El Pleno de San Lázaro durante la sesión donde se aprobó la nueva ley.

Aprueban alza a Derechos: más caro vivir, viajar y producir

CDMX.— La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal de Derechos 2025, y con ella, una nueva estructura de cobros que impactará desde el turismo y los trámites migratorios, hasta la agricultura y las telecomunicaciones.

No se trata solo de “actualizar cuotas rezagadas”, como sostuvo el bloque oficialista: en los hechos, los ciudadanos, productores y empresas pagarán más por casi todo servicio que dependa de una autorización, certificación o revisión del Estado.

Con 352 votos a favor y 133 en contra, la mayoría legislativa avaló los incrementos y nuevos cobros propuestos por la Secretaría de Hacienda. La minuta fue turnada al Senado y forma parte del paquete económico del próximo año.

LO QUE SUBE Y DÓNDE SE SENTIRÁ

Los residentes extranjeros serán de los primeros en resentir el cambio. Las cuotas para acreditar residencia temporal o permanente se duplican, y se crea una nueva tarifa de 294 pesos por autorización de salida del país de menores o personas bajo tutela.

En materia agroalimentaria, los certificados fitosanitarios y zoosanitarios internacionales aumentan 25.4 por ciento, lo que eleva los costos de exportación de frutas, vegetales y ganado.

En el terreno cultural, los boletos de entrada a museos y zonas arqueológicas tendrán incrementos de hasta 118 por ciento: pasarán, por ejemplo, de 95 a 209 pesos en los recintos de la zona 1. A ello se suman nuevos cobros en telecomunicaciones y aviación civil, como las verificaciones técnicas y los certificados aeronáuticos, que se ajustan entre 16 y 57 por ciento.

Son incrementos que, aunque parezcan dispersos, tienen un hilo común: el Estado busca obtener 271 mil millones de pesos adicionales en 2025 mediante servicios y derechos que antes costaban menos o estaban exentos.

EL COSTO CIUDADANO DE UN DÉFICIT

El trasfondo fiscal es ineludible. El paquete económico 2025 reconoce un déficit estimado de 1.5 billones de pesos, y el Gobierno optó por no crear nuevos impuestos, sino por revaluar el costo de los servicios públicos.

En palabras de la diputada morenista Alma Delia Navarrete, “no es un aumento, es un ajuste técnico que refleja el costo real de los servicios”. Pero el ajuste llega en un momento en que la inflación erosiona el poder adquisitivo y los subsidios energéticos presionan el gasto federal.

En contraste, la oposición considera que el golpe lo resentirán las familias y productores que utilizan trámites básicos. La panista Noemí Luna reprochó que “se suban cobros migratorios sin fortalecer la seguridad fronteriza, o se aumenten cuotas sanitarias mientras los hospitales siguen sin medicinas”.

EL ALCANCE POLÍTICO DE UNA LEY IMPOPULAR

A diferencia de otras reformas fiscales, la nueva Ley Federal de Derechos no pasará desapercibida. Cada aumento —en museos, permisos de agua, certificaciones o licencias— se traducirá en una factura directa para el ciudadano.

El priista Jericó Abramo advirtió que los ajustes “pueden entenderse como una recaudación silenciosa, que sustituye a una reforma fiscal abierta”.
Por su parte, el emecista Eduardo Gaona calificó los incrementos migratorios y turísticos como “discriminatorios y regresivos”, pues afectan a quienes menos margen tienen para absorberlos.

El dilema es político: el Gobierno federal busca sanear las finanzas sin romper la promesa de no subir impuestos, pero lo hace trasladando el peso a las tarifas por servicios, licencias y derechos.

¿FORTALECER AL ESTADO O ENCARECER AL CIUDADANO?

El discurso oficial apela a la “justicia tributaria”: quien más usa los servicios, más debe pagar. Sin embargo, el análisis técnico sugiere que muchos cobros no reflejan capacidad contributiva, sino dependencia administrativa.

Cada empresa que exporte, cada familia que tramite una residencia o cada turista nacional que visite un museo pagará más por lo mismo, sin garantía de que esos ingresos se traduzcan en mejores servicios públicos.

En términos reales, la reforma convierte a la Ley Federal de Derechos en una nueva fuente de financiamiento para cerrar el déficit, pero a costa de una mayor presión en los bolsillos ciudadanos y productivos.

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