Homicidios caen 37% en Tabasco tras el año más violento de su historia

En Comalcalco ya no se cuentan los muertos como se contaban hace dos años. En Cárdenas, en Paraíso, en Centla, las cifras oficiales confirman lo que empezaba a sentirse en la calle: la violencia homicida perdió fuerza. No es una percepción aislada ni un dato suelto; es el resultado de un ejercicio comparativo que la propia Fiscalía General del Estado sostiene con expedientes abiertos, carpeta por carpeta, municipio por municipio.

El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Francisco Javier Zúñiga Hernández, presentó en rueda de prensa el balance de resultados con corte al 30 de junio de 2026. Comparó el comportamiento delictivo del mismo trimestre entre 2024, 2025 y 2026, y llegó a una cifra que se convirtió de inmediato en el titular político del día: la reducción general de homicidios dolosos en la entidad se ubica en 37 por ciento.

No obstante, el funcionario no se quedó en el número global; desglosó la estadística municipio por municipio, con nombre, cifra y porcentaje, para que el dato no se disolviera en la abstracción.

El corte municipal: quién bajó y cuánto

“Al menos 13 municipios redujeron su incidencia en homicidio doloso”, detalló Zúñiga Hernández ante los medios. Centla encabeza la lista con la caída más pronunciada, de más del 81%, al pasar de 11 homicidios a apenas 2 en el periodo comparado. Le siguen Comalcalco, que bajó de 66 a 21 casos; Jonuta, de 6 a 2; Cárdenas, de 49 a 20; Paraíso, de 23 a 10; y Tacotalpa, de 4 a 2. El funcionario también incluyó a Centro, el municipio más poblado y el que concentra el mayor número absoluto de víctimas, con un descenso de 206 a 131 homicidios.

La lista continúa con Macuspana (de 9 a 6), Teapa (de 12 a 8), Tenosique (de 13 a 9), Cunduacán (de 37 a 26), Jalapa (de 7 a 6) y Nacajuca (de 22 a 21). Además, indicó el secretario, Balancán se mantuvo estable, con un solo homicidio doloso registrado en el semestre.

Trece municipios con tendencia a la baja, en un estado de diecisiete, es una proporción que el propio SESESP subraya como el eje central de su mensaje: la violencia no cede de manera uniforme, pero sí de manera mayoritaria.

Los tres municipios que rompen el patrón

Por otro lado, no todo el mapa estatal se mueve en la misma dirección. “Huimanguillo tuvo un ligero incremento de dos homicidios dolosos, lo que representa el 5.41%”, precisó Zúñiga Hernández, en el único señalamiento del funcionario que reconoció explícitamente un retroceso. A ese municipio se suman Jalpa de Méndez, con cuatro homicidios dolosos más en el periodo, y Emiliano Zapata, que pasó de un homicidio a dos.

En este sentido, el patrón geográfico no es casual. Huimanguillo y Cárdenas están en la franja donde, según reportes de inteligencia filtrados desde 2022, La Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantuvieron durante años una disputa por el trasiego de combustible y el control de rutas hacia la Chontalpa.

La disputa entre los otrora aliados CJNG y La Barredora fue la principal razón del incremento de la violencia en Tabasco, con episodios que incluyeron bloqueos, quema de vehículos y ejecuciones en lugares públicos. Que hoy esos municipios muestren comportamientos mixtos no es un dato menor: es la cicatriz todavía abierta de esa guerra.

Otros delitos: la extorsión, la excepción incómoda

Asimismo, el SESESP amplió el balance más allá del homicidio doloso. “De otros delitos del fuero común, podemos también observar disminución en cinco de seis delitos analizados”, indicó Zúñiga Hernández. En feminicidio, la baja es de 50%, al pasar de 16 a 8 víctimas. El secuestro cae 30.43%, de 23 a 16 casos. El robo a casa habitación se reduce 25.88%, de 313 carpetas a 232. El robo a vehículo baja 23.56% y el robo a transeúnte, 10.89%.

