Héctor I. Tapia
La noche cae sobre Villahermosa y el rumor del río se mezcla con el zumbido de las patrullas. En los últimos dos meses, las luces rojas y azules se volvieron paisaje. En las colonias periféricas, el silencio tiene otro tono: ya no es miedo, es expectación.
Desde septiembre, Tabasco vive una ofensiva sin descanso —una maquinaria que no duerme—: más de cien detenidos, entre ellos exmandos, cabecillas y operadores de los grupos que durante años administraron la extorsión, el secuestro y el narcomenudeo bajo la sombra del poder.
La caída de Hernán Bermúdez Requena, el 13 de septiembre en Paraguay, marcó el punto de inflexión. Durante años, su nombre fue sinónimo de impunidad institucional: secretario de Seguridad Pública, operador político, protector de mandos.
Su captura no sólo derrumbó una estructura criminal; fracturó el mito del poder intocable. A partir de ese día, los golpes se sucedieron con precisión quirúrgica: 30 detenidos en septiembre, 70 en octubre, un promedio de dos capturas diarias que alteraron el mapa criminal del sureste.
El nuevo rostro del combate no tiene discursos ni cámaras. Lo encarnan unidades conjuntas —FIRT Olmeca, Tabscoob, Guardia Nacional, Ejército, Marina, Fiscalías Federal y Estatal— desplegadas como un solo cuerpo.
Operan de madrugada, con listas cortas y objetivos puntuales: casas de seguridad, bodegas, caminos rurales. En un solo mes cayeron 18 armas largas, siete cortas, 20 chalecos tácticos, una tonelada de marihuana y 34 mil dosis de drogas sintéticas. No hubo tregua. El Estado recuperó el ritmo que había cedido al crimen.
En los informes internos del Gabinete de Seguridad se lee sin adorno: “Reducción sostenida de homicidios. Incremento de capturas. Desarticulación de células.” En las calles, el cambio se percibe distinto.
Los cateos en Cárdenas, las persecuciones en Teapa, los decomisos en Comalcalco y los arrestos en Centro dejaron una huella visible: las mantas del CJNG desaparecieron, las de La Barredora fueron arrancadas de los puentes. Donde antes se hablaba de “control territorial”, hoy se mide “presión permanente”.
Los días en que cayó el miedo
En los partes informativos aparecen solo con iniciales, pero detrás de esas letras hay una historia. Leonardo Arturo “N”, exdirector de la Policía Estatal; Iván “N”, exfuncionario municipal; Roberto Valeriano “N”, operador financiero; y un puñado de nombres que hasta hace unos meses dictaban miedo en Cárdenas, Teapa y Centro. Todos fueron detenidos entre septiembre y octubre, cuando Tabasco decidió recuperar su nombre.
Las operaciones fueron breves, sin espectáculo. En algunos casos, los agentes esperaron semanas a que salieran de sus escondites; en otros, interceptaron llamadas o rastrearon transferencias. No hubo fuego cruzado. Solo inteligencia, seguimiento y una sincronía que contrastó con los años de complicidad institucional.
Entre los 100 detenidos de los dos meses, una veintena pertenecía a estructuras criminales de “La Barredora”, brazo local del Cártel Jalisco Nueva Generación. Otros eran parte de redes de huachicol fiscal, extorsión o cobro de piso. Algunos, simplemente, los brazos que custodiaban los negocios de los jefes.
Los informes del gabinete de seguridad detallan que al menos tres células del CJNG y dos de La Barredora fueron desmanteladas en Tabasco. En cada cateo hubo decomisos: armas, chalecos, vehículos, cargamentos de droga y dinero en efectivo. Pero el verdadero golpe no fue logístico, sino simbólico.
Durante años, la delincuencia había colonizado el lenguaje del poder: control, pacto, omisión. Hoy, los comunicados traen otra semántica: aseguramiento, procesamiento, prisión preventiva. No es solo una estrategia, es una corrección histórica.
