Héctor I. Tapia
La política tiene sus propios mecanismos de presión. En ocasiones son discretos, silenciosos; en otras, se ejecutan de manera pública y con precisión quirúrgica. El caso de Adán Augusto López Hernández parece pertenecer a esta segunda categoría.
El jueves 25 de septiembre, la Unidad de Investigación de N+ reveló documentos oficiales que muestran que el senador y ex secretario de Gobernación recibió 79 millones de pesos en transferencias durante 2023 y 2024.
El dinero provino de tres fuentes incómodas: una empresa señalada por el SAT como fantasma (GH Servicios Empresariales), una contratista de su gobierno en Tabasco (Operadora Turística Rabatte) y una compañía con adjudicaciones directas en su sexenio (Capital Cargo del Golfo).
La filtración no fue obra de la casualidad. Las declaraciones fiscales a las que se tuvo acceso son documentos en poder exclusivo del declarante y de la autoridad hacendaria. Es decir, el propio Gobierno Federal abrió el expediente y lo puso en la vitrina mediática más influyente del país.
A diferencia de otras crisis, esta vez no hubo cortina de humo ni defensa institucional: la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una frase seca que en política equivale a un deslinde: “Pues sí, que aclare el senador”.
El apretón fue doble. Por un lado, la exposición pública de los números que no cuadran: en 2023, Adán declaró ante la Secretaría de la Función Pública ingresos por 7 millones de pesos, pero el SAT registró al menos 22 millones.
En 2024, reportó 58 millones al fisco, pero apenas 625 mil pesos al Senado. La distancia entre lo que dijo y lo que aparece en las plataformas oficiales es tan abismal que las justificaciones posteriores —herencias, escrituras, renta de ganado— parecen más coartadas que explicaciones.
NO HUBO BLINDAJE
Por otro lado, el mensaje político: si el escándalo hubiera sido filtrado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo más probable es que la reacción hubiese sido de cobertura total, de negar y blindar. El contraste es evidente. En el nuevo tablero, la presidenta decidió no cargar con el costo de defenderlo. Lo colocó en el terreno donde los aliados escasean y las preguntas se multiplican.
El nuevo apriete no es solo un episodio más en la tormenta que rodea a López Hernández. Forma parte de un proceso escalonado que comenzó hace un año, cuando el gobierno de Tabasco abrió investigaciones contra La Barredora, y que hoy se concreta en la captura de su ex secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, señalado como jefe de ese grupo criminal.
El golpe de septiembre, vía el SAT, demuestra que el cerco no se limita a Tabasco ni al ámbito de la seguridad: ahora se amplía al terreno financiero y patrimonial.
La estrategia parece clara: primero exhibirlo como responsable político de haber protegido a un jefe policial convertido en capo; después, mostrarlo como beneficiario de flujos irregulares de dinero. Ambos frentes, seguridad y finanzas, confluyen en un mismo desenlace: debilitarlo como figura nacional y convertirlo en un pasivo para Morena.
El propio senador, en su conferencia de prensa del 26 de septiembre, intentó dar un contragolpe. Reconoció que había recibido los pagos, pero aseguró que todo estaba registrado ante el SAT.
EXPLICA… Y SE HACE BOLAS
Al hacerlo, sin embargo, se enredó en cifras contradictorias: primero habló de 24 millones en 2024, después de “50 y tantos millones”; al final, presentó copias incompletas de sus declaraciones patrimoniales. La contradicción no hizo sino reforzar la narrativa de que el apretón era real y que sus explicaciones no alcanzaban.
El efecto inmediato fue político, no contable. La frase de Sheinbaum instaló la idea de que ya no hay blindaje presidencial. En la lógica del poder, eso significa que el cerco puede seguir avanzando sin temor a un manotazo que lo detenga. De ahí el carácter estratégico de la filtración: no se trata de un reportaje más, sino de una señal de Palacio Nacional.
En Tabasco y en el Senado, la lectura es la misma: Adán está siendo empujado hacia la salida. El SAT solo es el instrumento más reciente del nuevo apretón. Lo que viene dependerá de cuánto resista, de cuánto decidan sus aliados quedarse con él, y de lo que Bermúdez diga desde el penal del Altiplano.
