Delcy Rodríguez encabeza reunión de gabinete en Miraflores junto a Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, preside una reunión del gabinete en el Palacio de Miraflores. A su lado participan el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López (segundo por la izquierda), y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello (segundo por la derecha), en medio de la crisis política y diplomática que enfrenta el país.

Delcy pide respeto; Trump exige que Venezuela entregue industria petrolera

CARACAS.— Delcy Rodríguez movió primero en el terreno que más le conviene al chavismo cuando está bajo fuego: el relato internacional. Desde redes sociales, la vicepresidenta —ya en condición de presidenta encargada por decisión del Tribunal Supremo de Justicia— le habló directamente a Donald Trump con una invitación que suena a política exterior clásica, pero funciona como respuesta de emergencia: equilibrio, respeto, legalidad internacional y una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido.

La frase “nuestros pueblos merecen la paz y el diálogo, no la guerra” es un mensaje hacia Washington, sí, pero también hacia la región: Caracas intenta encuadrar la crisis como una disputa entre soberanía y unilateralismo.

El llamado de Rodríguez cumple dos objetivos simultáneos. Por un lado, busca instalar la idea de que Venezuela no está cerrando puertas, sino exigiendo reglas, mientras acusa una agresión externa.

Por el otro, intenta reducir la narrativa de “cambio de régimen” a un conflicto de derecho internacional, un terreno donde Estados Unidos se expone a costos políticos. En el mismo texto, Rodríguez reafirma que Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y a su futuro: una enumeración que funciona como línea roja.

La jugada se completó con acto interno: Rodríguez encabezó el primer consejo de ministros con los 34 integrantes del gabinete. Allí, el mensaje es de continuidad administrativa: el Estado sigue, pese al golpe.

La escena apunta a disipar cualquier lectura de vacío de poder y a cerrar filas: si Washington apuesta por el pánico institucional, Caracas responde con institucionalidad aunque sea bajo interpretación forzada.

Ese mismo domingo, además, la calle acompañó el guion: movilizaciones “antiimperialistas” y campaña comunicacional por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, con afiches que contabilizan horas del “secuestro”.

Cuando el gobierno venezolano llama a la unidad y al orden, no solo lo hace por control político; lo hace porque su prioridad inmediata es que el conflicto no se convierta en fractura interna.

Donald Trump habla con reporteros a bordo del avión presidencial durante un vuelo oficial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con reporteros acreditados a bordo del avión presidencial, donde reiteró su exigencia de que Venezuela entregue el control de su industria petrolera y defendió la presión de Washington sobre el gobierno venezolano.

PETRÓLEO COMO CONDICIÓN

Mientras Caracas pide “respeto”, Trump habló en el lenguaje más antiguo de la geopolítica: recursos y control. Según lo narrado, el presidente estadounidense reiteró a Rodríguez su exigencia de que Venezuela entregue el control sobre la industria petrolera.

No es un matiz: es la condición que estructura la presión. Trump lo explicitó ante la prensa con una fórmula cruda —“acceso total”— y lo ató a una idea de mando: Estados Unidos “está a cargo” de dirigir Venezuela, bajo el paraguas de la Doctrina Monroe.

Aquí se ve la arquitectura real del conflicto: no se trata solo de quién gobierna Caracas, sino de quién administra la renta petrolera y quién define con qué actores se asocia la industria energética venezolana.

En esa lógica, el embargo a exportaciones petroleras y la amenaza de una segunda ola de ataques aparecen como instrumentos para forzar una rendición económica más que una ocupación territorial.

Marco Rubio, como secretario de Estado, buscó despegar a Washington del fantasma de Irak o Afganistán: “no es invasión, es operación de arresto”, “no hay fuerzas en tierra”. Pero el corazón del mensaje siguió siendo coercitivo: si no se aceptan las demandas, habrá más castigo.

La contradicción —Trump pide control del petróleo; Rubio dice que no lo necesitan— no reduce el peligro: lo revela. En política exterior, cuando el discurso es confuso, el riesgo crece porque habilita decisiones erráticas o competencia interna por imponer el rumbo.

Por eso, el enfoque petrolero no es un adorno: es la llave que explica por qué Washington endurece el tono y por qué Caracas intenta correr el debate a la legalidad internacional y a la región.

También por eso aparecen los argumentos de “adversarios” (Irán, Rusia, China, Hezbollah): son la justificación para presentar el control de la industria petrolera como asunto de seguridad hemisférica, no de negocios.