Un comandante de la Guardia Nacional lo resume así:
—No vinimos a limpiar la casa. Vinimos a demolerla y volver a levantarla.
La frase encierra la dimensión del cambio. En el nuevo Tabasco, el silencio ya no protege al crimen: lo delata.
LOS DÍAS DEL DERRUMBE
El efecto Bermúdez fue inmediato. Su detención encendió una cadena de operativos que desmanteló el esqueleto criminal que por años tejió alianzas con mandos policiacos y operadores políticos.
El 29 de septiembre, en Tlajomulco, cayó Gustavo “El Viejón”, jefe de plaza de La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El 3 de octubre, fue capturado Guadalupe Luna Hernández, “El Coyote”, considerado su brazo armado y principal generador de violencia en Villahermosa.
El 10 de octubre, la Fiscalía de Tabasco detuvo en Chiapas a Leonardo Arturo “N”, exdirector de la Policía Estatal durante la era Bermúdez, acusado de secuestro y homicidio.
Días después, Roberto Valeriano “N”, operador del “huachicol fiscal”, cayó en Comalcalco.
En conjunto, las autoridades federales y estatales registraron 14 detenciones vinculadas directamente a La Barredora.
Los reportes del Gabinete de Seguridad marcaron el ritmo: una detención cada doce horas. La fórmula fue simple: inteligencia, sincronía y presencia. Mientras en la capital se hablaba de coordinación, en los ejidos del corredor Villahermosa–Cárdenas los retenes volvieron y los convoyes del Ejército retomaron las carreteras. Los halcones desaparecieron de las esquinas.
Los decomisos cuentan la historia: 18 armas largas, siete cortas, 1,070 kilos de marihuana, 34,500 dosis sintéticas, 12 vehículos y 2,500 litros de gas LP. La red que mezclaba huachicol, narcomenudeo y extorsión comenzó a fracturarse. El golpe no vino de una balacera espectacular, sino de la persistencia: cateo tras cateo, hasta perforar la piedra de la impunidad.
EL ENEMIGO INTERIOR
El enemigo no estaba afuera. Vestía uniforme, firmaba oficios, tenía placa, escolta y chofer. Durante años, los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública tejieron una red que combinó funciones oficiales con operaciones criminales: extorsión, cobro de piso, tráfico de combustible, secuestro exprés. Policías que de día servían al Estado y de noche a la delincuencia.
La detención de Bermúdez fue un espejo de lo que Tabasco no quería ver. Su caída expuso el sistema de corrupción que había convertido la seguridad pública en un negocio de lealtades.
El expediente abierto en 2022 ya lo insinuaba: patrullas que escoltaban cargamentos, oficiales que compartían radios con delincuentes. Durante su gestión, la corrupción se disfrazó de protocolo: se sellaban documentos, se rotaban mandos, se juraba lealtad al Estado, pero se obedecía a otros intereses.
El enemigo no estaba afuera: vestía uniforme”.
— Reporte interno del Gabinete de Seguridad.Ya no vienen a cobrar, vienen a preguntar si vimos algo”.
— Comerciante en Cunduacán.
Las detenciones posteriores confirmaron el alcance del entramado. Por primera vez, la depuración tocó a figuras intocables. Lo que los comunicados llamaron “limpieza interna” fue, en realidad, un ajuste de cuentas con la historia.
Hoy, los informes del Gabinete de Seguridad Federal ubican a Tabasco como el estado con más detenciones de integrantes del aparato público ligados a redes criminales. El Estado cazando a sus ex guardianes.
No fue sólo un operativo: fue una refundación silenciosa, una forma de reconstruir la autoridad desde sus escombros.
Tras la detención de Leonardo Arturo “N”, ex director de la Policía Estatal durante la administración de Bermúdez, el gobernador Javier May Rodríguez declaró que el caso forma parte de las acciones permanentes de combate a la impunidad y fortalecimiento de la seguridad en el estado.
