Héctor I. Tapia
El Instituto Nacional Electoral atraviesa una crisis que ya alcanzó a su presidenta. Las investigaciones sobre contratos millonarios a empresas vinculadas con un empresario cercano a Guadalupe Taddei terminaron por precipitar el anuncio de su renuncia. Pero mientras la atención pública sigue la ruta de los proveedores y las adjudicaciones cuestionadas, otra cuenta aparece en los archivos del organismo: la de Jorge Montaño Ventura, consejero tabasqueño, aliado de Taddei y personaje históricamente relacionado con el grupo político de Adán Augusto López Hernández.
La cifra no es menor. Entre enero de 2024 y junio de 2026, Montaño aparece en 83 registros oficiales de viáticos y gastos de representación por un millón 150 mil 605 pesos. Detrás del monto hay boletos de avión, hoteles internacionales, restaurantes, viajes por México y el extranjero, así como una estructura administrativa cuya responsabilidad en la autorización y comprobación de los recursos no resulta evidente para quien revisa solamente las facturas. Es dinero público aplicado a las actividades de uno de los integrantes del Consejo General.
La revisión documental de El Tabasqueño reconstruyó esa cuenta mediante formatos oficiales de transparencia, respuestas institucionales, expedientes de comisiones, facturas y notas de crédito. Los archivos permiten seguir al consejero por Montevideo, La Paz, Panamá, Costa Rica y Los Ángeles, además de distintas ciudades mexicanas. También muestran gastos de alimentación y representación que se repiten a lo largo del periodo examinado. No es una investigación sobre las vacaciones de un funcionario, sino sobre cuánto cuestan sus actividades oficiales y cómo se justifica ese gasto.
El contraste político es inevitable. Taddei anunció el domingo 25 de octubre que presentaría su renuncia al día siguiente, en medio de una controversia por contrataciones del organismo. Montaño, uno de los consejeros que respaldaron con mayor frecuencia su conducción, permanece en el Consejo General. Las investigaciones sobre proveedores y los gastos del consejero son expedientes distintos, sin una conexión financiera acreditada entre ellos. Sin embargo, ambos colocan bajo escrutinio una misma cuestión: cómo se ejerce, administra y vigila el dinero público dentro del instituto que fiscaliza a partidos y candidatos.
La cuenta del consejero
Los registros muestran que durante 2024, Montaño acumuló 550 mil 871 pesos en gastos reportados por el INE. En 2025, la cantidad alcanzó 388 mil 612 pesos. Durante los primeros seis meses de 2026 aparecen otros 211 mil 121 pesos. La suma asciende a 1.15 millones de pesos, aunque el último ejercicio comprende solamente un semestre. Son importes asentados en los sistemas de transparencia del instituto y no equivalen, por sí mismos, a cantidades desviadas o erogaciones irregulares.
La dimensión del gasto surge cuando las cifras, dispersas entre archivos, se reúnen en una sola radiografía. El consejero figura en 37 registros de 2024, 29 de 2025 y 17 del primer semestre de 2026. No todos corresponden a desplazamientos: algunos se clasifican como representación y alimentación. Otros comprenden comisiones nacionales o internacionales. La diferencia importa porque contar cada registro como si fuera un viaje produciría una imagen equivocada, pero ignorar los gastos que no implicaron traslados ocultaría una parte significativa de la cuenta.
La cuenta de Montaño
*2026 incluye sólo enero-junio. Las cifras son importes registrados, no una determinación de gastos irregulares. Fuente: formatos de transparencia del INE; revisión documental de El Tabasqueño.
En el papel, cada movimiento tiene una explicación administrativa: una comisión electoral, una reunión institucional, un desplazamiento, una actividad de representación. Pero la transparencia efectiva no consiste únicamente en acumular registros contables. Consiste en que el ciudadano pueda establecer qué actividad justificó el gasto, qué servicios se contrataron y qué resultado obtuvo la institución. La existencia de una factura no sustituye la explicación del interés público que dio origen a la erogación.