En términos prácticos, el petróleo opera como moneda y como excusa: moneda para presionar, excusa para construir consenso doméstico en Estados Unidos.

SEIS MESES, O MÁS

El tercer enfoque noticioso es el más silencioso, pero tal vez el más determinante: el tiempo. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Delcy Rodríguez “asuma y ejerza en condición de encargada” las atribuciones de la Presidencia ante la “ausencia forzosa” de Maduro.

Esa fórmula no es menor: el TSJ evita declarar una falta absoluta —la que obligaría a elecciones en 30 días bajo ciertas condiciones— y se mueve hacia el terreno de la falta temporal, amparándose en una interpretación “sistemática y teleológica” de los artículos 234 y 239 de la Constitución.

El artículo 234 establece que las faltas temporales del Presidente son suplidas por el Vicepresidente hasta por 90 días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por 90 días más.

Ese diseño abre la puerta a que Rodríguez pueda ejercer por seis meses. Y, como el TSJ deja explícito que no decide “de fondo” si la falta es temporal o absoluta, el futuro queda atado a la política: si la Asamblea Nacional no declara falta absoluta al término del plazo, se entra en un terreno de tensión institucional que, en los hechos, puede prolongar el interinato.

Dicho en simple: la sentencia construye un puente para sostener el mando sin elecciones inmediatas. Y ese puente puede volverse más largo si el chavismo mantiene cohesión y control del aparato institucional.

Por eso, cuando algunos hablan de elecciones en 30 días, chocan con una realidad: el TSJ ya diseñó una ruta para evitar ese reloj, y la narrativa oficial insiste en que Maduro “sigue siendo el presidente” aunque esté imposibilitado materialmente para ejercer.

QUÉ QUIERE CADA PARTE

ACTOROBJETIVO INMEDIATOHERRAMIENTAS
Delcy Rodríguez / chavismoLegitimidad externa + continuidad internaDiscurso de legalidad, gabinete en funciones, calle, respaldo militar
Trump / WashingtonConcesión estratégica sobre petróleo y alineamientoPresión política, amenaza de embargo, advertencia de fuerza
TSJ / institucionalidad chavistaComprar tiempo y evitar elecciones inmediatasInterpretación constitucional (234 y 239), cautelar “urgente”

Ese margen temporal explica la disciplina política del chavismo, el respaldo del alto mando militar y la puesta en escena de continuidad. No es solo resistencia; es administración de tiempo. En un conflicto de alta presión, seis meses pueden ser una eternidad.

CLAVE DIPLOMÁTICA

El llamado de Delcy Rodríguez a Trump no busca convencer a Trump: busca construir un expediente político ante el mundo. La frase “convivencia comunitaria duradera” no es casual; es el vocabulario de quien quiere que el conflicto se lea como agresión externa y no como disputa interna. Por eso también se invoca a la región: si la CELAC titubea, la tesis de Caracas es que se normaliza la “ley del más fuerte”.

En ese marco, la respuesta de Estados Unidos se vuelve un problema regional: si Washington se atribuye capacidad de “dirigir” países individuales, el precedente no se queda en Venezuela. Y es ahí donde el chavismo intenta mover el conflicto del campo militar al campo político: obligar a que terceros tomen postura.

La paradoja es brutal: Caracas pide paz mientras muestra músculo callejero; Washington dice no invadir mientras amenaza con fuerza y embargo; el TSJ habla de continuidad administrativa mientras crea una excepción constitucional. Pero esa paradoja no es incoherencia: es la forma que adopta la política cuando se juega el poder bajo presión extrema.

Al final, los tres enfoques se encadenan como una misma historia: Delcy ofrece respeto y legalidad para ganar legitimidad externa; Trump exige petróleo para ganar control material; el TSJ extiende el tiempo para que el chavismo sobreviva al shock y negocie desde una posición menos desesperada. Venezuela no está en “transición”: está en disputa abierta, con el reloj constitucional intervenido por la urgencia.


PUNTO POR PUNTO | Los 3 enfoques, sin perderlos

  1. Delcy a Trump: llamado público a respeto, equilibrio y legalidad internacional; intento de encuadrar el conflicto como defensa de soberanía.
  2. Trump y el petróleo: exigencia explícita de control sobre la industria petrolera; amenaza de embargo y más presión si no hay concesiones.
  3. Presidencia por 6 meses o más: TSJ trata la ausencia como falta temporal, activando la vía del artículo 234 (90+90 días) y dejando abierta una prolongación política.

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