“La estrategia —dijo— se sostiene en inteligencia y coordinación. No hay improvisación ni descanso; estamos limpiando las estructuras para garantizar la seguridad de los tabasqueños.”
La frase cerró el círculo político de la depuración. La captura de los viejos mandos no fue un hecho aislado: representó la continuidad de una política que busca reconstruir la confianza en el aparato de seguridad.
OPERATIVOS Y ASEGURAMIENTOS
• 18 armas largas
• 7 cortas
• 1,070 kg de marihuana
• 34,500 dosis sintéticas
• 12 vehículos
• 2,500 litros de gas LP
📍Fuente: SSPC Tabasco / FIRT Olmeca, octubre 2025.
EL PRECIO DE LA PAZ
La paz cuesta. No se decreta en un boletín ni se inaugura en una plaza. Se paga con vigilancia, con noches sin sueño y con un aparato que decide no rendirse. En Tabasco, esa factura se saldó con más de cien detenciones en dos meses y con un cuerpo policial rearmado sobre sus propios escombros.
Cada operativo fue un recordatorio de lo que costó perder el Estado: uniformes manchados, jefes prófugos, silencios comprados. Cada captura, una forma de pagar la deuda.
Mientras en septiembre de 2024 hubo 70 homicidios dolosos, un año después la cifra bajó a 40. Treinta menos.
No es una estadística fría: es la medida de un cambio real. En las calles, las extorsiones se redujeron, los cobros de piso se replegaron, los halcones desaparecieron.
Un comerciante de Cunduacán lo resumió con sabiduría callejera: “Ya no vienen a cobrar, vienen a preguntar si vimos algo.”
El nuevo orden no se fundó en la confianza, sino en el cansancio. El miedo dejó de ser herramienta política y se volvió materia de trabajo.
Las fuerzas de seguridad entendieron que, en Tabasco, la paz no se construye: se persigue, se captura, se encierra.
Las cifras —menos homicidios, menos delitos, cabecillas caídos— son apenas la superficie de una operación más profunda: limpiar una herida histórica.
La purga institucional dejó cicatrices: policías removidos, mandos investigados, ministeriales bajo lupa. Pero el costo era inevitable: no se puede restablecer el orden sin quebrar estructuras.
En ese proceso, Tabasco halló una verdad incómoda: su principal enemigo no estaba en las calles, sino en las oficinas.
Al ser cuestionado sobre José del Carmen “N”, excomisionado y encargado de despacho de la SSPC, quien sigue prófugo, el gobernador fue tajante: “Habrá más resultados”.
La frase sonó menos como promesa y más como advertencia. En el nuevo orden, la paz no es una meta: es una tarea que se renueva cada día.
LA COSECHA DE HIERRO
La cosecha de hierro no se mide por hectáreas ni por programas sociales, sino por cuerpos arrestados, armas aseguradas y delitos que comienzan a ceder. En los partes de seguridad, las cifras se leen como una contabilidad moral: cien detenidos, catorce cabecillas, tres exfuncionarios de alto nivel, una red rota.
Tabasco, acostumbrado a contar muertos, empezó a contar capturas.
El miedo retrocedió un paso y la ley avanzó dos.
La paz no es perfecta —todavía hay carreteras donde se paga cuota y colonias donde persiste el narcomenudeo—, pero por primera vez en una década el Estado dejó de mirar hacia otro lado.
Lo que antes se llamaba “conflicto local” hoy se traduce en órdenes, cateos y procesamientos.
La paz también se mide en confianza: cada operativo reconstruye un fragmento del pacto roto entre ciudadano y autoridad. Nadie puede asegurar cuánto durará esta tregua ganada a golpes, pero el dato es innegable: el miedo ya no dicta la agenda.
Tabasco, que fue laboratorio de la violencia, ensaya otra fórmula: el orden impuesto por la evidencia.
No hay heroísmo ni romanticismo en esta historia, sólo trabajo, persistencia y un Estado que, al fin, decidió pelear por su nombre.
Porque la paz, aquí, no se presume.
Se cobra.
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