En Tabasco, la mitad de las balas dejaron de sonar. En apenas cinco meses, el promedio diario de homicidios dolosos cayó 48.6 por ciento: de 3.21 asesinatos al día en febrero a 1.65 en julio de 2025, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La cifra no es un simple registro estadístico; es un parteaguas para un estado que, a finales de 2024, se encontraba en el corredor más sangriento del país.
El cambio, producto de un despliegue federal sin precedentes y una cirugía mayor en la estructura de seguridad, ha devuelto a Tabasco un respiro que parecía improbable.
ANTES DEL GIRO
Hasta enero de 2025, la violencia homicida en Tabasco avanzaba con paso firme. El cierre de 2024 había sido alarmante: un promedio de 3.5 asesinatos diarios en noviembre, disputas abiertas entre “La Barredora” y el Cártel Jalisco Nueva Generación, y una presencia constante en la lista de los diez estados más violentos del país.
Las cifras no solo exhibían la crudeza del fenómeno: dibujaban un mapa de territorios en disputa, colonias sitiadas y rutas controladas por el crimen.
En Villahermosa, la capital, había barrios donde las noches eran territorio prohibido. Comerciantes bajaban cortinas antes de que oscureciera, vecinos improvisaban retenes comunitarios y, en las esquinas, se veían las cámaras clandestinas instaladas por los grupos criminales para vigilar a la autoridad.
El miedo no era abstracto: se palpaba en las calles vacías y en las miradas que evitaban cruzarse con las camionetas de vidrios polarizados.
A nivel nacional, el contexto tampoco ofrecía consuelo. El país cerraba 2024 con una curva de homicidios aún alta, y Tabasco aportaba alrededor del 3.5 por ciento de las víctimas totales. El corredor de violencia del sureste, del que formaba parte, comenzaba a ser tan preocupante como los focos rojos históricos del norte.
DESPLIEGUE ESTRATÉGICO
La noche del 16 de febrero de 2025 marcó un antes y un después en la estrategia de seguridad de Tabasco. A esa hora, en un operativo coordinado al milímetro, más de 200 elementos federales irrumpieron en los puntos más calientes del estado: 120 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 80 efectivos del Ejército y 20 de la Marina, con un convoy de 74 vehículos oficiales, se desplegaron simultáneamente en municipios clave como Centro, Cárdenas, Huimanguillo y Macuspana.
El golpe no fue solo en número, sino en estructura. Ese mismo día se anunció el relevo del Secretario de Seguridad Pública estatal y del Fiscal de Tabasco, dos movimientos que enviaron un mensaje claro: la era de las inercias había terminado.
El gobierno de Javier May y la Federación apostaban por una cirugía mayor en la columna vertebral de la seguridad, con nuevos mandos y una cadena de mando unificada con las fuerzas federales.
La creación de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Inmediata Táctica (FIRT) “Olmeca” fue el brazo ejecutor del cambio. Con un mando mixto de militares, guardias nacionales y policías estatales, su misión fue definida sin eufemismos: atacar quirúrgicamente a los generadores de violencia, cortar las rutas del crimen y desactivar la capacidad operativa de las bandas en un plazo inmediato.
DEL MIEDO AL CONTROL
En las semanas siguientes, la FIRT “Olmeca” convirtió la estrategia en resultados palpables. Retenes móviles, patrullajes permanentes y operativos sorpresa dibujaron un nuevo mapa de control en colonias y carreteras antes dominadas por el crimen.
Donde antes había halcones con radios y cámaras clandestinas, ahora se levantaban puestos de control con militares armados y listas de verificación.
Las cifras operativas impresionan: más de 280 cámaras de vigilancia clandestinas desmanteladas, decomisos de armas largas y cortas, droga empaquetada para distribución, combustible robado y vehículos con reporte de robo.
Pero también, detenciones estratégicas de mandos medios y operadores logísticos de las organizaciones criminales que alimentaban la espiral de violencia.
En colonias de Villahermosa como Tamulté y Gaviotas, los vecinos comenzaron a notar el cambio. Las cortinas de las tiendas se bajaban más tarde, los mercados recuperaban clientela y los taxis volvían a circular de noche.
“Es la primera vez en años que vemos patrullas juntas, con soldados y policías, no cada quien por su lado”, relató un comerciante del centro. El mensaje era claro: la autoridad había recuperado la calle.
ESTADÍSTICA EN DESCENSO
El cambio no solo se sintió en las calles: se vio en los números. A partir de febrero, la gráfica de homicidios dolosos en Tabasco dejó de apuntar hacia arriba y comenzó una caída sostenida. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario pasó de 3.21 homicidios en febrero a 1.65 en julio de 2025, una baja del 48.6% en apenas cinco meses.
El contraste con el cierre de 2024 es drástico. En noviembre de ese año, el promedio diario rondaba los 3.5 asesinatos, en un contexto de guerra criminal y ausencia de control territorial. Para marzo, ya bajo la estrategia combinada de fuerzas federales y estatales, el indicador había descendido a 2.6 casos diarios, y se mantuvo en descenso constante hasta alcanzar el punto más bajo en julio.