El hallazgo del SAT, además, exhibe las fallas de quienes operaban la ingeniería fiscal en su equipo. Dos nombres aparecen de manera recurrente: Carlos Enrique Íñiguez Rosique, actual secretario particular del senador y antes responsable de las compras públicas en su gobierno; y Silvia López Hernández, su hermana, señalada como el cerebro financiero del grupo. Ambos son piezas clave de una red que, más que errores contables, parece haber diseñado un esquema para ocultar el origen y el flujo de los recursos.
Declaración fiscal de Adán Augusto 2024: reporta ingresos profesionales millonarios, no patrimoniales. 
Cierre anual 2023 del SAT: Adán Augusto recibió 20.5 millones adicionales. 
Tres versiones de declaración fiscal 2023 muestran discrepancias entre ingresos reportados y registrados. 
Declaración mensual de honorarios 2023 confirma transferencias millonarias en noviembre y diciembre.
DEL CRIMEN AL FISCO
El cerco contra Adán Augusto López Hernández no comenzó con las cifras del SAT. El primer apretón llegó un año antes, cuando el Gobierno de Tabasco abrió investigaciones sobre La Barredora, el grupo criminal encabezado por su ex secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena.
Aquella pesquisa desembocó, un año más tarde, en la captura y vinculación a proceso del ex jefe policiaco por los delitos de secuestro, extorsión y delincuencia organizada.
La captura del llamado Comandante H no solo reveló la existencia de un grupo criminal incubado desde el propio gobierno, La Barredora; también abrió un expediente político que inevitablemente apuntaba hacia quien lo había nombrado y sostenido en el cargo: el entonces gobernador, Adán Augusto.
Ese fue el primer paso. El segundo llegó ahora, con los expedientes fiscales filtrados a Televisa, que muestran transferencias por 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, provenientes de empresas con nexos familiares y con contratos otorgados durante su administración.
El movimiento tiene un sentido claro: de la seguridad al dinero, de lo criminal a lo fiscal. La estrategia es desmontar simultáneamente los dos pilares que sostuvieron la carrera del senador tabasqueño: su ascendencia política y su supuesta honorabilidad económica.
La lógica detrás del apretón es evidente. En el caso de Bermúdez, la acusación fue la de haber tolerado —cuando no apadrinado— que un jefe policial se convirtiera en capo y tejiera vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
NO CUADRAN INGRESOS
En el caso del SAT, la imputación es la de haber recibido recursos millonarios que no cuadran con sus declaraciones patrimoniales, a través de una red de empresas fantasma o contratistas beneficiadas. En ambos frentes, la responsabilidad de Adán no radica solo en lo legal, sino en lo político: el jefe que nombró y sostuvo a Bermúdez, y el funcionario que ahora no puede justificar sus ingresos.
Del crimen al fisco: esa parece ser la hoja de ruta trazada desde Palacio Nacional. Primero, dejar claro que Tabasco fue gobernado con una policía estatal convertida en cártel. Luego, mostrar que las finanzas personales del senador tampoco resisten una auditoría pública. La combinación golpea no solo a Adán, sino también a la narrativa de la Cuarta Transformación que se proclamaba diferente a los gobiernos anteriores.
El simbolismo es inevitable. Si el caso Genaro García Luna exhibió a Felipe Calderón por haber tenido como mano derecha a un secretario coludido con el narcotráfico, el caso Bermúdez apunta a Adán Augusto en la misma dirección: el jefe que toleró o no quiso ver.
Y si los escándalos fiscales de exgobernadores priistas como Javier Duarte o Roberto Borge sirvieron para mostrar el saqueo sistemático, las transferencias de empresas ligadas a Tabasco colocan al notario más exitoso de la entidad en el mismo terreno del descrédito financiero.
El senador ha intentado separar ambas esferas: “yo no sabía lo que hacía Bermúdez” en el ámbito de seguridad; “yo recibí ingresos lícitos por mis servicios profesionales” en el terreno fiscal. Pero las investigaciones las han vinculado con un hilo común: los expedientes no provienen de filtraciones opositoras, sino de las propias instituciones del Estado —la Fiscalía de Tabasco primero, el SAT después—.
