DE PRIMERA MANO · 8 DICIEMBRE 2025 / POR RODULFO REYES
Desde hace por lo menos dos meses, el caso del ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado por las autoridades como líder de La Barredora, está fuera del alcance de los medios: el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 3 de noviembre, ayudó a diluirlo; y la renuncia de hace cuatro semanas del fiscal general Alejandro Gertz Manero terminó por relegarlo al olvido.
Debido a que se encuentra detenido en el penal del Altiplano por los delitos locales de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión, observadores anticipan que su estancia en la cárcel sería leve y podría irse a su casa antes de las elecciones intermedias de 2027.
El 8 de octubre pasado, el llamado Comandante H ganó un amparo definitivo contra la orden de captura por delincuencia organizada, con lo que ya no puede ser juzgado por delitos del fuero federal dentro de ese paquete.
Así, la orden de aprehensión queda suspendida de manera permanente (mientras dure el juicio principal); la suspensión definitiva impide que la autoridad ejecute esa orden de captura. Es decir: no lo pueden detener por esa orden específica, aunque la orden siga existiendo.
Si bien no anula la orden, la congela.
En estos momentos, la autoridad federal queda legalmente impedida de detenerlo por esa causa, presentarlo ante el juez por delincuencia organizada, ejecutar cateos derivados de esa orden y judicializarlo por ese expediente en concreto.
Según especialistas consultados para esta columna, el juez de amparo que lo benefició detectó posibles irregularidades en la orden de aprehensión.
Y es que, se explicó, cuando un juez concede una suspensión definitiva es porque normalmente encuentra que hubo fallas en la fundamentación de la orden, que la FGR no justificó adecuadamente el delito de delincuencia organizada o bien que la orden de aprehensión podría violar sus derechos constitucionales, como legalidad y debido proceso.
En resumen: el caso se está armando de manera que, en un par de años —si no es que antes—, el presunto criminal sea exonerado.
El 24 de septiembre pasado, una autoridad blindó su expediente al declarar bajo sigilo la causa federal que se le sigue, lo cual fue ordenado por un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, que también turnó el caso a la FGR para que investigue la filtración.
Esto ocurrió luego de que se difundieran a medios los puntos resolutivos de la orden de aprehensión (oficio 335/2025-AMRE) contra el ex jefe policiaco.
Al mismo tiempo, autoridades de Tabasco aprobaron la reserva de las declaraciones patrimoniales y de intereses del exsecretario por cinco años. Esa reserva estatal fue aprobada el 23 de septiembre de 2025.
La reserva —no idéntica al blindaje federal, pero sí parte del hermetismo— establece que la información patrimonial no podrá consultarse hasta agosto de 2030.
Para su información…
En Tabasco, donde hay seis secciones del sindicato petrolero que aglutinan a 25 mil trabajadores, no hay duda de que el líder charro Ricardo Aldana Prieto vendió a su gremio para lograr canonjías para sus hijos.
Según una investigación de N+Focus, los hermanos Ricardo y Luis Antonio Aldana Patrón suministraron diésel a la Sedena y otras dependencias federales por al menos 1,614 millones de pesos.
Conocidos como los Juniors del huachicol, habrían gozado de protección del gobierno, y por ese negocio ilícito Aldana cedió derechos laborales históricos.
La preocupación ahora es que la revisión del contrato colectivo sea canjeada por privilegios para los Aldana Jr.
La disidencia petrolera en Tabasco podría prender la mecha que detone el imperio de corrupción del líder y sus hijos.
En el edén político —la tierra del ex presidente Andrés Manuel López Obrador— este movimiento comienza a llamar la atención.
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