Todo parece indicar que el asesinato de Alejandro Gallegos León, abogado, catedrático y periodista —aunque menos vinculado al oficio de lo que se ha dicho— confirma una realidad escalofriante: ejercer la abogacía en Tabasco se ha vuelto un oficio de alto riesgo. No es el primero ni, lamentablemente, será el último.
Basta hacer memoria para recordar el número de litigantes que han sido asesinados en los últimos años. Casos hay muchos, dispersos en hemerotecas digitales. Uno de los más recientes fue el ataque a una abogada que, tras salir de una audiencia, fue baleada junto con sus clientes sobre Ruiz Cortines, a la altura del Museo La Venta. Nada más se supo del hecho.
Y no, no se trata únicamente de abogados que defienden a criminales. En una sociedad donde el tejido social se ha corrompido al punto de volver difusas las líneas entre lo legal y lo ilegal, cualquier pleito mercantil, laboral o incluso familiar puede convertirse en sentencia de muerte.
Qué bueno que se haya detenido a uno de los asesinos de Gallegos. Qué bueno que la Fiscalía esté respondiendo. Qué bueno que no haya impunidad. Pero qué mal que en Tabasco los conflictos ya no se litigan en los juzgados, sino con balas. Y qué mal que los abogados, formados para conciliar, sean las víctimas en esta sociedad rota.
