CDMX.— En la superficie, el cambio parece terso: una carta de renuncia, una embajada en “país amigo” y un relevo votado sin sobresaltos en el Senado. Pero visto desde la lógica de la seguridad y del crimen organizado, el relevo en la FGR no es un trámite administrativo: es el cierre abrupto del ciclo Alejandro Gertz Manero y la entrada de un bloque político–operativo encabezado por Ernestina Godoy y respaldado por el eje Claudia Sheinbaum–Omar García Harfuch.
Detrás del discurso de “ética” y “sentido de justicia” hay un mensaje directo a los mercados criminales: la Fiscalía deja de girar alrededor de los pleitos personales del fiscal saliente y se alinea, por primera vez en años, con la agenda de seguridad del gobierno federal.
La secuencia de las últimas 48 horas mostró más tensión de la que admite el boletín oficial. La mañana de ayer, en reuniones privadas, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, comunicó a los líderes parlamentarios que la salida de Gertz era un hecho consumado y que había un ultimátum: renunciar antes de las 14:00 horas o enfrentar un proceso de remoción por incumplir con la entrega de informes anuales a la Cámara Alta.
La renuncia llegó casi tres horas después del plazo, al filo de las 17:00, con una justificación que el propio Senado convirtió en “causa grave”: la propuesta de la Presidenta para enviarlo como Embajador a Alemania. Lo que en los hechos fue un acuerdo político se disfrazó de necesidad jurídica.
En paralelo, se movió la pieza clave del ajedrez. Antes de que los senadores votaran, Gertz nombró a Ernestina Godoy en la Fiscalía Especial de Control Competencial, cargo que la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) establece como suplente natural del titular.
Así, su salida dejó sembrada a quien ahora será encargada del despacho y podrá competir, si lo decide, por el nombramiento definitivo de nueve años. En el Pleno, la operación tuvo doble narrativa: mientras el priista Manuel Añorve sentenciaba que “esto no es renuncia, es una instrucción, un manotazo, un sello de un Gobierno como Morena”, el morenista Ricardo Monreal vendía el movimiento como un “relevo institucional” que “reoxigena” a la FGR y pidió “confiar” en que las cosas saldrán bien.
La Presidenta Claudia Sheinbaum puso el marco político. Reconoció a Godoy como “mujer extraordinaria, honesta, de muchas convicciones”, subrayó que ya probó resultados cuando fue Fiscal de la Ciudad de México y, sobre todo, planteó la hoja de ruta: la FGR debe entrar a un proceso de transformación, ser “más transparente” y concentrarse en tres frentes concretos: huachicol, factureras y redes delictivas de alto impacto. No es un ajuste menor: en el corazón del sistema de justicia se está moviendo el eje de las prioridades, de los enconos personales a las finanzas criminales.
EL EXPEDIENTE GERTZ
La salida de Gertz Manero, a los 86 años, no sólo clausura un periodo; exhibe el costo de haber construido una fiscalía alrededor de un solo hombre. Egresado de la Escuela Libre de Derecho, jefe de la Operación Cóndor en los años 70, primer Secretario de Seguridad Pública federal con Vicente Fox y fiscal autónomo desde 2019, Gertz acumuló poder, rencores y escándalos a partes iguales. La institución que debía ser contrapeso terminó arrastrando su biografía.
En la memoria pública no quedan grandes golpes contra el crimen organizado, sino episodios que minaron su legitimidad: la acusación por homicidio contra Laura Morán y Alejandra Cuevas, cuñada y sobrina política, con una prisión que la Corte terminó corrigiendo; la guerra abierta con el ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, que lo acusó de convertir a la FGR en “aparato de venganzas personales”.
Las filtraciones de audios donde discutía proyectos de sentencia con un ministro de la Corte; las críticas por presunto plagio académico documentadas por Guillermo Sheridan y su accidentado ingreso al Sistema Nacional de Investigadores; la exhibición de un patrimonio inmobiliario de alto lujo —departamentos en Nueva York, Los Ángeles, París, Madrid, Ibiza— que erosionó el discurso de austeridad.
Su estilo de conducción también dejó huella. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Gertz hizo evidente que la “autonomía” era relativa: aparecía con frecuencia en las mañaneras, alineaba sus silencios y sus investigaciones a los tiempos políticos y, al mismo tiempo, activaba viejos expedientes personales.
La carta pública de Scherer, padre e hijo, sintetizó la crítica: la Fiscalía se torcía para castigar “enemigos” y proteger aliados. En materia de crimen organizado, los grandes pendientes quedaron a la vista: fragmentación en la persecución de cárteles, poca claridad sobre las investigaciones financieras y escasa transparencia sobre casos emblemáticos.
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LA NUEVA FISCAL Y LA AGENDA
Con ese contexto, la llegada de Ernestina Godoy no es neutra. Es una de las figuras de mayor confianza de Sheinbaum: fue procuradora y luego fiscal de la CDMX entre 2018 y 2024, diputada, senadora y, hasta ayer, consejera jurídica de la Presidencia.
En la capital construyó, junto con Omar García Harfuch, un modelo de investigación que combinó inteligencia operativa, trabajo de campo y seguimiento financiero a bandas de secuestro, extorsión y narcomenudeo. Es esa lógica la que ahora se pretende trasladar a escala nacional.
Sheinbaum fue precisa al trazar prioridades. El contrabando de combustible es el primer objetivo: no sólo el robo en ductos y tomas clandestinas, sino las redes de transporte, almacenamiento y lavado de recursos que han permitido al huachicol convertirse en una caja chica de cárteles y redes político–empresariales.