Ese detalle cambia todo. Ya no se trata de “ataques externos”, como insiste Adán, sino de un deslinde interno: el sistema al que pertenece lo está empujando hacia afuera.
El crimen y el fisco, juntos, construyen una narrativa devastadora. No es el adversario político quien acusa, sino la maquinaria institucional de la 4T la que empuja. Al presentar pruebas judiciales en un frente y fiscales en otro, el gobierno está cerrando las salidas de un político que alguna vez aspiró a suceder a Andrés Manuel López Obrador y que hoy se sostiene solo en el refugio del fuero.
La operación tiene, además, un efecto colateral: sacude a la bancada de Morena en el Senado y a las estructuras electorales que Adán levantó durante su precampaña presidencial. Cada nuevo apretón, cada filtración, manda un mensaje a sus aliados: permanecer con él tiene un costo. En política, cuando los aliados comienzan a calcular ese costo, el fin se acerca.
EL SENADO ACOTADO
La caída política rara vez ocurre de golpe; suele sentirse primero como pérdida de capacidad de mando. Eso ocurrió con Adán Augusto López Hernández en el Senado de la República.
El 18 de septiembre, la bancada de Morena aprobó un conjunto de cambios internos que, en los hechos, le retiraron el control unipersonal que ejercía sobre presupuesto, comisiones y ruta legislativa. El mensaje no fue menor: mientras afuera avanzaban los expedientes —La Barredora y los 79 millones—, adentro sus propios pares decidieron poner límites.
El ajuste tuvo cuatro piezas. Primera: las decisiones se someterán a voto en urna de los 67 senadores de Morena, lo que elimina el margen de maniobra del coordinador para “planchar” acuerdos en corto.
Segunda: reportes periódicos y detallados del uso del presupuesto del grupo parlamentario; ya no bastan informes generales. Tercera: supervisión de medidas de austeridad por parte de la bancada, no solo de la coordinación.
Cuarta: pérdida del control directo en la designación de presidencias de comisiones, un resorte clave para tejer lealtades. En conjunto, los cambios dibujan algo más que una reforma administrativa: un cordón sanitario alrededor del liderazgo de Adán.
FUNCIONES LIMITADAS
• El 18 de septiembre, Morena recortó los márgenes de maniobra del coordinador.
- Votación en urna para decisiones internas de la bancada.
- Reportes detallados y periódicos sobre el presupuesto del grupo.
- Supervisión de austeridad a cargo de la bancada (no solo de la coordinación).
- Sin control directo en la designación de presidencias de comisiones.
- Decisiones colegiadas por mayoría, no por conducción unipersonal.
Fuente: Acuerdos internos de la bancada de Morena en el Senado.
A la par, emergió otro síntoma: la desautorización pública a compañeros de escaño. En menos de una semana, el coordinador corrigió al presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, quien había anunciado un parlamento abierto para discutir la reforma a la Ley de Amparo; no lo habría, dijo Adán.
Días después, también rectificó al veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara: ni conversatorio ni parlamento abierto; las comisiones dictaminarían la reforma de inmediato. Esos episodios revelan un estilo de conducción que, en condiciones de fortaleza, puede imponerse; en medio del apretón externo, solo acelera el distanciamiento interno.
La dependencia de Palacio Nacional terminó de quedar a la vista. “Mientras la Presidenta no me diga nada, estamos de gane”, confió López Hernández a senadores, según versiones coincidentes. La frase resume el momento: el coordinador ya no descansa en una mayoría disciplinada, sino en un aval presidencial que no llegó.
Peor aún: la respuesta de Claudia Sheinbaum —“que aclare el senador”— operó como señal de salida para quienes aún dudaban si seguir cubriéndolo. En política parlamentaria, el vacío de protección brinda incentivos para que cada quien reduzca costos y salve su propia agenda.
El apretón interno se explica por dos razones. La primera es preventiva: ante el riesgo de que los expedientes fiscales y el caso Bermúdez salpiquen al grupo, la bancada busca blindarse creando controles colectivos. La segunda es funcional: si el coordinador se concentra en su defensa pública, la operación legislativa —reformas, negociaciones, interlocución con oposición— requiere repartir el timón. En ambos supuestos, el resultado es el mismo: menos poder real para Adán, más costo para sostenerlo.
