Integrantes de la Comisión de Reforma Política-Electoral reunidos en mesa de trabajo durante discusión legislativa sobre cambios al sistema electoral mexicano.
La Comisión de Reforma Política-Electoral sesiona en Bucareli mientras PT y PVEM condicionan su respaldo a Morena. Las plurinominales y el financiamiento siguen sin consenso.

La Reforma Electoral expone el verdadero peso del PT y el Verde

CDMX.— La reforma electoral dejó de ser un debate técnico sobre plurinominales y financiamiento. En Bucareli se convirtió en otra cosa: una medición de fuerzas. Las resistencias del PT y el PVEM demostraron esta semana que Morena no puede rediseñar las reglas del sistema sin sus aliados. La mayoría existe en el papel; en la mesa de negociación, el poder se reparte.

La escena se repite desde hace semanas. Mesas largas, declaraciones cuidadosas y un dato duro que pesa más que cualquier discurso: no hay consenso. De acuerdo con versiones parlamentarias, Morena llegó con una propuesta maximalista —eliminación total de la lista de representación proporcional y un recorte fuerte a las prerrogativas—, mientras sus aliados cerraron filas.

La mesa duró más de cuatro horas y no hubo acuerdos, pero nadie se levantó”, describió una fuente parlamentaria. En política, ese empate suele anunciar una negociación más costosa.

La presión es evidente. El coordinador morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, ha puesto fecha límite: “Los próximos diez días son fundamentales”, advirtió, y remató con una frase que pesa como reloj de arena: “Si pasa febrero, los tiempos ya están muy ajustados”.

El mensaje es de urgencia; la realidad es de freno. La Secretaría de Gobernación, con Rosa Icela Rodríguez al frente, ha multiplicado encuentros para coser acuerdos que todavía no aparecen.

En el fondo, el desacuerdo tiene lógica. Morena quiere capitalizar el hartazgo ciudadano con el costo de la política: menos curules, menos dinero. El PT y el Verde saben que su margen de influencia depende justo de esos instrumentos.

Para partidos medianos, la proporcionalidad no es privilegio, es seguro de vida. Quitarla sin rediseño equivale a diluirlos. Por eso, como reconoció la propia Alcalde, su apuesta es “reducir el presupuesto de los partidos y revisar el modelo de representación”.

La senadora Geovanna Bañuelos lo dijo con tono institucional, pero con mensaje político claro: “Estamos discutiendo… hay puntos de vista diversos… no vamos a hacer una reforma al vapor”. Traducido: apoyan el cambio, pero no uno que los deje fuera del tablero. El matiz importa, porque define la línea roja de los aliados.

Mamparas de votación con la leyenda “El voto es libre y secreto” utilizadas en procesos del INE.
Las reglas del sistema electoral —autonomía del INE, representación proporcional y fiscalización— son el núcleo del debate que divide a la coalición gobernante.

EL NUDO PLURI

Los petistas han deslizado una salida intermedia: mantener el número de legisladores y modificar el método de elección de los pluris. Es una concesión con doble filo. Permite a Morena vender que sí hay transformación del sistema sin incendiar la coalición, pero obliga a abrir otra discusión: cómo evitar sobrerrepresentación y cómo repartir mejor los incentivos. Cambiar la fórmula puede ser tan disruptivo como eliminar escaños.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, lo expresó sin rodeos: “Va ganando la ruta de que se mantengan los 500… el debate más fuerte es cómo se eligen”. Y lanzó otra advertencia que atraviesa toda la negociación: “No coincidimos con quienes dicen que la democracia es cara; hay que cuidar la estabilidad de las fuerzas políticas y de las instituciones”. Es decir: menos dinero sin reglas más fuertes puede salir más caro.

El Instituto Nacional Electoral aparece como pieza silenciosa del rompecabezas. El Verde, vía Manuel Velasco, pidió “proteger la autonomía del Instituto” y recordó que “con sus reglas ganamos la elección con la Presidenta”. No es una frase menor: subraya que tocar al árbitro no sólo es técnico, es simbólico.