La otra prioridad son las factureras, empresas utilizadas para evadir impuestos y desviar recursos públicos mediante facturas falsas. La Presidenta lo definió como un “desfalco al pueblo de México” y dejó claro que no bastan las acciones administrativas del SAT: la FGR debe llevar esos casos a jueces, con expedientes que soporten sentencias.
En su primer mensaje, Godoy habló de “ética, firmeza y profundo sentido de justicia”. Traducido al terreno de seguridad, eso significa algo concreto: carpetas bien integradas, mandamientos ministeriales cumplidos y coordinación efectiva con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y con el Poder Judicial.
La política de cero impunidad, repetida por Sheinbaum, sólo será verificable si la nueva Fiscalía rompe con la práctica de archivar casos sensibles, dosificar información o utilizar expedientes para presionar adversarios.
Al pueblo de México:
— Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) November 28, 2025
Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia… pic.twitter.com/6ODsDJCgOI
LOS NUEVOS OPERADORES
El giro también se ve en los nombramientos operativos. Dos perfiles cercanos a García Harfuch tomaron posiciones clave: Héctor Elizalde Mora quedó al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) —que agrupa a más de 4 mil 500 policías investigadores y mandos operativos— y César Oliveros Aparicio encabeza la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), responsable de delitos de hidrocarburos, secuestro, derechos de autor y robo de vehículos, entre otros.
Elizalde llega con un largo historial en áreas de inteligencia y mandamientos judiciales: dirigió áreas de Operación e Inteligencia en la extinta Policía Federal durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fue Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en la FGR entre 2016 y 2019 y, más tarde, se integró a la Policía de Investigación capitalina bajo el mando de García Harfuch y la gestión de Godoy. Su reto será ordenar una AIC desgastada, con mandos cuestionados y una fuerza operativa que ha trabajado, por años, con prioridades contradictorias.
Oliveros es un cuadro formado en investigaciones de alto impacto: en la CDMX encabezó la Coordinación de Delitos de Alto Impacto y la Fiscalía Antisecuestros, y fue Fiscal de Alto Impacto en Tabasco.
En la SSPC federal fungió como jefe de la Unidad de Análisis Estratégico. Su nombre, sin embargo, no llega limpio: estuvo involucrado en el caso de escuchas ilegales revelado por The New York Times en 2023, cuando entre agosto de 2021 y febrero de 2023 envió al menos 14 oficios a Telcel —sin orden judicial— para obtener registros telefónicos de políticos de distintos partidos. En su declaración patrimonial de 2024 reportó una casa y tres terrenos por 4.3 millones de pesos y deudas por 10.3 millones, principalmente hipotecarias.
Fuentes consultadas han subrayado, además, que la investigación contra Ricardo Rocha, dueño de Miss Universo y señalado por huachicol, tráfico de armas y delincuencia organizada, no fue integrada desde el área a cargo de Oliveros, lo que revela tensiones internas en la manera de armar expedientes de alto perfil.
Para Godoy, el desafío será doble: aprovechar la experiencia operativa de estos mandos y, al mismo tiempo, marcar distancia frente a prácticas de espionaje político o uso discrecional de la inteligencia. Si la nueva línea de mando no rompe con esos vicios, la promesa de transparencia quedará en discurso.
LAS LECTURAS DE PODER
El carácter del movimiento se entiende mejor si se conecta con el tablero político. El Senado no retiró a Gertz por su deficitaria gestión, por los retorcimientos de la ley en casos personales o por el pobre saldo en combate a la corrupción. Lo sacó por una “causa grave” convenientemente definida: la continuidad en el servicio público a través de la embajada. La recompensa diplomática funciona como blindaje y como mensaje: el sistema protege a quien podría haber terminado bajo investigación.
Al mismo tiempo, el relevo exhibió las dificultades de la Presidencia para operar en un Congreso donde subsisten enclaves del poder anterior. Fue necesaria la intervención de Adán Augusto López, un operador con sus propias controversias y con expediente político abierto por sus años en Tabasco, para destrabar resistencias reales o simuladas del fiscal.
En los pasillos de la política circularon hipótesis: que el detonante fue la filtración del expediente contra el empresario de Miss Universo; que pesaron desacuerdos sobre investigaciones como la de La Barredora en Tabasco. Nada de eso está probado públicamente, pero sí muestra algo: Gertz terminó aislado frente a un bloque político que ya no lo necesitaba.
Para Claudia Sheinbaum, el movimiento tiene doble filo. Por un lado, marca un primer deslinde visible de la herencia de López Obrador: “no más Gertz”, el fiscal transexenal que AMLO quiso dejar amarrado hasta 2028.
Por otro, abre el debate sobre la verdadera autonomía de la FGR bajo Godoy, pieza claramente identificada con el primer círculo presidencial. Monreal intentó despejar esa duda al describirla como “mujer autónoma, profesional, incapaz de corromperse o aceptar sobornos de grupos criminales o de cuello blanco” y al pedir confianza en el proceso. La credibilidad de esa promesa dependerá menos de las declaraciones y más de las carpetas que lleguen a tribunales.
En términos de seguridad, el mensaje es claro: el gobierno federal quiere una Fiscalía alineada con su estrategia, enfocada en las finanzas del crimen y en las redes de evasión fiscal, y dispuesta a coordinarse con un Poder Judicial también en transición. Pero el país ha visto otros relevos que prometían lo mismo y terminaron capturados por los intereses del momento. Si la FGR deja de ser oficina de venganzas y se convierte en un brazo técnico eficaz del Estado, el relevo en la FGR habrá valido la pena. Si no, sólo se habrá cambiado de dueño al mismo aparato.
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