Y eso adquiere una dimensión especial en el INE. Se trata de la autoridad encargada de revisar la fiscalización de campañas, vigilar el dinero de partidos y determinar consecuencias por gastos no reportados. Sus consejeros participan en decisiones que pueden modificar candidaturas, sancionar fuerzas políticas o alterar el curso de una elección. Precisamente por esa autoridad, el escrutinio de sus propios recursos no tendría que resultar extraordinario.
Radisson Montevideo: el hotel en facturas de Montaño
Imágenes del Radisson Montevideo, en Uruguay, establecimiento que aparece en los comprobantes de hospedaje de Jorge Montaño Ventura durante su comisión oficial del 24 al 28 de octubre de 2024. La factura registra un importe de 436 dólares.
De Montevideo a Beverly Hills
El 24 de octubre de 2024, Jorge Montaño inició una comisión a Montevideo, Uruguay, que se prolongó hasta el día 28. La documentación oficial registra un gasto de 68 mil 952 pesos. Entre los comprobantes aparece una factura de Viajes Premier, fechada el 17 de octubre, por 58 mil 902 pesos para el itinerario México–Panamá–Montevideo–Panamá–México. Una nota de crédito posterior obliga a distinguir ese importe facturado del costo neto del boleto.
El expediente incluye también documentación de hospedaje en el Radisson Montevideo por 436 dólares. La estancia y el transporte forman parte de una comisión cuyo costo global aparece en los registros institucionales. La factura aérea, considerable por su importe, plantea una pregunta concreta: bajo qué criterios se eligió esa tarifa y cuáles fueron las condiciones de compra. El precio, por sí solo, no demuestra un abuso; la autoridad debe poder explicar por qué correspondía asumirlo con recursos públicos.
Poco después, del 31 de octubre al 6 de noviembre, el consejero realizó otra comisión internacional, esta vez a Los Ángeles, California. Uno de los documentos identifica una estancia en el Sofitel Los Angeles at Beverly Hills, del 3 al 6 de noviembre, con cargos por 1,035.20 dólares. El estado de cuenta registra también un crédito por el mismo importe y un saldo final de cero. Es evidencia del hospedaje y de su liquidación en el hotel, aunque no establece por sí misma quién soportó finalmente el pago.
Sofitel Beverly Hills: el hotel en la cuenta de Montaño
Instalaciones del Sofitel Los Angeles at Beverly Hills, donde un comprobante de noviembre de 2024 registra tres noches de hospedaje de Jorge Montaño Ventura por 1,035.20 dólares durante una comisión oficial del INE. Las fotografías son ilustrativas del establecimiento.
El nombre del establecimiento puede atraer la mirada del lector; lo relevante está en la documentación. La comisión oficial abarcaba más días que los comprendidos en ese estado de cuenta. Para reconstruir su costo completo se requieren las demás operaciones del desplazamiento y su registro en la contabilidad institucional. La pregunta no es si un hotel tiene una dirección famosa, sino cómo se decidió utilizarlo y qué parte de la estancia fue pagada por el organismo.
En La Paz, Bolivia, el viaje del 12 al 17 de diciembre de 2024 dejó otra cuenta significativa. El registro institucional asciende a 58 mil 668 pesos. Los comprobantes de Viajes Premier, después de considerar las notas de crédito identificadas, permiten reconstruir 46 mil 245 pesos en pasajes internacionales. Se trata de documentos emitidos para un itinerario que incluía conexiones aéreas, no de una cantidad que deba sumarse nuevamente al gasto oficial.
El expediente boliviano ofrece, además, un detalle más cercano al consumo cotidiano. Un estado de cuenta del Hotel Mitru Sur registra cinco noches de alojamiento y cargos de restaurante y minibar. El total consignado es de 3 mil 634 bolivianos: 2 mil 610 por hospedaje y 1 mil 24 por consumos adicionales. El documento también registra un anticipo y un saldo que debe interpretarse junto con la liquidación financiera de la comisión.
Ese desglose permite formular una pregunta que las grandes cifras suelen esconder: ¿qué consumos eran comprobables con recursos del INE, cuáles correspondían a gastos personales y cómo se resolvió esa separación? La documentación del hotel muestra cargos; no demuestra que todos hayan sido finalmente aceptados y pagados por el instituto. Pero ofrece suficientes elementos para exigir una explicación precisa, sin necesidad de convertir cada renglón del estado de cuenta en una acusación.
