La oposición ha presentado seis denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Andrés Manuel López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña en Tabasco. Tres meses después de la primera, ninguna lo ha detenido. Las caminatas casa por casa continúan, el Tribunal Electoral redujo el caso a un asunto del Distrito 6 y la petición que más podría afectarlo, revisar de dónde sale el dinero, sigue sin respuesta pública.
La cifra la confirmó el 31 de octubre Gabriela Georgina Sánchez Zavala, consejera presidenta de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tabasco. Los seis recursos, promovidos entre otros por Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, están en trámite como procedimientos especiales sancionadores. El INE, precisó, se limita a recibir e investigar; la resolución corresponde a los tribunales electorales.
Detrás de las denuncias hay una sola acusación: que el hijo del expresidente hace campaña antes de tiempo. López Beltrán dejó el 25 de mayo la Secretaría de Organización de Morena y el 2 de agosto empezó a recorrer las 170 secciones de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, el distrito por el que busca ser candidato a diputado federal en 2027. Para PRI, PAN, MC y Somos México, cada puerta tocada es un acto de proselitismo fuera de plazo. Para él, es trabajo político.
La ofensiva llega a su punto más alto en un momento de mayor exposición del aspirante. El lunes 2 de noviembre, López Beltrán convocó en redes a un “anuncio importante” para las 9:00 horas del martes 3, dirigido a sus seguidores, a la militancia, a los medios y al público en general. Sea cual sea su contenido, las seis denuncias quedan abiertas detrás de él.
Cuatro partidos, una misma acusación
Movimiento Ciudadano abrió el frente el 6 de agosto, cuatro días después del primer recorrido. El diputado federal Juan Ignacio Zavala acusó a López Beltrán y a otros militantes de Morena de violar “sistemáticamente la Constitución y la ley”, con base en videos y publicaciones de Instagram difundidos desde varias plazas de Tabasco.
El PRI de Tabasco siguió el 17 de agosto. Su dirigente, Miguel Barrueta Cambrano, pidió al INE suspender caminatas, asambleas y eventos en los cuatro municipios del distrito, y retirar la propaganda fija y digital. No hay registro público de que esas medidas se concedieran. Dos días después, Somos México, por medio del exconsejero electoral Marco Antonio Baños, denunció también a Morena y fue el primero en pedir que se rastreara el gasto: vehículos, combustible, personal, viáticos y producción de video.
El PAN se sumó el 7 de septiembre ante la Unidad de Fiscalización, con el tono más duro. Su dirigente en la capital, Luisa Gutiérrez Ureña, calificó de “grotesco y vulgar” el modo en que, a su juicio, López Beltrán viola la norma. El diputado Federico Döring pidió que todo lo gastado se cargue a su tope de precampaña. El partido anunció que un equipo de abogados vigila al aspirante para impedir que llegue a la Cámara con fuero.
Esa declaración define la naturaleza de la ofensiva. La oposición sabe que una amonestación no tumba una candidatura. Cada denuncia, sin embargo, mantiene en la conversación pública dos preguntas que López Beltrán no ha tenido que responder ante ninguna autoridad: cuánto cuesta su operación territorial y quién la paga.
El Tribunal bajó el caso al distrito
El golpe más fuerte a la ofensiva no vino de Morena, sino del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 7 de octubre, por mayoría y a propuesta del magistrado Felipe Fuentes, la Sala Superior confirmó que el INE hizo bien en no abrir un procedimiento central contra López Beltrán, Morena y su dirigencia. Ordenó que la denuncia de MC pasara a la Junta Distrital Ejecutiva 06 del INE en Tabasco.
MC había alegado que Morena opera una precampaña nacional disfrazada de “defensa de la transformación”. Los magistrados avalaron que no existe un “piso indiciario mínimo” de esa línea nacional y que la acusación “descansa en meras conjeturas” sobre actos futuros de realización incierta. Lo que la oposición quería exhibir como un patrón nacional de Morena quedó reducido a un expediente de un solo distrito.
El Tribunal no absolvió ni sancionó a nadie: decidió quién debe revisar el caso, no si hubo campaña anticipada. Su sentencia, además, no menciona que el 1 de octubre, seis días antes de la sesión, López Beltrán ya se había registrado como aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación en el Distrito 6. Los “actos futuros” que la resolución consideró inciertos ya estaban en curso cuando se votó.
El dinero, la pieza que falta
En la misma sentencia, el Tribunal rechazó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y dejó el tema a las autoridades de Tabasco. Las juntas distritales tramitan quejas, pero la revisión del gasto de aspirantes corresponde a esa unidad. Por ahora no hay información pública sobre quién cuantificará lo invertido en tres meses de recorridos.
Las solicitudes de PAN y Somos México se presentaron directamente ante la Unidad de Fiscalización, por una vía distinta a la que revisó el Tribunal, y su estado no se ha informado. Ahí está la parte de la ofensiva con mayor alcance real: si el gasto se considera de precampaña y rebasa el tope, la consecuencia ya no es una amonestación, sino un problema para la candidatura.
“No son actos anticipados”: la defensa de Andrés
López Beltrán ha rechazado todas las acusaciones. Sostiene que visitar casas y ciudadanos “no debe ser tomado como actos anticipados de campaña” y llama “malquerientes” a quienes lo denuncian. La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que sus actividades responden a la defensa de la soberanía nacional, y la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en manos del INE la decisión.
En el plano institucional, el aspirante llega sin causas abiertas. El 27 de octubre, la Fiscalía General de la República descartó investigarlo por huachicol fiscal, tras los señalamientos del vicealmirante preso Manuel Roberto Farías Laguna, a los que calificó jurídicamente como “testigos de oídas”. Los señalamientos que persisten están fuera del país: The New York Times reportó en septiembre que dos agencias de Estados Unidos revisan acusaciones en su contra, algo que él niega.
Lo que viene
Las seis denuncias seguirán en la Junta Distrital 06 hasta que los tribunales electorales resuelvan. La ley prevé para aspirantes sanciones que van de la amonestación pública a la multa y, en casos extremos, la pérdida del derecho a ser registrado como candidato, un supuesto que rara vez se aplica.
El saldo, hasta hoy, favorece a López Beltrán: el caso se volvió local, la FGR cerró la puerta y su registro como aspirante a coordinador da a sus recorridos el marco de un proceso interno de Morena. A la oposición le queda la vía del gasto, la única de sus denuncias que no depende de interpretar intenciones, sino de sumar facturas.
El anuncio de este martes marcará la siguiente etapa de su aspiración en el Distrito 6, donde el obradorismo construyó su base en Tabasco. Las denuncias seguirán abiertas, y a partir de ahora cada recorrido podrá sumarse al expediente.