La excepción es la extorsión, que registró un incremento del 50 por ciento. “Esto derivado de lo que ya hemos manifestado en el cambio en la normatividad, lo cual permite un mayor flujo de denuncias”, explicó el funcionario, atribuyendo el alza no a más delito sino a más denuncia.

Sin embargo, ese mismo argumento —el cambio normativo que “libera” cifras— es el que un académico consultado por medios nacionales usó meses atrás para cuestionar si la reducción de homicidios reflejaba una mejora real o un ajuste metodológico en el conteo.

Un académico señaló que, pese al desmembramiento de La Barredora, no se notaba una disminución clara en la incidencia delictiva de Tabasco, lo que sugiere que la desarticulación de personajes específicos no basta si no va acompañada del desmantelamiento de las redes de complicidad. Por ello, la lectura oficial y la lectura académica no siempre coinciden en el mismo punto de origen.

La reaprehensión que blinda el discurso de “cero impunidad”

Mientras se difundían las cifras de seguridad, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó otro golpe mediático: la reaprehensión de Fermín “N”, quien se había evadido en marzo del Centro de Reinserción Social del municipio de Centro.

La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca informó que se formuló imputación contra ocho servidores públicos por los delitos de Evasión de Presos y Coalición de Servidores Públicos, aunque aclaró que ello “no implica un pronunciamiento anticipado sobre su responsabilidad penal, la cual será determinada exclusivamente por la autoridad judicial”.

Ramsés Obeed Corona, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, detalló en rueda de prensa que el interno, procesado por narcomenudeo, se evadió durante el horario de visitas acompañado de una mujer que presuntamente colaboró para facilitar su salida a través de los distintos filtros de seguridad.

Las investigaciones apuntan a que personal del área de Seguridad y Custodia habría omitido cumplir sus funciones en cada punto de control. Ante Zúñiga Hernández y el comisionado de la Policía Estatal, Omar Castañeda Ríos, se informó que de las órdenes de aprehensión giradas el 30 de abril, seis ya se cumplimentaron y dos permanecen pendientes; el plazo de cierre de la investigación complementaria concluye en septiembre de 2026.

Al momento de su captura, a Fermín “N” le fue asegurada un arma de fuego que, sumada a otra decomisada en un operativo previo, lo vincula con al menos nueve homicidios bajo investigación. La FGE había ofrecido 500 mil pesos de recompensa por información que condujera a su localización.

La SSPC, por su parte, sostuvo que colaboró “de manera absoluta” con la FGE y que ha realizado cambios para fortalecer el sistema penitenciario estatal, en un episodio que, aunque distinto en naturaleza, refuerza el mensaje de control institucional que el gobierno estatal busca proyectar junto con las cifras de homicidio a la baja.

De dónde viene la baja: el año que rompió todos los récords

Para entender el peso político de un 37% de reducción hay que mirar hacia atrás, hacia el punto de partida. Tabasco no bajaba de un nivel cualquiera: bajaba del año más violento de su historia moderna. En 2021, último año de gobierno de Adán Augusto López, se registraron 451 homicidios dolosos; en 2022, ya con Carlos Merino Campos al frente, la cifra bajó a 328, y en 2023 continuó a la baja con 253 casos. Ese trienio a la baja alimentó, durante meses, el discurso de que Tabasco era una entidad relativamente segura frente al resto del país.

Todo cambió en 2024. Los datos oficiales muestran la trayectoria completa: 569 muertos en 2018, 691 en 2019, 585 en 2020, 453 en 2021, 354 en 2022 y 253 en 2023, hasta que 2024 registró un récord histórico de 894 víctimas, un salto que distintos medios calcularon entre 202% y 353% respecto al año anterior, según la metodología y el corte de fecha utilizados.