Hotel Mitru Sur: hospedaje y consumos en la cuenta del INE
Instalaciones del Hotel Mitru Sur, en La Paz, Bolivia, donde Jorge Montaño Ventura se hospedó durante una comisión oficial del INE del 12 al 17 de diciembre de 2024. El estado de cuenta registra 3,634 bolivianos entre alojamiento y consumos adicionales de restaurante y minibar.
Tres viajes, tres cuentas
Los importes corresponden a conceptos distintos. Las facturas individuales no deben sumarse nuevamente a los totales de comisión. Fuente: registros y comprobantes del INE, 2024.
El recorrido no termina ahí. Los expedientes oficiales de 2024 incluyen también comisiones a Costa Rica y Panamá, así como desplazamientos nacionales a Chiapas, Coahuila, Yucatán y Michoacán. En Panamá aparece un hospedaje de cinco noches en el Sheraton Grand Panama. En Costa Rica, vuelos y alojamiento forman parte de otra carpeta documental. La reiteración de viajes es un hecho administrativo; su justificación depende de las actividades que motivaron cada comisión.
La otra cuenta: restaurantes y representación
Los vuelos internacionales son la parte más visible de la investigación. Pero existe otro rubro menos espectacular y financieramente relevante: los gastos de representación. Durante 2025, el INE registró 143 mil 628 pesos vinculados con Montaño bajo esa clasificación, distribuidos en doce movimientos. Los conceptos se relacionan principalmente con alimentación de servidores públicos de mando, una categoría que debe distinguirse de los viáticos utilizados durante desplazamientos oficiales.
La cifra plantea preguntas sobre una actividad administrativa que rara vez llega al debate público. ¿Qué reuniones justificaron esos consumos? ¿Cuántas personas participaron? ¿Quién solicitó y autorizó cada gasto? ¿Qué criterios determinaron que correspondía financiarlo como representación? Los registros muestran importes y conceptos generales, pero una explicación completa exige conocer el propósito de las actividades, no solamente la denominación presupuestal utilizada.
La documentación de 2024 permite observar el detalle de algunos consumos. Durante una comisión a Saltillo, en junio, aparecen facturas de alimentos por 1,569 y 1,679 pesos, además de hospedaje y transporte. Esos comprobantes corresponden a un viaje concreto y no deben confundirse con los gastos periódicos de representación de 2025. Sin embargo, ayudan a comprender cómo el gasto institucional se expresa en operaciones específicas, con proveedores, fechas y cantidades que pueden verificarse.
La otra cuenta de Montaño
El restaurante La Silla, en la ruta de gastos de Montaño
Hay una diferencia fundamental entre acreditar un consumo y justificar que sea cubierto con dinero público. La primera tarea corresponde a la factura; la segunda, a las reglas y procedimientos administrativos. En un instituto que revisa con rigor los gastos electorales de terceros, esa distinción tendría que formar parte de sus propios mecanismos cotidianos de rendición de cuentas. El problema no es comer durante una actividad institucional: es poder establecer cuándo y por qué corresponde pagar esa cuenta con presupuesto del organismo.
Pour la France!, restaurante incluido en los gastos de Montaño
Cuando pidieron las facturas, su oficina no las encontró
La revisión de gastos condujo a una respuesta institucional reveladora. El 31 de agosto de 2026 ingresó una solicitud de transparencia que pedía las facturas de viáticos ejercidos por Jorge Montaño entre 2024 y 2026. El requerimiento llegó tanto a la oficina del consejero como a la Dirección Ejecutiva de Administración. La diferencia entre ambas respuestas permite observar cómo se distribuyen las responsabilidades documentales dentro del instituto.
El 9 de septiembre, mediante el oficio INE/CE/JMV/119/2026, la oficina de Montaño informó que, después de revisar sus archivos físicos y electrónicos, no localizó la información solicitada. Explicó que no tenía obligación normativa de generar, integrar o resguardar esos comprobantes y sostuvo que la documentación correspondía al ámbito de competencia de la Dirección Ejecutiva de Administración. No negó la existencia de los gastos; señaló que las facturas no estaban bajo su custodia.
