La entrega de 26 presuntos integrantes de cárteles a Estados Unidos no fue un simple trámite judicial. En los términos del Consejo Nacional de Seguridad, se trató de una decisión “soberana” para disminuir riesgos internos, según la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, las declaraciones encontradas entre el discurso oficial y los comunicados de agencias estadounidenses revelan la tensión permanente en el frente binacional contra el crimen organizado.
El caso expone un viejo dilema: ¿hasta dónde México decide por seguridad propia y hasta dónde por la presión de Washington? En el papel, el traslado obedeció a un análisis interno de inteligencia; en la práctica, las autoridades de EU no ocultaron que existía una lista prioritaria de capos que sus tribunales requerían.
Más allá del cruce de versiones, la operación se enmarca en un escenario donde las extradiciones se han convertido en herramienta de política criminal y mensaje de cooperación… o de alineamiento.
SEGURIDAD Y CIFRAS CONTRASTANTES
En paralelo, el gabinete de seguridad presentó un balance de los primeros 10 meses de la administración Sheinbaum: una reducción nacional de 25.3% en homicidios dolosos, pero con un repunte de 25.4% en extorsiones respecto a 2019.
El dato positivo, en voz de Marcela Figueroa, coloca a julio de 2025 como el mes con menos asesinatos desde 2015. El negativo advierte que la denuncia por cobro de piso y amenazas se ha incrementado, aunque el gobierno lo atribuye a una mayor confianza en reportar.
El detalle estadístico exhibe la geografía del homicidio: siete estados concentran la mitad de los crímenes —Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Baja California, Guerrero, Jalisco y Estado de México—, mientras otros, como Tabasco, han logrado descensos notables ligados a operativos específicos y la captura de “objetivos prioritarios”.
En ese renglón, la detención de mandos de La Barredora, grupo con nexos en la estructura de seguridad local en años pasados, explica una baja de 48% en homicidios en Tabasco desde febrero.
LOS NOMBRES Y EL MENSAJE
Entre los 26 extraditados se encuentran figuras de alto perfil: Abigael González Valencia (“Los Cuinis”), Juan Carlos Félix Gastelum (yerno de Ismael “El Mayo” Zambada), operadores de “Los Chapitos” y líderes de células del Cártel de Sinaloa, CJNG y Noreste.
El listado, divulgado por el Departamento de Estado, refuerza la lectura de que se trató de un golpe quirúrgico al organigrama criminal… pero también de un gesto diplomático.
En febrero pasado ya se había concretado un envío masivo de 29 capos, incluido Rafael Caro Quintero, en vísperas de reuniones clave con autoridades estadounidenses.
Los paralelismos son inevitables y alimentan la narrativa de que las extradiciones, además de instrumentos jurídicos, son moneda de negociación.
SOBERANÍA, COOPERACIÓN Y LÍMITES
La presidenta Sheinbaum insiste: “No es un acuerdo de seguridad, son decisiones soberanas”. Y aunque el argumento tiene sustento formal —el Consejo Nacional de Seguridad tiene facultades para ordenar traslados por riesgo a la seguridad interna—, la aceptación de que todos tenían órdenes de extradición confirma que la acción satisface intereses de ambos lados.
El secretario Omar García Harfuch precisó que se actuó a solicitud del Departamento de Justicia, con la condición de no aplicar la pena de muerte. Un matiz relevante que confirma la coordinación jurídica y política, más allá de la narrativa de autonomía absoluta.
La doble vía es evidente: México fortalece su capacidad de respuesta y depura sus penales de internos de alto riesgo; Estados Unidos asegura el procesamiento de objetivos prioritarios en cortes federales.
El riesgo, como han advertido expertos, es que esta dinámica derive en dependencia estructural para neutralizar a figuras de alto impacto, en lugar de robustecer procesos internos.
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