En Movimiento Ciudadano, las investigaciones criminales comenzaron a alcanzar su patrimonio político más importante: los ayuntamientos. De las tres alcaldías que ganó en Tabasco, dos enfrentan expedientes penales relacionados con funcionarios municipales. En Paraíso, el alcalde solicitó licencia tras un operativo federal; en Emiliano Zapata, el director de Seguridad Pública fue detenido por presuntos delitos relacionados con drogas, corrupción y amenazas.
El problema ya no es solamente judicial. Con las elecciones de 2027 en marcha, el partido naranja enfrenta una contradicción: mientras defiende el desempeño de sus gobiernos y promueve la continuidad de sus alcaldes, las fiscalías investigan posibles conductas criminales dentro de esas mismas administraciones. Dos expedientes independientes han terminado por construir una crisis política compartida.
Los casos tienen diferencias sustanciales. Alfonso Baca Sevilla reconoció una investigación federal en su contra y permanece separado temporalmente de la alcaldía de Paraíso. José Armín Marín Saury continúa gobernando Emiliano Zapata y no tiene una investigación penal conocida en su contra. Sin embargo, ambos gobiernos enfrentan preguntas sobre el reclutamiento, vigilancia y control de sus funcionarios.
Dos alcaldías bajo investigación
El episodio más reciente ocurrió la madrugada del viernes 23 de octubre, cuando agentes ministeriales detuvieron a Cleofas Juárez Lara, director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata. La captura se produjo durante cateos realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE), con acompañamiento de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, en el municipio gobernado por Marín Saury.
El fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros identificó inicialmente tres posibles delitos relacionados con los detenidos: narcomenudeo, cohecho y amenazas. Aclaró que la intervención no correspondía al denominado Operativo Enjambre, sino a diligencias de cateo autorizadas por un juez, durante las cuales fueron aseguradas varias personas. Los señalamientos deberán individualizarse conforme avance el procedimiento ministerial.
DOS EXPEDIENTES
Dos alcaldías de Movimiento Ciudadano enfrentan investigaciones penales diferentes. Selecciona un municipio para revisar su situación.
Paraíso
Alcalde con licencia
- Fecha clave
- 19 de agosto de 2026
- Autoridad
- Fiscalía General de la República
- Operativo
- Enjambre: 14 inmuebles cateados y ocho personas detenidas.
- Líneas penales
- Armas, hidrocarburos, narcóticos y otras conductas mencionadas en la investigación.
- Situación política
- Baca solicitó licencia por 90 días tras el operativo.
Emiliano Zapata
Alcalde en funciones
- Fecha clave
- 23 de octubre de 2026
- Autoridad
- Fiscalía General del Estado
- Operativo
- Cateos con apoyo de FIRT Olmeca.
- Delitos señalados
- Presunto narcomenudeo, cohecho y amenazas.
- Funcionario detenido
- Cleofas Juárez Lara, director de Seguridad Pública.
- Situación política
- Marín Saury mantiene su intención de reelegirse.
“No, en Zapata no se ejecutaron órdenes de aprehensión, se ejecutaron cateos. Se realiza el cateo y de acuerdo a lo buscado y autorizado por el juez es como lo ponemos a disposición. No es Operativo Enjambre, es operativo diario de la FIRT Olmeca”, explicó el fiscal.
La detención alcanzó una de las posiciones más sensibles del gobierno municipal. El funcionario investigado no era un empleado secundario: estaba encargado de dirigir la corporación responsable de prevenir delitos y proteger a la población. El Ayuntamiento respondió nombrando a Luis Fernando Cruz Castañón como encargado de despacho. La sustitución resolvió la vacante administrativa, pero no todas las interrogantes sobre la supervisión policial.
Paraíso, el precedente que abrió la crisis
El primer golpe político ocurrió el 19 de agosto, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) desplegó el Operativo Enjambre en Paraíso. El balance del procedimiento incluyó ocho detenidos, 14 inmuebles cateados, 25 vehículos y 15 armas aseguradas. También fueron localizados uniformes de la Policía Municipal, equipo táctico, aparatos electrónicos y documentación que quedó bajo análisis ministerial.