Dos días después, el 11 de septiembre, Administración emitió el oficio INE/DEA/CEI/1511/2026. En él explicó dónde consultar los registros oficiales y cómo localizar los comprobantes mediante las tablas de los formatos de transparencia. Para 2024 proporcionó expedientes fiscales; para 2025 y 2026 indicó los mecanismos de consulta correspondientes. La documentación existía en otras áreas del INE, aunque la oficina del beneficiario de las comisiones no la conservara.
Dos oficios, una misma cuenta
Una solicitud sobre los viáticos del consejero produjo respuestas distintas de dos áreas del Instituto Nacional Electoral.
Oficina de Montaño
Indicó que no tenía obligación de resguardarlas y remitió la competencia a Administración.
Dirección de Administración
Explicó cómo localizar la información de 2024, 2025 y el primer semestre de 2026.
La diferencia entre custodiar documentos y comprobar gastos es el punto central del contraste. La respuesta de una oficina no significa que las facturas hubieran desaparecido del INE.
La diferencia no acredita ocultamiento ni desaparición de comprobantes. Pero abre un asunto que el propio INE tendría que explicar con mayor claridad: qué responsabilidad conserva el servidor público comisionado sobre la comprobación de los gastos que se realizan para sus actividades, aun cuando las facturas permanezcan bajo custodia de otra oficina. La administración del dinero puede estar distribuida; la rendición de cuentas no debería diluirse entre ventanillas.
El 23 de septiembre, el Comité de Transparencia emitió la resolución INE-CT-ST-R-0303-2026, relacionada con la entrega y clasificación parcial de información. El expediente dejó documentado el recorrido administrativo de la solicitud: una oficina sin los comprobantes en sus archivos y otra que sí pudo proporcionar la información. En medio, un consejero cuyas comisiones suman más de un millón de pesos en los ejercicios examinados.
La agencia, los boletos y las notas de crédito
Otro elemento atraviesa varios expedientes: la participación de Viajes Premier en la expedición de boletos aéreos. Sus facturas aparecen en comisiones nacionales e internacionales, con itinerarios, tarifas, impuestos aeroportuarios y bonificaciones. La repetición de una agencia no acredita favoritismo ni contratación irregular; puede responder a un contrato institucional de servicios. Lo que amerita conocerse es el procedimiento de selección, las condiciones pactadas y los controles sobre las tarifas.
La documentación contiene numerosas notas de crédito vinculadas con facturas originales. En Costa Rica, Montevideo y Bolivia, entre otros casos, esos documentos modifican determinados cargos. Su existencia demuestra por qué resulta engañoso sumar indiscriminadamente todo lo que aparece dentro de una carpeta: una factura, su sustitución y una bonificación pueden formar parte de una sola operación cuyo importe final debe reconstruirse con cuidado.
Pero también permite una pregunta más política que contable: ¿cuánto escrutinio interno recibían las decisiones de gasto relacionadas con las actividades de los integrantes del Consejo General? El INE tiene reglas para contratar servicios y comprobar viáticos; la cuestión es cómo operaron específicamente en estos casos. No basta invocar procedimientos generales para explicar operaciones concretas. Cada comisión tiene fecha, importe, objeto y expediente, y por esa misma razón puede examinarse individualmente.
Montaño, un consejero con respaldo político
La relevancia de Jorge Montaño no comienza con sus facturas. Su trayectoria forma parte de la historia reciente del poder electoral en Tabasco y de la recomposición del INE a partir de 2023. Fue integrante de instituciones electorales estatales y ocupó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández. Esa trayectoria alimentó las referencias periodísticas que, desde su llegada al organismo nacional, lo identificaron como una figura próxima al entorno político del exgobernador.
Su designación como consejero ocurrió el 31 de marzo de 2023, mediante la insaculación de la Cámara de Diputados que también llevó a Guadalupe Taddei a la presidencia del instituto. El procedimiento se produjo después del fracaso de las negociaciones legislativas para alcanzar una mayoría calificada. Ese origen no demuestra que las designaciones fueran manipuladas ni que Montaño actuara bajo instrucciones de un grupo político. Pero explica el ambiente de disputa partidista y las expectativas que acompañaron la integración del Consejo.