Mientras tanto, el Ejecutivo agrega otra variable. Tras la detención del alcalde morenista de Tequila, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa mayor fiscalización de recursos y revisión de candidaturas. “Tiene que haber una investigación de todos los que se presenten como candidatos… y una mayor fiscalización de los recursos que se utilizan en campañas”, afirmó.

El mensaje es potente: blindar las campañas del dinero ilícito. Pero la ecuación es delicada: recortar financiamiento sin fortalecer controles puede empujar a los partidos a buscar recursos por fuera.

Ahí la oposición encontró un argumento simple y eficaz. El diputado priista Emilio Suárez lo sintetizó con una frase punzante: “Prefiero una democracia cara que una dictadura barata”. Y desde el PAN, Partido Acción Nacional ha dicho que aceptaría cambiar el método de asignación, pero no desaparecer la proporcionalidad ni debilitar al árbitro. El mensaje es transversal: el problema no es sólo cuántos, sino cómo y con qué controles.

En ese cruce, el debate salió del Congreso y llegó a la sociedad civil. El Frente Amplio Democrático, integrado por ex consejeros, juristas y académicos, lanzó una advertencia directa: “Debilitar o eliminar la representación proporcional significaría un retroceso en la pluralidad política”. Y remató: “Las reglas del juego no pueden modificarse sin consensos amplios”. Es la memoria de la transición hablándole al presente.

Dirigentes de PVEM posan tras reunión política en oficinas de Gobernación.
Representantes de los partidos de la coalición mayoritaria sostuvieron encuentros privados para destrabar los puntos más polémicos de la reforma electoral, especialmente plurinominales y financiamiento.

BUCARELI EN ROJO

Las señales mixtas se acumulan. Morena habla de avances; los aliados piden prudencia. Monreal marca plazos; Gobernación extiende conversaciones. El borrador se escribe, pero la letra chica —la que reparte asientos y pesos— sigue en disputa. Y sin esa letra, no hay reforma.

El costo político de imponer una postura sería alto. Una ruptura con PT o PVEM complicaría mayorías calificadas y, de paso, la narrativa de unidad de la 4T. Ceder demasiado, en cambio, desinflaría la promesa de austeridad.

La solución probable será híbrida: ajustes al método, recortes moderados y un paquete de fiscalización reforzada para justificar el equilibrio. En palabras de Bañuelos, “una visión mucho más integral del interés de todas las fuerzas políticas”.

Esa salida no entusiasma a nadie, pero quizá sea la única viable. En política electoral, lo perfecto suele ser enemigo de lo posible. La pregunta ya no es si habrá reforma, sino cuánta estabilidad está dispuesto a sacrificar cada actor para cambiar las reglas. Como reconoció un operador cercano a la negociación: “Todavía este tema va pa’ largo”.

Al final, la escena es menos ideológica y más pragmática: partidos cuidando su sobrevivencia mientras intentan vender una narrativa de modernización democrática. La negociación va lenta porque toca el nervio del sistema. Y cuando se toca el nervio, nadie suelta primero.

RELOJ 2027

Si febrero es la fecha fatal, los próximos días serán decisivos. Una iniciativa sin consenso nacería herida; una demasiado diluida, irrelevante. Entre ambos extremos, Bucareli intenta construir un punto medio. La política mexicana siempre ha preferido los puntos medios imperfectos a las rupturas ruidosas.

Por ahora, la reforma electoral es eso: una cuerda tensa entre eficiencia, pluralidad y control del dinero. Cualquiera que se suelte primero pierde más de lo que gana. Como dijo la propia Presidenta Sheinbaum, al responder a quienes hablan de regresiones: “Todavía no conocen el contenido de la reforma”. La frase suena a cautela, pero también a advertencia: el texto final será el verdadero campo de batalla.

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