Las consecuencias ya se notan. La relación con aliados parlamentarios se enrareció: el PVEM, por conducto de Manuel Velasco, ha amagado con jugar por cuenta propia en varias plazas de 2027, mientras que senadores de Morena impulsan decisiones colegiadas que antes pasaban por el filtro del coordinador. Hacia abajo, su red política —la que intentó articular durante la precampaña presidencial— toma distancia: nadie quiere cargar el peso de un líder sin blindaje y con frentes abiertos.
El episodio del cumpleaños 62 dejó otra postal: López Hernández se presentó como dirigente con “respaldo de millones”, pero admitió que no había conversado con Andrés Manuel López Obrador sobre el escándalo.
La escena funciona como parábola: un coordinador que habla en público de apoyos generales mientras, en privado, las palancas se aflojan. La soledad estratégica se mide, sobre todo, en el Senado: si los 67 de Morena ya no siguen su línea sin reservas, el cargo se vuelve ceremonial.
El riesgo para Morena es conocido por cualquier partido en el poder: un liderazgo erosionado en el Congreso desorganiza agendas, encarece acuerdos y abre flancos a la oposición. Por eso el movimiento de septiembre fue quirúrgico: contener el daño sin provocar una ruptura inmediata. El método es administrar la caída: mantener a Adán en el cargo, pero acotado, mientras avanzan las rutas fiscal y judicial que definirán su destino.
En este tablero, el Senado acotado es el puente entre el apretón externo (SAT, Bermúdez) y el desenlace político (juicio, renuncia, reacomodo). Si el fuero le ofrece todavía una protección institucional, la pérdida del mando le retira el oxígeno: sin control de comisiones, sin presupuesto discrecional, sin capacidad de disciplinar a su bancada, el coordinador queda a la intemperie. La lectura de sus pares es simple: lo que viene ya no depende de su pericia legislativa, sino de lo que se decida en Palacio Nacional y de lo que el Altiplano cuente.
PALACIO DEFINE
En política, pocas frases pesan tanto como un deslinde presidencial. El 26 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: “Que aclare el senador”. No hubo blindaje, no hubo cobertura. Esa declaración colocó a Adán Augusto López Hernández en una posición inédita: responder en público a una investigación que no solo exhibía sus contradicciones fiscales, sino que llevaba la firma del propio SAT, órgano del gobierno federal.
En términos políticos, esa frase de Sheinbaum fue un apretón institucional. El mensaje no fue que las acusaciones sean ciertas o falsas, sino que el poder presidencial no las desecharía de entrada. El exgobernador de Tabasco, que en su momento presumió ser parte del círculo íntimo de López Obrador, descubrió que en la nueva administración las lealtades tienen un límite: ningún manto protector se extiende más allá de la conveniencia política.
La pregunta es por qué. Una lectura apunta a la historia reciente: la contienda por la candidatura presidencial en 2023 dejó cicatrices. Adán intentó forzar una ventaja sobre Sheinbaum, se presentó como “heredero natural” del obradorismo y retó los tiempos fijados desde Palacio. Esa imprudencia hoy pesa como antecedente de desconfianza. La presidenta no olvida que su principal rival interno quiso descarrilar su designación.
Otra lectura es más pragmática: mantenerlo en la coordinación de senadores le da un espacio controlado, pero el costo de cubrirlo frente a un escándalo con documentos fiscales filtrados resultaría demasiado alto. El poder prefiere administrar su caída que cargar con su defensa.
FRASE PRESIDENCIAL
• El 26 de septiembre, Claudia Sheinbaum marcó distancia de Adán Augusto.
Pregunta: ¿Debe aclarar el senador?
Respuesta: “Pues sí, que aclare el senador.”
Contexto: Investigación N+ y SAT revela ingresos por 79 millones.
Efecto: Deslinde presidencial, sin defensa ni blindaje.
Las señales se acumulan. Desde Palacio Nacional se filtró la información del SAT; desde la Cámara de Diputados se admitió a trámite la solicitud de juicio político; en el Senado se acotaron sus funciones. Cada paso tiene una lógica: presionarlo para rendir cuentas y, al mismo tiempo, marcar distancia para evitar contagios al proyecto presidencial.