Una vez dentro del INE, Montaño se convirtió en uno de los consejeros que con mayor frecuencia respaldaron las decisiones de Taddei. Su participación en ese grupo adquirió relevancia cuando la presidenta enfrentó resistencias internas por nombramientos, facultades administrativas y decisiones que otros integrantes del Consejo consideraban necesario someter a discusión colegiada. La cercanía política dejó de ser únicamente una lectura sobre el origen del consejero: comenzó a expresarse en coincidencias institucionales observables.
En abril de 2026 apareció un episodio especialmente significativo. Taddei utilizó sus facultades de nombramiento directo para colocar a Mario Alberto Alejo García al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización y a Anahí Silva Tosca en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Ambos tenían antecedentes profesionales vinculados con Tabasco. Alejo García había trabajado como asesor del propio Montaño, circunstancia que convirtió su designación en un asunto de controversia dentro del organismo.
No se trataba de puestos secundarios. Fiscalización es una de las áreas más sensibles del INE porque interviene en la revisión de los recursos utilizados por partidos y candidatos. Asuntos Jurídicos participa en decisiones legales de enorme trascendencia institucional. La presidenta aprovechó atribuciones que le permitían realizar esos nombramientos sin someterlos a la aprobación del pleno. La decisión mostró cómo personas relacionadas profesionalmente con el entorno del consejero alcanzaron espacios estratégicos durante la administración de Taddei.
La designación de Alejo García fue impugnada por Carla Humphrey, Martín Faz y Arturo Castillo, quienes cuestionaron el cumplimiento del requisito de experiencia directiva en fiscalización previsto por la ley. El nombramiento había sido defendido institucionalmente como ajustado a los requisitos aplicables. Esa controversia no demuestra que Montaño hubiera ordenado la designación ni que interviniera en sus gastos, pero sí ofrece una evidencia importante de la disputa por el control de áreas administrativas y de la influencia que adquirió su círculo profesional.
El entorno de Taddei
Las relaciones mostradas son antecedentes institucionales y profesionales. No representan una cadena de instrucciones ni acreditan intervención en la autorización de viáticos o contratos cuestionados.
Una crisis que no termina con la presidenta
El contexto en el que aparece esta investigación es particularmente delicado. Guadalupe Taddei anunció su renuncia después de que investigaciones periodísticas y autoridades pusieran bajo escrutinio contrataciones del INE con empresas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado por su cercanía personal con la presidenta. Los reportes sobre posibles conflictos de interés, triangulación de recursos y operaciones irregulares deterioraron la credibilidad de la conducción electoral.
Las investigaciones sobre esos contratos abarcan operaciones por cientos de millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación informó que contaba con indicios que justificaban examinar posibles irregularidades y conflictos de interés. Taddei cuestionó la autenticidad y el contexto de algunos señalamientos y sostuvo que debían revisarse mediante procedimientos institucionales. Su decisión de anunciar la renuncia no sustituye esa investigación ni constituye una declaración de culpabilidad por los hechos denunciados.
En ese escenario, los gastos de Montaño adquieren otra dimensión noticiosa. No forman parte de los contratos cuestionados a los proveedores de Taddei, ni los documentos analizados establecen una conexión financiera con ellos. Lo que muestran es una cuenta distinta, generada durante el mismo periodo de conducción institucional y atribuida a uno de los consejeros políticamente más identificados con la presidenta. La relación entre ambas historias no es una operación bancaria: es la exigencia de rendición de cuentas que la crisis ha colocado en el centro del debate.
Porque la presidencia del INE no opera en el vacío. Sus decisiones se apoyan en consejeros, acuerdos internos, funcionarios de confianza y áreas administrativas que permanecen más allá de una persona. La salida de Taddei abre una reorganización del Consejo General, pero no borra las decisiones tomadas durante su gestión. Tampoco cancela las obligaciones de quienes participaron en la conducción del organismo ni convierte automáticamente sus gastos en operaciones incuestionables.
La crisis del INE: dos expedientes distintos
Mientras la presidencia enfrenta cuestionamientos por contrataciones, una solicitud de transparencia permite reconstruir los gastos de un consejero cercano a Taddei.
