedencia. Ahí comenzó la contradicción pública.

El ministro en retiro Arturo Zaldívar afirmó lo contrario. “El fuero protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función”, escribió en X. Su postura elevó el choque jurídico en medio de las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Cambio inédito

La designación de Yeraldine Bonilla ocurre en el peor momento político para el grupo cercano a Rocha. La joven política sinaloense, formada en programas sociales y ex diputada local, llega al poder con una mezcla de simbolismo y fragilidad. Su nombramiento busca dar estabilidad, pero también enviar el mensaje de que Morena intenta contener daños sin romper internamente.

Además, la escena tiene otra lectura incómoda. En abril de 2025, Rocha Moya se refirió públicamente a Bonilla como una ex “meserita de una lonchería de Dimas” que había llegado al Congreso por una “tómbola” de Morena. Un año después, esa misma figura quedó al frente del gobierno estatal.

Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros.

Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo.

Y de qué mejor… pic.twitter.com/twUtUA3r6S

— Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 3, 2026

Mientras tanto, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez decidió cerrar filas. Confirmó que no pedirá licencia y que seguirá en el Senado. “No tengo nada qué temer”, aseguró desde Badiraguato. También negó versiones sobre una supuesta intención de convertirse en testigo protegido contra Rocha Moya. “Con mi patria hasta el final”, afirmó.

El caso de Inzunza es políticamente delicado. Ex secretario de Gobierno de Rocha, ex magistrado y uno de los perfiles considerados rumbo a la gubernatura de 2027, hoy aparece en el centro de una investigación binacional que amenaza con alterar la sucesión sinaloense antes de tiempo.

El fuero en disputa

Funcionarios federales señalaron que existen vacíos legales en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos cuando se trata de servidores públicos con fuero. Por ello, el caso de Inzunza se volvió el punto más sensible para la FGR.

Esta es la primera vez que el gobierno estadounidense solicita detener a funcionarios mexicanos mientras algunos aún conservan cargos públicos o protección constitucional. En otros casos, como los ex gobernadores Mario Villanueva, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, las peticiones llegaron cuando ya habían terminado sus mandatos.

En este sentido, la presión ya rebasó a Morena. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, pidió la desaparición de poderes en Sinaloa. Aunque la exigencia parece más política que viable, refleja el tamaño de la crisis institucional abierta tras las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense.

Romero sostuvo que la licencia no resuelve el problema si no se toman medidas de fondo contra la delincuencia y el crimen organizado. También afirmó que la acusación cambia la dimensión del caso, pues ya no sólo se habla de corrupción, sino de una posible distorsión de un proceso democrático.

Sin embargo, dentro de Morena el mensaje ha sido distinto. Ignacio Mier y Dolores Padierna respaldaron la licencia de Rocha Moya bajo la lógica de que permitirá investigaciones con mayor independencia. La frase intenta contener un daño mayor: que el caso termine convirtiéndose en el expediente más delicado del obradorismo territorial desde 2018.

Porque detrás del relevo en Sinaloa no sólo está la caída temporal de un gobernador. Lo que comenzó como una solicitud de licencia amenaza con convertirse en una disputa por legitimidad, control político y sobrevivencia dentro del propio movimiento gobernante.