El silencio de Andrés Manuel López Obrador es otro dato clave. Mientras Sheinbaum marca su deslinde, el expresidente se mantiene al margen. No hay defensa, no hay palabra de respaldo. Para un político que durante años se sostuvo en la narrativa de “hermano político” del tabasqueño, la ausencia dice más que cualquier declaración. Si AMLO no rompe lanzas por él, es que su capital político está agotado.
En este contexto, Adán intenta defenderse con una narrativa que combina herencias, honorarios y escrituras notariales. Pero el terreno político ya no es el mismo: ni sus pares en el Senado lo respaldan, ni la dirigencia de Morena se atreve a blindarlo. Queda solo con el fuero como último refugio.
La presidenta, en cambio, aprovecha la coyuntura para fortalecer su autoridad: al obligar a Adán a dar explicaciones, se desmarca del viejo estilo de cubrirlo todo bajo el paraguas presidencial. En un momento en que Morena enfrenta presiones externas y pugnas internas, el gesto de Sheinbaum no solo es un deslinde, sino también una advertencia: ningún cuadro está por encima del proyecto.
La política es lectura de símbolos. Y el símbolo quedó claro: si Sheinbaum no lo defiende, nadie más lo hará. La jauría política huele la sangre: opositores que piden su destitución, senadores que le limitan atribuciones, exsubordinados que podrían declarar en su contra. Cada movimiento es parte de un mismo mensaje: el ciclo de Adán Augusto en el poder está llegando a su fin.
JUICIO POLÍTICO
El cerco político contra Adán Augusto López Hernández ya no solo se libra en los medios ni en el Senado. Ahora, también se traslada al terreno judicial y parlamentario. El 22 de septiembre, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén presentó formalmente una solicitud de juicio político contra el coordinador de Morena en la Cámara Alta. Tres días después, la legisladora ratificó el recurso, exigiendo su destitución e inhabilitación hasta por 20 años.
El argumento central es contundente: como gobernador de Tabasco, Adán Augusto no solo nombró a Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad, sino que lo protegió, pese a que informes militares —incluidos en los Guacamaya Leaks— lo identificaban desde hace años como jefe de la organización criminal La Barredora. Esa omisión, a juicio de la diputada, lo hace responsable político por acción y por encubrimiento.
En un país acostumbrado a que las solicitudes de juicio político queden archivadas, la diferencia en este caso es el momento político. No se trata de una diputada más: Pérez-Jaén es una excomisionada de transparencia con trayectoria de investigación. Y sobre todo, lo hace cuando el propio Gobierno Federal ya había abierto expedientes por las irregularidades fiscales de Adán.
El procedimiento, sin embargo, no es inmediato. El presidente de la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, el morenista Hugo Eric Flores, advirtió que la solicitud tendrá que esperar turno, pues hay más de mil 200 casos pendientes en la Subcomisión de Examen Previo. Aun así, la sola admisión coloca a Adán bajo un reflector jurídico y político: la oposición lo quiere fuera del Senado y, de paso, fuera de Morena.
El golpe simbólico es claro: si la Cámara de Diputados admite que hay elementos para analizar un juicio político, significa que las acusaciones dejaron de ser ruido mediático para convertirse en un asunto de Estado. Y ese proceso ya lo deja marcado, aunque nunca llegue a inhabilitarlo.
JUICIO POLÍTICO
• Oposición pide destitución e inhabilitación de Adán por vínculos con La Barredora.
- Fecha de la solicitud: 22 de septiembre de 2025.
- Ratificación: 25 de septiembre de 2025.
- Solicitante: María Elena Pérez-Jaén (PAN).
- Petición: destitución e inhabilitación hasta 20 años.
- Núcleo de acusación: nombramiento y protección de Hernán Bermúdez Requena.
Fuente: Cámara de Diputados, Comisión Jurisdiccional.
ENTRE LA ESPADA Y EL FUERO
La situación coloca a López Hernández en una posición ambigua. Por un lado, insiste en que su única defensa es la legalidad de sus ingresos: “yo no recibí ninguna transferencia ilegal; son honorarios y herencias”. Por el otro, se refugia en el fuero constitucional, ese blindaje que le impide ser procesado mientras ocupe su escaño.