Los cuestionamientos sobre proveedores vinculados con Taddei y los gastos de viáticos y representación de Montaño son asuntos distintos. La documentación revisada no acredita una conexión financiera entre ambos. Actualizar el estado de la renuncia según la fecha de publicación.
El INE y la doble exigencia de transparencia
Durante años, el Instituto Nacional Electoral ha construido buena parte de su autoridad pública alrededor de la vigilancia del dinero electoral. Exige que los partidos reporten sus ingresos, comprueben sus egresos y respondan por operaciones que afectan la equidad de las contiendas. Esa responsabilidad es indispensable para la democracia mexicana. Pero pierde fuerza moral cuando los gastos de quienes encabezan o integran la institución sólo pueden comprenderse después de revisar archivos dispersos, tablas auxiliares y respuestas de varias oficinas.
En el expediente de Montaño hay un millón 150 mil 605 pesos registrados, viajes internacionales, gastos de representación y documentos que permiten reconstruir numerosas operaciones. No hay en esa suma, por sí misma, una prueba de desvío de recursos. El punto de denuncia es otro: la rendición de cuentas no debería agotarse en demostrar que existe un comprobante. Debe explicar quién autorizó el gasto, qué actividad lo justificó, cómo se verificó su procedencia y qué resultado produjo para la institución.
El consejero puede sostener que sus desplazamientos respondieron a responsabilidades oficiales, misiones electorales o compromisos internacionales. El INE puede acreditar que los servicios se contrataron y pagaron de acuerdo con sus reglas. Esas respuestas forman parte indispensable del escrutinio, y no tendrían que resultar difíciles de proporcionar cuando existen expedientes administrativos de cada comisión. El problema aparece cuando la explicación pública queda reducida a la existencia de una factura o a señalar qué oficina conserva el documento.
Montaño no es un funcionario sin historia política. Llegó al Consejo General en una designación disputada, fue identificado con el entorno de Adán Augusto, respaldó decisiones de Taddei y vio cómo un antiguo asesor suyo alcanzaba la titularidad de Fiscalización. Ninguno de esos hechos convierte automáticamente sus viajes en abusos. Pero la combinación de influencia institucional, gasto público y responsabilidad electoral justifica un examen más intenso, no uno más complaciente.
La cuenta que permanece abierta
Guadalupe Taddei anunció su salida de la presidencia mientras las investigaciones sobre contrataciones siguen su curso. Jorge Montaño continúa dentro del Consejo General, con una trayectoria política que lo sitúa entre las figuras relevantes del periodo que ahora entra en revisión. En los archivos del INE permanece también su cuenta de viáticos y representación: 83 registros por más de 1.15 millones de pesos, con comprobantes que permiten reconstruir vuelos, hoteles, restaurantes y desplazamientos oficiales.
La investigación de El Tabasqueño no transforma esos registros en un desfalco ni atribuye al consejero participación en las operaciones denunciadas a proveedores de Taddei. Sí expone una dimensión del gasto institucional que merece explicaciones puntuales, sobre todo cuando la credibilidad de la autoridad electoral está sometida a una de sus pruebas más delicadas. Los documentos permiten conocer cuánto se registró. Falta que las responsabilidades administrativas y los resultados de cada comisión sean igualmente claros para el público.
El INE tiene facultades para exigir a los partidos cuentas detalladas de su dinero. La misma exigencia debe alcanzar a quienes toman sus decisiones. La presidencia puede cambiar, los aliados pueden reorganizarse y los grupos políticos pueden disputar nuevamente el control del organismo. Pero los comprobantes permanecen.
Y entre las cuentas que permanecen está la de Jorge Montaño Ventura.
CÓMO SE REALIZÓ ESTA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: El Tabasqueño examinó formatos oficiales de gastos de representación y viáticos de 2024, 2025 y enero-junio de 2026; respuestas del INE a una solicitud de transparencia; una relación de diez comisiones de 2024; facturas, comprobantes hoteleros y notas de crédito. Los 83 registros identificados ascienden a $1,150,605.61. La cifra corresponde a importes oficiales reportados y no constituye una determinación de irregularidad o daño patrimonial. Los comprobantes en distintas monedas se presentan sin sumarlos nuevamente al total institucional.
El Tabasqueño. Periodismo Bien Hecho.