Héctor I. Tapia
José Ramiro López Obrador está en el centro del torbellino. Desde el 11 de octubre, Telerreportaje, bajo la conducción de Emmanuel Sibilla Oropesa, convirtió el tema de sus 13 ranchos y 694 cabezas de ganado lo volvió un ritual de ataque, disfrazado de crítica libre. Hablan hoy de libertad de expresión pero callaron ante Arturo Núñez y aplaudieron a Adán Augusto López Hernández.
La cobertura, amplificada durante dos semanas sin nuevos elementos, coincidió con la crisis mediática de Adán Augusto López Hernández, tras el reportaje nacional que reveló depósitos por 78 millones de pesos en sus cuentas personales provenientes de empresas vinculadas a su gobierno.
En ese clima, la ofensiva contra Pepín López Obrador se leyó en el entorno político como una respuesta de espejo: un intento del grupo adancista —al cual pertenece Emmanuel Sibilla— por mostrar que también el gobierno actual tenía sombras que explicar.
Para ello, se sumaron las dirigencias del PRI y PRD, invitadas una y otra vez al mismo micrófono, para exigir que el secretario de Gobierno de Javier May Rodríguez aclarara el origen de los recursos con que adquirió sus propiedades, la mayoría “de contado”.
El funcionario respondió con calma: “No escondo nada, mi declaración patrimonial es pública”, dijo, atribuyendo la embestida a una campaña mediática. Con ese telón de fondo, el caso se ha desarrollado en tres planos paralelos que explican su permanencia en la agenda pública.
RUIDO Y PRESIÓN
El caso tiene tres capas. La primera es mediática: un programa de radio que, con agenda diaria, sostiene el tema entrevistando dirigencias partidistas y críticos que repiten la misma acusación
Eso mantiene la conversación encendida en ciertos círculos interesados, pero no aporta documentos nuevos. La segunda es política: la oposición encontró un flanco en un secretario de Gobierno que, por parentesco y cargo, arrastra consecuencias para el gobierno de Tabasco y para Morena.
La tercera es probatoria: sin cronología clara, montos detallados, facturas de ganado y soportes bancarios, la versión pública de Pepín todavía deja vacíos. El tema no es sólo lo que compró; es cómo lo respalda.
En Tabasco la gente entiende bien la lógica del rancho: se compra un potrero, se amplía, se mete becerro, se vende, se reinvierte. Si esa fue la ruta, pruebas hay: contratos de compraventa, avalúos, facturas de maquinaria (tractor, camioneta), registros de subastas ganaderas, depósitos, pagos de impuestos.
Bastaría ordenar un expediente público y presentarlo con fechas y números. Decir “son propiedades chicas” o “es campaña” no despeja la duda central. Y cuando hay imprecisión en las fechas —si fue antes o durante el gobierno de su hermano—, el costo político sube.
DEFENSA INSUFICIENTE
También hay un error de cálculo en la defensa. Javier May Rodríguez dijo que todo está declarado y que la oposición busca desprestigio. Puede ser cierto que hay operación política del otro lado; lo relevante es que declarar no sustituye probar.
La 4T ha sostenido, con razón, que la ética pública empieza en casa. Esa vara aplica igual cuando el señalado es Pepín: se debe aclarar más, no reaccionar más. En política, la falta de explicación o el desdén hacia las preguntas se paga caro.
Para PRI y PRD, el beneficio es claro: cada día sin respuesta técnica es un día de desgaste. Pero su estrategia también se agota si no muestran nada más que indignación. Si hay evidencia de diferencia entre ingresos y gastos, que la presenten. Si no, el alegato se vuelve ruido. El periodismo tiene la obligación de pedir hechos, no sólo frases.
EL FOCO POLÍTICO
El terreno real de disputa es la congruencia. ¿Cómo se financiaron las compras “de contado”? ¿Hubo créditos? ¿Se vendieron activos previos? ¿Qué flujo generó la ganadería? ¿Corresponde con lo reportado ante el SAT? Estas preguntas no insinúan delito: ordenan la conversación y permiten cerrar una crisis.
El secretario está a tiempo de cerrar la polémica: aclarar con precisión, presentar documentos y dar la cara con un equipo técnico (contador, notario, valuador). En Tabasco eso se entiende: el que debe, comprueba.
La ruta para salir sin daño mayor es concreta y local. Uno: cronología patrimonial completa (2010–2024) con fechas exactas de cada predio y cada lote de ganado. Dos: trazabilidad de cada pago (transferencias, cheques, retiros, recibos).
Tres: racionalidad económica: cuánto costó mantener, sembrar, cercar, vacunar, transportar; cuánto se vendió; cuánto rentó. Cuatro: regularidad fiscal: declaraciones anuales, comprobantes, retenciones. Cinco: explicación pública sin descalificar a nadie: “aquí están mis papeles”. Si el expediente es sólido, la crisis se disipa. Si no, se prolonga en el tiempo.
LA SALIDA POSIBLE
Hay otro dato a considerar: la comunicación. Responder con “no tengo nada que aclarar a corruptos” puede fortalecer a los suyos, pero no convence al ciudadano que sólo pide cuentas claras. En un estado donde las inundaciones, la seguridad y la economía requieren confianza en la autoridad, el estilo cuenta. Más que debate, el público quiere certezas.
El saldo político de corto plazo es manejable si se actúa bien. Pepín puede ofrecer una explicación técnica breve y publicar un expediente con anexos. Javier May puede retirar el tema del ring y apostar por la institucionalidad: “este gobierno explica con papeles”.
Telerreportaje y la oposición tendrán que decidir si escalan con documentos o si sólo repiten voces. En cualquier caso, el balón está en la cancha del secretario de Gobierno.
En resumen: transparencia no es la lista; es el relato verificable detrás de la lista. Y en Tabasco, donde la política se mide también en cómo se habla al pueblo, la salida de esta crisis no es un discurso: es un expediente abierto.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Haz clic aquí