Pero el fuero es un escudo político, no moral. En la narrativa pública, cada vez más voces lo presentan como un recurso desesperado de quien ya perdió el blindaje presidencial. No es Sheinbaum, ni Morena, ni siquiera AMLO quien lo defiende: es el fuero. Y el fuero, como lo recordó la diputada panista, puede quebrarse con un proceso de desafuero.
A ese escenario se suma la presión de los aliados: en el Senado, su coordinación ya fue acotada; en el Partido Verde, el coordinador Manuel Velasco ha marcado distancia; y en Tabasco, el gobernador Javier May no ha dudado en señalar el daño institucional que dejó el paso de Bermúdez por la Secretaría de Seguridad.
El juicio político es, en este contexto, menos un desenlace jurídico que un instrumento de desgaste político. Aunque se archive en la Subcomisión, cada mención en tribuna, cada debate y cada nota de prensa mantendrán vivo el expediente contra Adán Augusto.
El mensaje es inequívoco: el ciclo de protección e impunidad se cerró. A diferencia de otros casos, en este la propia Presidencia de la República se ha deslindado. Por eso, el juicio político es más que un trámite: es la confirmación de que Adán ya no tiene quién meta las manos por él.
FACTOR BERMÚDEZ
El caso de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad en Tabasco, es la herida que no deja de sangrar en la trayectoria política de Adán Augusto López Hernández. Ningún argumento fiscal o patrimonial puede desligarse del hecho de que, como gobernador, eligió y sostuvo en el cargo a quien las investigaciones describen como el jefe operativo de La Barredora, un grupo criminal incubado desde el propio aparato de seguridad estatal.
La cronología es reveladora. En octubre de 2024, apenas asumió Javier May la gubernatura, se abrió formalmente una investigación sobre La Barredora. Casi de inmediato, la red de protección que había operado durante años comenzó a resquebrajarse. Un año después, Bermúdez está en el penal del Altiplano, procesado por secuestro, extorsión y delincuencia organizada, y en cada audiencia su nombre vuelve a arrastrar al de Adán Augusto.
El vínculo no es un secreto. Bermúdez había acompañado a López Hernández desde los años noventa, cuando llegó a Tabasco de la mano de Jaime Lastra, otro cuadro priista que transitó después a Morena. En 2018, según testimonios recogidos por la Fiscalía, Bermúdez operó la “paz electoral” en la campaña de Adán. En 2019, ya instalado como gobernador, lo nombró jefe de la policía estatal. Y en 2021, mientras Adán ascendía a la Secretaría de Gobernación, Bermúdez permaneció en Tabasco como secretario de Seguridad estatal, bajo gobiernos de Morena.
La línea entre omisión e implicación es la que marca hoy la discusión política. Adán Augusto insiste en que nunca supo de las andanzas de Bermúdez, pero cuesta trabajo creer que un político formado en el viejo PRI, curtido en décadas de pasillos y negociaciones, haya ignorado que su jefe de seguridad era, en realidad, el líder de un grupo criminal con vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
UN DAÑO EXPANSIVO
El arresto de Bermúdez no solo compromete a López Hernández en Tabasco. Sus operadores en el Senado, en la Cámara de Diputados y en Morena comienzan a sentir la presión. La senadora Andrea Chávez, aspirante a la gubernatura de Chihuahua bajo el ala de Adán, ha visto cómo la tormenta política contra su jefe salpica su proyecto. El coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, ya marcó distancia en las negociaciones legislativas. Y en Tabasco, el gobernador May no ha tenido empacho en decir que fue “vox populi” que Bermúdez encabezaba La Barredora.
En política, la percepción pesa tanto como los hechos. Y la percepción instalada es que Adán Augusto representa una cadena de complicidades: un secretario preso, una red de empresas bajo sospecha, ingresos millonarios no aclarados y un liderazgo acotado en el Senado.
