El árbitro electoral sacó tarjeta roja a Unión Democrática por Tabasco. Por unanimidad, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco ratificó la negativa de registro como partido político local a la agrupación encabezada por Humberto de los Santos Bertruy.
La decisión se tomó en una sesión extraordinaria urgente, con un nuevo acuerdo mediante el cual el IEPCT respondió a la sentencia del Tribunal Electoral de Tabasco. El sentido no cambió: el registro volvió a ser negado. Lo que cambió, según la autoridad electoral, fue la forma de sostener jurídicamente esa negativa.

La presidenta del Instituto, Elizabeth Nava Gutiérrez, explicó que el nuevo dictamen fue reforzado para atender lo ordenado por los magistrados electorales. De acuerdo con su versión, se robustecieron los argumentos sobre la cuantificación de asambleas, el impacto de las actividades realizadas y el conocimiento de los documentos básicos por parte de los afiliados.
En términos simples: el IEPCT no movió el marcador. Lo reafirmó. Si el primer acuerdo fue revocado porque el Tribunal consideró que no estaba suficientemente fundado y motivado, el nuevo dictamen intenta cerrar ese hueco sin cambiar el resultado.
Pero el silbatazo no terminó el partido. La propia presidenta del IEPCT reconoció que, una vez notificado el acuerdo, Unión Democrática conserva su derecho de volver a impugnar. Eso abre otra fase de la cadena jurisdiccional.
Mismo marcador
El nuevo acuerdo mantiene la misma conclusión que el dictamen original: Unión Democrática por Tabasco no obtiene el registro como partido político local. La diferencia está en que ahora el Instituto asegura haber explicado mejor las razones.
El TET no había ordenado entregar el registro a la agrupación de Bertruy. Lo que hizo fue revocar el acuerdo anterior y exigir una resolución más exhaustiva, fundada y motivada. A partir de ahí, el IEPCT estaba obligado a responder de nuevo, no necesariamente a cambiar el sentido de su decisión.
Eso fue lo que hizo el Instituto: sostuvo la negativa, reforzó el análisis sobre asambleas y defendió que las irregularidades detectadas tienen peso suficiente para impedir el nacimiento del nuevo partido local.
La pregunta, ahora, es si ese segundo dictamen resistirá una nueva revisión. Si Bertruy impugna, el expediente ya no será evaluado sólo por su conclusión, sino por la calidad de los argumentos con los que el árbitro electoral volvió a cerrar la puerta.
Qué cambió y qué no cambió
El IEPCT mantuvo la negativa a Unión Democrática por Tabasco, pero afirma que el nuevo acuerdo fue reforzado para cumplir la sentencia del Tribunal Electoral.
- La negativa de registro a Unión Democrática por Tabasco.
- El sentido original del dictamen del Instituto.
- La decisión unánime del Consejo Estatal.
- El rechazo a constituirla como partido político local.
- La posibilidad de que la organización vuelva a impugnar.
- La fundamentación del nuevo acuerdo.
- La motivación jurídica de la negativa.
- La explicación sobre la cuantificación de asambleas.
- El análisis del impacto de las actividades observadas.
- El tratamiento de los documentos básicos ante afiliados.
Del festejo al enojo
La nueva negativa cambió el tono de Humberto de los Santos Bertruy. Si antes había presentado la resolución del Tribunal Electoral de Tabasco como un paso favorable para su organización, ahora colocó al propio Tribunal y al IEPCT en el centro de sus acusaciones.
En entrevista con Telerreportaje, el ex alcalde de Centro acusó una presunta colusión entre el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral para impedir que Unión Democrática por Tabasco obtenga el registro como partido local.
El giro es relevante. Bertruy pasó de celebrar al Tribunal a denunciar que el Tribunal y el Instituto estarían alineados para cerrarle el paso. También llevó el expediente al terreno político al señalar al gobierno estatal como interesado en impedir la participación electoral de su agrupación.
Sus dichos deberán probarse en las instancias correspondientes. Pero políticamente ya movieron el eje del caso. La discusión dejó de ser únicamente técnica —asambleas, fiscalización, documentos básicos— y se convirtió también en una disputa sobre la credibilidad del árbitro electoral y del órgano jurisdiccional local.

La cancha federal
Bertruy adelantó que llevará el caso a tribunales federales. Su apuesta ya no se limita al terreno local: buscará que la negativa del IEPCT y la actuación del TET sean revisadas en una instancia superior.
La ruta puede ser larga. Primero deberá notificarse formalmente el nuevo acuerdo. Después, Unión Democrática podrá impugnar. El caso podría volver al Tribunal Electoral local y, dependiendo de lo que ahí se resuelva, escalar a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e incluso a la Sala Superior. En lenguaje futbolero: el árbitro local ya mostró la roja, pero Bertruy pedirá revisión en otra cancha.
El exalcalde también adelantó parte de sus argumentos. Cuestiona que se haya reconocido interés jurídico a Morena para intervenir en el expediente; objeta la forma en que el Tribunal utilizó criterios jurisprudenciales, y sostiene que debía analizarse primero si el Instituto local tenía competencia para fiscalizar a organizaciones que buscan constituirse como partido político local, o si esa tarea correspondía al INE.
