CHIHUAHUA.— En la sierra Tarahumara, donde los operativos contra el narco suelen ser opacos y fragmentados, el caso de los dos agentes estadounidenses muertos abrió una grieta inesperada: no en la operación, sino en la cadena de mando.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo dejó claro desde Palacio Nacional sin rodeos: “La relación es federal, no estatal. Ellos deben tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a escala local; así lo establece la Constitución”. Sin embargo, el gabinete de seguridad no sabía de su presencia.
El hecho ocurrió tras un operativo contra narcolaboratorios en la comunidad El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde participaron fuerzas estatales y federales para desmantelar seis sitios de producción de drogas sintéticas atribuidos al cártel de Sinaloa.
Días después, dos estadounidenses y dos mexicanos —el director general de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, y el policía ministerial Manuel Méndez— murieron cuando el vehículo en que viajaban cayó a un barranco en Guachochi. La primera versión los vinculó directamente con el operativo. La segunda los colocó a 54 kilómetros de distancia, en una supuesta capacitación con drones, a “ocho o nueve horas” por camino serrano.
Ese cambio de narrativa no es un detalle técnico. Es el punto de quiebre. Y lo más revelador es que lo protagonizó el propio fiscal.
La historia que se corrigió sola
El fiscal César Jáuregui Moreno, figura política construida desde el gabinete de la gobernadora María Eugenia Campos, ofreció el domingo una versión. Al día siguiente ofreció otra. Y tuvo que explicar el tránsito entre ambas: “Se dio como por hecho que ellos habían participado en el operativo, ayer, porque en ese momento era la información que yo tenía; obviamente no habíamos averiguado, por eso el embajador señaló de forma muy clara qué tipo de agentes eran: capacitadores e instructores”.
La secuencia que construyó en su segunda versión parece ordenada: los agentes estaban en la comunidad de Polanco capacitando en vuelo de drones, se encontraron con el comandante Oseguera cuando éste regresaba del operativo, le pidieron apoyo para trasladarse a la ciudad de Chihuahua porque tenían un vuelo el domingo a las diez de la mañana, subieron al convoy y a las dos de la madrugada ocurrió el accidente. Todo encaja. Nada resiste el contexto.
Si los agentes estaban a “ocho o nueve horas” del operativo, en una zona distinta, sin funciones de investigación ni acción antidrogas, la pregunta no es logística. Es política: ¿quién los autorizó a estar ahí, en ese momento, en esa región?
El vacío que incomoda
Sheinbaum fue directa al respecto: “No estábamos enterados. Fue una decisión del gobierno de Chihuahua; estamos pidiendo más información y en contacto con la embajada de Estados Unidos. No teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada estadunidense”.
La afirmación, lejos de cerrar el tema, lo agrava. Implica que hubo presencia extranjera en territorio sensible —una zona con operativo activo contra crimen organizado— sin que el gobierno federal lo supiera. Y la Presidenta fue más lejos: pidió información para revisar “si hay alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional“.
Hay además un matiz que la versión oficial no ha resuelto: la identidad institucional de los agentes. Jáuregui los describió como personal “que trabaja directamente en la embajada de Estados Unidos, como señaló el embajador Ronald Johnson”, descartando que fueran de la DEA o tuvieran funciones policiales.
Pero CNN, citando fuentes anónimas con conocimiento del tema, confirmó que se trataba de dos funcionarios de la CIA. El diario The Washington Post había revelado esa filiación primero. Medios locales en Chihuahua publicaron sus presuntos nombres: Richard Leiter Johnston, de 36 años, y John Dudley Black, de 44. Sus cuerpos habrían sido entregados al Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
La diferencia entre “personal de la embajada” y “agentes de la CIA” no es semántica. Define el tipo de operación, el nivel de autorización requerido y el marco legal bajo el que debían moverse.
La política detrás del operativo
El caso no se explica sin el contexto político local. Jáuregui no es un fiscal técnico: es una pieza del tablero de Maru Campos, colocada en la Fiscalía tras un reacomodo de gabinete. Que haya sido él quien primero vinculó a los agentes con el operativo —y luego tuviera que desdecirse— conecta directamente al gobierno estatal con ambas versiones.
El despliegue no fue menor ni improvisado. Involucró fuerzas estatales y federales en una región históricamente disputada, con seis narcolaboratorios asegurados. En ese tipo de operativos, la coordinación suele ser estricta precisamente porque el riesgo de filtraciones y conflictos de jurisdicción es real y constante.
La idea de que dos agentes de la CIA “andaban por ahí” capacitando en drones, sin relación con el operativo, y terminaron integrándose al convoy del mando que lo ejecutó, es difícil de sostener operativamente. A ese nivel, las coincidencias ya no se llaman coincidencias.
Cooperación bajo sospecha
El episodio ocurre en un momento en que la relación de seguridad entre México y Estados Unidos ha cambiado de forma discreta pero sustantiva. Desde 2021, cuando López Obrador limitó drásticamente el trabajo de la DEA, una investigación de Reuters reveló que la CIA pasó a coordinar las tareas antinarcóticos en la embajada por encima de otras agencias, con dos unidades especiales de elementos mexicanos entrenados y vetados por la agencia —una en la Secretaría de la Defensa, otra en la de Marina.
Sheinbaum reconoció ese esquema, pero fijó sus límites con precisión: “Hay información de inteligencia que se brinda de ellos a nosotros y de nosotros a ellos. Se colabora en un marco bien establecido. Y agradecemos el apoyo que se ha dado en este sentido, en el marco de nuestra soberanía por encima de todo”. El principio que enunció es claro: coordinación sí, operaciones conjuntas en tierra no. “Bueno, ni en aire”, agregó.
El problema es que el caso Chihuahua se mueve justo en ese espacio intermedio. Si los agentes de la CIA capacitaban en una región donde había un operativo activo, y terminaron vinculados al mando que lo ejecutó, la frontera entre cooperación e intervención se vuelve imposible de trazar con claridad.
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Lo que está en juego
En el Senado, las posiciones revelan que el caso ya trascendió la lógica del accidente. El panista Ricardo Anaya respaldó la versión del gobierno de Campos: los oficiales extranjeros estaban lejos del operativo, a más de ocho horas por tierra.
Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, fue más directo: pidió al gobierno de Chihuahua que aclare la situación de los agentes, y al federal que informe cuántos agentes extranjeros hay en el país y qué actividades realizan. El priista Manuel Añorve llamó a fortalecer la coordinación con Estados Unidos —una forma de decir que el problema no es la cooperación sino cómo se gestiona.
Más allá del accidente, lo que está en juego es la capacidad del Estado mexicano para controlar quién opera en su territorio y bajo qué condiciones. La exigencia de información a la embajada y al gobierno de Chihuahua no es un trámite: es un intento por reconstruir la línea de mando de una operación que, por ahora, tiene más versiones que certezas.
El embajador Ronald Johnson salió de Palacio Nacional sin declarar. El fiscal Jáuregui ya cambió su versión una vez. Y Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de sanciones a la gobernadora Campos, aunque condicionó la respuesta “al marco de la legislación”.
El desenlace es incierto. Puede traducirse en ajustes diplomáticos o diluirse en el pragmatismo bilateral. Pero hay un hecho que ya no tiene vuelta: en la sierra Tarahumara, alguien tomó decisiones sin avisar al centro. Y en materia de seguridad nacional, eso no se archiva solo.
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