CDMX.— La crisis de Sinaloa entró este lunes a una nueva fase. Mientras Estados Unidos mantiene la presión judicial contra Rubén Rocha Moya, el Gobierno federal respondió con tres mensajes cuidadosamente coordinados: confirmó seguridad federal para el gobernador con licencia, desaceleró jurídicamente la narrativa de una captura inmediata y aseguró que jamás existieron indicios internos contra el mandatario estatal.
El movimiento salió desde distintos frentes del Gobierno, pero con una misma lógica política: contener la percepción de colapso institucional en uno de los estados más golpeados por la violencia y ahora también por una crisis binacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rocha cuenta con seguridad federal tras una evaluación realizada por el Gabinete de Seguridad. La mandataria insistió en que la medida no representa privilegio ni trato especial.
“Si un gobernador con licencia, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona solicita apoyo, se hace un análisis de riesgo”, afirmó.
La precisión no es menor. Palacio Nacional evitó hablar de protección política o respaldo judicial. El discurso oficial se concentró en el concepto de seguridad personal derivada de un análisis técnico.
Harfuch cierra otra puerta
Horas después, desde la Novena Zona Militar en Culiacán, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, endureció todavía más la postura institucional. Aseguró que durante toda la estrategia de seguridad desplegada en Sinaloa jamás existieron indicios de colaboración u obstrucción por parte del gobierno de Rocha.
“Nosotros no teníamos ningún indicio. Nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Gobierno del Estado para continuar o realizar operaciones”, sostuvo.
La declaración tiene peso político porque proviene del funcionario que encabeza la estrategia federal contra los grupos criminales. En otras palabras: mientras Estados Unidos sostiene que Rocha habría protegido a “Los Chapitos”, el principal operador de seguridad del Gobierno mexicano afirma que las fuerzas federales nunca detectaron señales internas de sabotaje o complicidad operativa.
Además, Harfuch reveló otro dato relevante: la seguridad asignada a Rocha no surgió por petición directa del mandatario, sino por recomendación del propio Gabinete de Seguridad ante el contexto violento del estado.
“No fue una solicitud, sino se recomendó también que tuviera un cuerpo de seguridad. No es ningún dispositivo grande”, explicó.
El funcionario incluso descartó que existan indicios de amenaza o riesgo de atentado contra Rocha. La frase dejó una lectura doblemente sensible: el Gobierno le asigna seguridad preventiva a un gobernador bajo investigación internacional, aun cuando oficialmente no detecta amenazas directas contra él.
El freno jurídico
En paralelo, la consejera jurídica Luisa María Alcalde desaceleró el frente jurídico internacional. Informó que la FGR concluyó que Estados Unidos no acreditó los elementos necesarios para justificar una detención provisional urgente.
“La parte requirente no aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia”, afirmó.
La explicación cambia el ritmo político del caso. México no rechazó el procedimiento estadounidense. Pero sí enfrió la narrativa de una captura inmediata promovida desde Nueva York.
El relevo en Sinaloa
Mientras Palacio Nacional intentaba bajar presión jurídica, en Culiacán ya había ocurrido otro movimiento de fondo: Sinaloa cambió de gobernadora.
El Congreso local nombró a Yeraldine Bonilla Valverde como mandataria interina tras aprobar la licencia de Rocha. La ex secretaria general de Gobierno, de 33 años, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia política del estado.
La escena tuvo además una carga simbólica incómoda. Apenas en 2025, Rocha se refirió públicamente a Bonilla como una ex “meserita de una lonchería de Dimas” que había llegado al Congreso mediante la “tómbola” de Morena. Ahora esa misma figura quedó al frente del gobierno estatal en medio de la mayor crisis política del sexenio sinaloense.
Bonilla apareció este lunes junto a Harfuch, los mandos militares y el Gabinete de Seguridad. Ahí reiteró que mantendrá coordinación total con las fuerzas federales “para seguir avanzando en la lucha por la paz y la tranquilidad de las y los sinaloenses”.
La imagen terminó sintetizando el nuevo momento político: Rocha fuera temporalmente del cargo, una gobernadora interina rodeada por el aparato federal de seguridad y un Gobierno mexicano decidido a contener el impacto político interno de una acusación construida desde Estados Unidos.
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