El proceso judicial contra Bermúdez promete convertirse en un detonador mayor. Lo que pueda declarar en audiencia, a quiénes mencione, y qué operaciones financieras se documenten, podrían agravar la posición del senador. A diferencia de los expedientes fiscales, que aún pueden debatirse con tecnicismos, un testimonio directo de su ex subalterno sería demoledor.
UN PASIVO PARA MORENA
Aquí aparece la lectura de fondo: Adán Augusto ya es un pasivo para Morena. Si Bermúdez fue el García Luna de Tabasco, el costo político de mantenerlo en la coordinación del Senado sería alto para la presidenta Claudia Sheinbaum.
El contraste con el discurso de la Cuarta Transformación es evidente: Morena prometió acabar con los pactos entre poder político y criminalidad. Pero el caso Bermúdez muestra que, al menos en Tabasco, el gobierno se convirtió en cártel. El silencio o la tibieza frente a este expediente tendría un efecto corrosivo sobre la credibilidad de Sheinbaum y del partido en su conjunto.
La decisión es tan política como moral: ¿puede un movimiento que se dice distinto sostener a un coordinador vinculado, aunque sea por omisión, con un jefe criminal? La respuesta parece obvia, pero el desenlace aún está por escribirse.
EL CIERRE ANUNCIADO
El coordinador de los senadores de Morena llegó a su cumpleaños número 62 en la cuerda floja. Aislado en su bancada, con un juicio político en puerta y bajo la presión de expedientes fiscales y criminales, Adán Augusto López Hernández representa hoy lo contrario a lo que aspiró ser: de presidenciable a pasivo político.
La narrativa que lo acompañaba —el notario exitoso, el operador de confianza de López Obrador, el aspirante presidencial que recorrió el país— se fue desmoronando en cámara lenta. Primero, la captura de Hernán Bermúdez y el escándalo de La Barredora, que lo colocaron como responsable político de un modelo de seguridad convertido en red criminal. Después, la filtración de sus declaraciones fiscales al SAT, que revelaron 79 millones de pesos no transparentados en sus informes patrimoniales. A eso se sumó el acotamiento en el Senado y, finalmente, el deslinde presidencial. Cada paso fue un apretón que lo dejó más expuesto y menos defendible.
DE ALIADO A CARGA
La frase de la presidenta Claudia Sheinbaum —“que aclare el senador”— no solo lo obligó a dar explicaciones contradictorias. Fue la confirmación de que en Palacio Nacional ya no había cobijo. Para Morena, cargar con Adán implica cargar con sospechas de desvío de recursos, empresas fantasma, contratos cuestionables y una herencia política marcada por la impunidad de Bermúdez.
Ese deslinde no es anecdótico: marca la diferencia entre un político con futuro y un actor condenado a administrar su propia defensa. Sheinbaum eligió la distancia y con ello dejó un mensaje claro: Adán no es parte de la operación estratégica de la 4T, es un problema a resolver.
EL DEBILITAMIENTO DE SU RED
La presión se extendió a sus operadores. En San Lázaro, Andrea Chávez —su carta visible para Chihuahua en 2027— se convirtió en sinónimo de riesgo. En Tabasco, figuras vinculadas a su grupo han visto cerrarse los espacios que antes parecían garantizados. Y en el INE, en tribunales locales y en estructuras electorales paralelas, los nombres asociados a Adán empiezan a representar más un estigma que una credencial.
El juicio político solicitado en la Cámara de Diputados no solo apunta contra él: es un mensaje a toda su red de que la operación busca desfondarla. Lo que está en juego no es únicamente el destino personal del senador, sino el futuro de un grupo que intentó levantar un proyecto paralelo dentro de Morena.
EL RELOJ POLÍTICO
Si algo enseña la trayectoria reciente de Adán Augusto es que la política también tiene un reloj implacable. Su ascenso fue rápido: 2018 gobernador, 2021 secretario de Gobernación, 2023 corcholata. Su caída, aún más veloz: 2024 señalado por Bermúdez, 2025 arrinconado por el SAT y Palacio.
No se trata de especular si enfrentará cárcel o inhabilitación. El hecho político es que ya no tiene futuro como figura nacional. La 4T lo empujó a un terreno donde el fuero es su único refugio, pero ni siquiera eso lo blinda frente a la erosión de su capital político.