El lunes por la mañana, un grupo de ciudadanos llegó a la Secretaría de Movilidad de Tabasco (Semovi) dispuesto a denunciar al empleado que los había estafado.
No lo encontraron. Hugo Vera Cruz, recepcionista del área de Atención Ciudadana, ya no se había presentado a laborar. La coincidencia era perfecta. Demasiado perfecta.
“¿Cómo se enteró que los inconformes iban a llegar ese día a manifestarme su inconformidad?”, preguntó en voz alta el secretario de Movilidad, Rafael Elías Sánchez Cabrales. La pregunta no era retórica. Era el hilo del que tira toda esta historia.
Lo que muestra el video
Antes de la denuncia formal, había un video. Lo reveló en conferencia de prensa Rafael Acosta León, dirigente estatal del PRD, quien dijo haberlo recibido a través de un sobre. En las imágenes, Hugo Vera —camisa de cuadros, lentes— aparece en un restaurante de comida rápida de Villahermosa hablando con ciudadanos que le habían pagado por una concesión de transporte público.
En la grabación, una mujer le reclama la demora. Dice haber hecho “un sacrificio” para reunir el dinero. Vera le responde que los trámites se han atrasado, pero que van a salir. En el fondo, él no tenía ninguna atribución para garantizar nada.
La denuncia formal la presentó el 6 de abril el ciudadano Luis Elías Olán Castillo ante el Órgano Interno de Control de la Semovi. Según el documento, en diciembre pasado el funcionario le habría dicho —a través de una tercera persona— que conseguiría placas de taxi para quienes estuvieran interesados. El precio: 150 mil pesos por concesión.
La audiencia del 13 de abril
El 13 de abril, durante una audiencia pública en la Semovi, el mismo grupo de ciudadanos acudió a exponer que habían sido defraudados. Sánchez Cabrales los escuchó. Luego ordenó una revisión interna.
El resultado fue claro y, al mismo tiempo, revelador: no existía ninguna solicitud oficial, ningún expediente, ninguna documentación relacionada con esos trámites. Las concesiones que Hugo Vera prometió nunca tuvieron existencia administrativa. Se vendió algo que, en los registros de la Secretaría, jamás estuvo en proceso.
Por ello, el secretario fue enfático al rechazar los señalamientos del PRD sobre la institución como tal. Dijo ser el principal interesado en que se aplique la ley. No obstante, la pregunta que la revisión interna no puede responder es la misma que él mismo dejó en el aire: cómo supo el recepcionista, con exactitud, qué día llegarían.
La estructura del fraude
Lo que describe Sánchez Cabrales no es un empleado actuando solo. Es un esquema. Un recepcionista —sin facultades, sin rango— convenciendo a ciudadanos de pagar. Un intermediario externo que los organizaba. Y una promesa que nunca se cumplió.
“Me parece que hay un sospechosismo de que gentes externas convencen a un funcionario menor y se perpetra algún delito”, dijo el secretario. No lo afirmó como hecho probado, pero tampoco lo descartó.
Por ello, el titular de Semovi solicitó que, además del Órgano Interno de Control, intervenga la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. No es un movimiento menor: implica reconocer que el caso requiere una mirada externa al propio aparato de gobierno.
Además, Sánchez Cabrales lanzó una advertencia que pocas veces se escucha en este tipo de casos: quienes pagaron también podrían enfrentar cargos. “También puede haber el delito de cohecho, que un ciudadano soborne a algún funcionario”, señaló. Es decir: las víctimas, en términos legales, podrían terminar siendo también imputadas.
El dinero y la política
Acosta León fue más lejos. Dijo que el dinero recaudado por las presuntas concesiones no solo habría financiado el bolsillo del recepcionista. “No es solo un tema de corrupción de Movilidad, sino que es dinero que estarían utilizando para campañas políticas de diferentes municipios y diversos personajes”, afirmó.
No ofreció pruebas documentales de esa conexión. Pero la acusación está en el expediente público. Las autoridades deberán desmentirla con hechos, o confirmarla con investigaciones.
Lo que sí es concreto: el municipio afectado es Cárdenas, el segundo en importancia económica del estado. El mercado de taxis en ese municipio no es pequeño, ni su disputa política tampoco.
Lo que sigue
El Órgano Interno de Control y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ya tienen el caso. Hugo Vera Cruz sigue sin aparecer. Sánchez Cabrales dice que aportará todos los elementos que estén al alcance de la Semovi.
En los registros internos de la dependencia no hay rastro de los trámites prometidos. En las calles de Cárdenas, en cambio, hay ciudadanos que sí recuerdan perfectamente cuánto pagaron.
La pregunta que nadie ha respondido del todo sigue en pie: ¿cómo supo el recepcionista exactamente qué día llegarían a denunciarlo?
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