La magnitud de la mejora adquiere otra dimensión si se compara con la media nacional: mientras el país redujo en torno al 25% sus homicidios en el mismo periodo, Tabasco duplicó ese ritmo de descenso. La entidad dejó de figurar entre las más violentas y se ubicó en un rango que no tenía desde hacía años, fuera del radar rojo del mapa criminal.
SEGURIDAD CON RAÍZ
El gobierno de Javier May entendió que el blindaje de Tabasco no podía sostenerse solo con patrullajes. En paralelo a la ofensiva contra los grupos criminales, se puso en marcha un paquete de acciones sociales y de infraestructura que buscaban atacar las causas de la violencia.
Catorce programas sociales operaban en el estado, con una derrama económica de más de 6 mil millones de pesos y la creación de 38 mil empleos, muchos de ellos en comunidades que hasta hace poco eran semillero de reclutamiento criminal.
La agenda incluyó más de 200 obras públicas —desde carreteras hasta espacios recreativos— con una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos.
En materia de infraestructura para la seguridad, el anuncio estrella fue el Centro de Comando C5, diseñado para integrar inteligencia, monitoreo en tiempo real y coordinación entre corporaciones.
A ello se sumó la rehabilitación del penal federal de Huimanguillo, una pieza clave para albergar a internos de alta peligrosidad sin riesgo de fugas o control criminal interno.
El sector empresarial, que meses antes cerraba filas por miedo, ahora lo hacía por convicción: “Con seguridad hay inversión, y con inversión hay empleo; es un círculo que nos conviene a todos”, resumió un dirigente de cámara. La ecuación de la paz se escribía con armas… pero también con trabajo.
PAZ EN CONSTRUCCIÓN
El descenso en homicidios en Tabasco es, para las autoridades, una victoria que sabe a comienzo. La experiencia reciente del país muestra que las caídas rápidas en la violencia pueden revertirse si se afloja el control territorial o si los grupos criminales se reagrupan bajo nuevas siglas.
Analistas de seguridad en Tabasco advierten que el reto no es solo mantener las cifras bajas, sino consolidar un ecosistema de justicia, inteligencia y prevención sincronizadas.
El Centro de Comando C5 será tan eficaz como lo permita la rapidez en procesar información de seguridad y actuar sobre ella. Los programas sociales en Tabasco tendrán que demostrar que pueden reducir, en el largo plazo, la base de reclutamiento criminal.
El gobierno de Javier May sabe que la legitimidad ganada por la estrategia de seguridad se puede evaporar tan rápido como llegó.
De ahí que las reuniones periódicas del gabinete de seguridad y el sector empresarial de Tabasco se mantengan como válvula de presión y termómetro de confianza. La consigna, repetida en voz baja por mandos operativos, es clara: “Ni un centímetro devuelto”.
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UN NUEVO PISO
La caída del 48.6% en homicidios en Tabasco es más que un indicador: es un piso sobre el que se construye una nueva narrativa de seguridad para el estado. Ya no solo se habla de cifras rojas y colonias sitiadas, sino de una estrategia de seguridad en Tabasco que —al menos por ahora— ha dado resultado y que podría servir como modelo de seguridad para otras regiones del país.
Para las familias tabasqueñas que vivieron el terror de 2024, el cambio se mide en cosas simples: caminar de noche sin miedo, ver a los hijos jugar en el parque, escuchar música en la esquina sin que alguien grite “ahí viene la patrulla” como señal de alerta.
El desafío es no caer en la autocomplacencia. La paz en Tabasco, aquí, no es una meta alcanzada, sino una obra en proceso. Y como toda obra, necesita mantenimiento constante, vigilancia atenta y voluntad política. Tabasco ha demostrado que puede torcerle el brazo a la violencia; ahora deberá demostrar que puede mantenerlo inmovilizado.
SIN RETORNO
En el mapa criminal de México, Tabasco ya no es el mismo punto rojo que fue a finales de 2024. La caída del 48.6% en homicidios se ha convertido en un símbolo que el gobierno de Javier May exhibe como credencial y que la Federación toma como caso de éxito en seguridad.
Pero más allá de las gráficas de homicidios y las comparecencias, el verdadero logro se mide en la normalidad recuperada: niños jugando en las calles, mercados abiertos hasta tarde, comerciantes que ya no esconden la mercancía detrás de cortinas metálicas.
Esa normalidad, sin embargo, es frágil. El crimen organizado no se jubila: se repliega, se reconfigura y espera la oportunidad de volver. Por eso, la lección que deja este semestre es que la paz en Tabasco se gana todos los días y se pierde en un descuido.
Tabasco ha demostrado que es posible torcer la estadística criminal y doblegar la curva de la violencia. Lo que queda por demostrar es si, esta vez, el retroceso será definitivo. Porque aquí, cuando la muerte retrocede, nadie quiere volver a verla de frente.
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