En este sentido, el propio gobernador Javier May Rodríguez reconoció públicamente, meses después, que la organización criminal La Barredora operaba desde dentro del aparato de seguridad estatal. En una conferencia de prensa preguntó a los reporteros: “Todos saben (aquí era vox populi) quién comandaba ‘La Barredora’, ¿o no sabemos?”, y al mencionarse a Bermúdez Requena, respondió: “Sí, ¿no?”.

El origen de esa espiral, de acuerdo con análisis especializados, combina dos factores. Por un lado, la ruptura de una alianza criminal: el Cártel Jalisco Nueva Generación había utilizado a La Barredora, una célula desprendida de los Zetas, para incursionar en Tabasco, apoyándola con armas y dinero hasta que, en 2024, decidió introducir sus propias células para tomar el control directo del territorio, lo que detonó la violencia.

Por otro, la infiltración institucional: las autoridades identificaron a La Barredora como una célula del CJNG cuyo líder habría sido el propio secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, nombrado en el cargo por Adán Augusto López y hoy prófugo de la justicia.

Un descenso que no ha sido lineal ni garantizado

Con todo, la trayectoria hacia la baja tampoco ha sido una línea recta. A inicios de 2026, reportes periodísticos documentaban que, pese a la caída de los liderazgos visibles de La Barredora, la violencia seguía sin ceder del todo.

Estadísticas del SESNSP indicaban un aumento de 35% en homicidio doloso al comparar septiembre de 2025, con 40 víctimas, frente a abril de 2026, con 54. Es decir, el balance que hoy presenta el SESESP con corte a junio llega después de meses en los que la tendencia no era uniformemente descendente, sino que oscilaba mes con mes.

Por ello, el 37% anunciado esta semana no debe leerse como una línea recta desde 2024, sino como el resultado más reciente de una curva que ha subido y bajado, y que ahora vuelve a apuntar hacia abajo. La pregunta que queda abierta —y que el propio caso de Huimanguillo, Jalpa de Méndez y Emiliano Zapata ilustra— es si esa curva se sostiene en el segundo semestre o si, como ya ocurrió antes, el descabezamiento de una célula abre paso a la disputa entre las que quedan.

Tabasco, fuera del top diez de violencia nacional

El contraste estatal cobra sentido dentro del marco nacional. La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el promedio diario de homicidios dolosos a nivel país bajó 48% entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de 86.9 a 45.4 víctimas diarias. “Más allá del número, representa vidas salvadas, representa vidas que no se perdieron, 41 vidas salvadas o que no fallecieron en junio de 2026 frente a septiembre de 2024”, afirmó la mandataria.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, precisó que ocho entidades concentraron 54% de los homicidios dolosos del país durante el primer semestre: Guanajuato (8.8%), Baja California (8.1%), Chihuahua (7.8%), Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz. Tabasco no aparece en esa lista, un dato que el gobierno estatal puede capitalizar políticamente después de haber encabezado, apenas un año antes, los rankings nacionales de incremento porcentual de violencia.

Lo que está en juego rumbo a 2027

La cifra llega en un momento de recomposición del gabinete de seguridad estatal. En mayo, el gobernador May relevó a Serafín Tadeo Lazcano al frente de la SSPC y nombró a Alejandro Leal López, con la consigna declarada de reforzar la calidad del servicio y la proximidad social. Un balance de reducción del 37%, presentado apenas semanas después del cambio de mando, se convierte casi de inmediato en insumo político de cara al proceso electoral de 2027.

No obstante, la memoria reciente de Tabasco —la del año en que la entidad encabezó el incremento nacional de homicidios, la del secretario de Seguridad prófugo, la de las balaceras frente a domicilios oficiales— pesa tanto como cualquier estadística de un solo semestre.

El desafío para el SESESP no es solo sostener la tendencia a la baja en el segundo semestre, sino demostrar que la caída no depende de un ajuste de conteo ni de la calma temporal que sigue a cada golpe a un liderazgo criminal, sino de una desarticulación real de las redes que, según los propios reportes de inteligencia, llegaron a operar desde dentro del gobierno del estado.