Ese punto puede ser clave. Si en tribunales federales se abre la discusión sobre competencia fiscalizadora, una parte de las observaciones utilizadas por el IEPCT podría revisarse bajo otro enfoque. Ahí estará una de las apuestas jurídicas de Unión Democrática.
La cadena que viene
El IEPCT ratificó la negativa de registro a Unión Democrática por Tabasco, pero el expediente puede avanzar hacia una nueva revisión jurisdiccional.
Impugnación
La agrupación puede controvertir la nueva negativa de registro.
Revisión local
El caso puede volver al Tribunal Electoral de Tabasco.
Sala Regional
La resolución local puede escalar al Tribunal Electoral federal.
Sala Superior
Eventualmente, el expediente podría llegar a la última cancha electoral.
La zona incómoda
La nueva negativa tampoco borra otra pregunta que ya rondaba el expediente: la de la confianza pública en quienes participan en la decisión.
En ese punto aparece Vladimir Hernández Venegas, consejero del IEPCT, cuyo antecedente laboral en el Ayuntamiento de Centro vuelve políticamente sensible su intervención en un expediente encabezado por Humberto de los Santos Bertruy, exalcalde de ese municipio.
El dato está documentado. Un directorio institucional de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Centro ubica a Vladimir Hernández Venegas como Subdirector de Análisis Jurídico, dentro de una estructura municipal correspondiente al periodo 2013-2015.
Ese antecedente no prueba, por sí mismo, un conflicto de interés legal. Tampoco basta para afirmar que exista una falta administrativa. Pero sí abre una zona de sensibilidad pública: cuando una decisión electoral involucra a un actor político con el que hubo coincidencia institucional previa, la autoridad debe cuidar no sólo la legalidad, sino también la percepción de imparcialidad.
La pregunta es inevitable: ¿debió explicarse públicamente si ese antecedente generaba o no impedimento? ¿Era suficiente votar el acuerdo sin despejar esa duda? En política electoral, las formas también pesan. Y cuando el expediente ya está cruzado por acusaciones de colusión, cualquier antecedente no explicado se vuelve combustible.
Árbitro caro
El caso golpea otro flanco: el costo institucional del árbitro electoral. El IEPCT no es una oficina menor. Es un organismo con presupuesto público, estructura directiva, consejerías bien remuneradas y una solicitud de ampliación presupuestal cercana a los 30 millones de pesos para gasto ordinario.
El punto no es que el Instituto cueste. Los órganos electorales requieren recursos, personal técnico y capacidad operativa. El problema aparece cuando una institución de ese tamaño produce acuerdos que deben rehacerse por deficiencias de fundamentación, motivación o exhaustividad.
Ahora el Instituto sostiene que corrigió esa falla. Pero el nuevo acuerdo será medido con una vara más alta. Si Unión Democrática vuelve a impugnar, los tribunales no sólo revisarán el sentido de la negativa, sino si el IEPCT logró justificarla con la solidez que se espera de un árbitro electoral profesional. En pocas palabras: un árbitro que cuesta millones no sólo debe sacar la tarjeta. Debe explicar por qué la sacó.
Costo del árbitro
El IEPCT ratificó la negativa a Unión Democrática mientras carga con una exigencia mayor: sostener jurídicamente sus acuerdos ante un presupuesto público elevado.
2027 en juego
La pelea por Unión Democrática por Tabasco no es un trámite aislado. En el fondo, se discute la posibilidad de que un nuevo partido local entre al tablero político rumbo a los próximos comicios.
Un partido local implica prerrogativas, estructura territorial, representación, tiempos políticos y capacidad de negociación. No es sólo una sigla en una boleta: puede convertirse en plataforma electoral, vehículo de presión y ficha de intercambio en una elección competida.
Por eso el caso de Bertruy importa más allá del expediente administrativo. El exalcalde de Centro no es un actor improvisado. Tiene historia política, redes locales y oficio para convertir una negativa electoral en narrativa de agravio.
Si logra llevar el caso a tribunales federales, el debate saldrá del control político local. Y si ahí obtiene una resolución favorable, el golpe no sólo sería jurídico para el IEPCT: también sería político para las instituciones que hoy sostienen la negativa.
Pero si el nuevo acuerdo resiste, el mensaje será distinto: el árbitro electoral habrá logrado sostener su decisión después de una primera revocación, aun bajo presión pública y acusaciones directas de colusión.
Sigue el partido
El IEPCT ya mostró la tarjeta roja: Unión Democrática por Tabasco no obtiene el registro como partido político local.
Pero Humberto de los Santos Bertruy no abandonó la cancha. Acusó colusión entre el árbitro electoral y el Tribunal local, señaló intereses políticos detrás de la negativa y anunció que llevará el expediente a tribunales federales.
La decisión local ya está tomada. Lo que sigue es saber si el nuevo dictamen, ahora reforzado, resiste el silbatazo de una instancia superior. Porque el partido no terminó con la votación del Consejo Estatal. Apenas cambió de cancha.
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