Las diligencias alcanzaron inmuebles vinculados con funcionarios del Ayuntamiento y colaboradores cercanos a Alfonso Baca Sevilla. Entre las áreas mencionadas en los primeros reportes figuraron Obras Públicas y Finanzas. La dimensión del despliegue colocó bajo escrutinio tanto el funcionamiento administrativo como la posible utilización de recursos, inmuebles y equipos relacionados con el gobierno municipal.
Baca reconoció públicamente que la investigación federal contemplaba seis posibles delitos, según información obtenida por su defensa: uso ilícito de atribuciones y facultades, tortura, portación ilegal de armas, posesión de armamento reservado a las Fuerzas Armadas, hidrocarburos y narcóticos. El alcalde rechazó haber cometido esas conductas y denunció una persecución política. Las imputaciones específicas y sus pruebas corresponden al proceso penal.
El 22 de agosto, el Cabildo concedió al presidente municipal una licencia de 90 días y designó a María Eliza Hernández Flores como presidenta interina. Desde entonces, la administración continúa bajo las siglas de MC, pero sin el alcalde que ganó la elección de 2024. La separación temporal modificó de manera sustancial su posición política y sus posibilidades de continuidad.
CERCO FEDERAL
El despliegue federal alcanzó inmuebles, vehículos, armas y personas vinculadas a las diligencias de investigación.
DETENIDAS
CATEADOS
ASEGURADOS
ASEGURADAS
Fuente: Balance del operativo federal en Paraíso. Los aseguramientos no implican automáticamente responsabilidad penal del alcalde ni de todos los funcionarios municipales.
El policía detenido y las preguntas al alcalde
En Emiliano Zapata, la responsabilidad penal deberá establecerse respecto de Cleofas Juárez Lara y las demás personas investigadas. No obstante, la detención de un director de Seguridad Pública plantea una cuestión administrativa inevitable: cómo funcionaban los mecanismos de selección, evaluación y supervisión de quien encabezaba la policía municipal.
¿Tenía vigentes sus evaluaciones de control de confianza? ¿Existían reportes sobre posibles irregularidades? ¿Qué revisiones se realizaron durante su gestión? ¿Cuáles eran los mecanismos de vigilancia interna? Son preguntas que el gobierno de Armín Marín Saury deberá responder con documentos y procedimientos, no solamente mediante declaraciones sobre el desempeño general del municipio.
El fiscal Vázquez Landeros fue cuidadoso al marcar los límites de la investigación. Ante la pregunta sobre posibles indagatorias contra el presidente municipal, respondió: “No recuerdo ninguna investigación en contra de ningún alcalde en este momento”. También recordó que se presume la inocencia de los detenidos mientras no exista una resolución judicial que establezca responsabilidades.
La distinción es indispensable. No hay elementos públicos suficientes para atribuir a Marín Saury participación en actividades delictivas, pero tampoco sería razonable considerar que la captura de su principal mando policial carece de consecuencias institucionales. La responsabilidad penal se prueba ante los jueces; la responsabilidad política también se examina mediante la rendición de cuentas.
Reelección en medio del escándalo
Las investigaciones llegan cuando Movimiento Ciudadano prepara sus candidaturas para las elecciones del 6 de junio de 2027. En julio, la dirigente estatal Karla Rabelo Estrada abrió la puerta a la reelección de los alcaldes del partido y defendió sus resultados de gobierno. Entonces, únicamente Armín Marín Saury había manifestado públicamente su intención de competir por otro periodo.
“Claro, están en su derecho de alzar la mano para poder reelegirse si ellos así lo consideran. Y si no es viable por petición de ellos, desde luego que en esos municipios buscaremos los mejores perfiles”, declaró Rabelo el 22 de julio.
La situación cambió posteriormente para Paraíso. El operativo federal y la licencia de Baca Sevilla alteraron las condiciones políticas bajo las cuales podía contemplarse su continuidad. Aunque la dirigencia había mantenido abierta la posibilidad de reelección para sus tres alcaldes, no existe evidencia suficiente de que Baca hubiera formalizado una aspiración personal antes de su separación.
En contraste, la intención de Marín Saury permanece vigente. El alcalde ha expresado su deseo de buscar nuevamente el cargo y su partido ha reconocido esa aspiración. La detención de su director policial introduce ahora un elemento que tendrá que administrar políticamente: explicar cómo ocurrió una investigación de esa naturaleza dentro de un gobierno que pretende presentar resultados para obtener otros tres años.
RUMBO A 2027
Del respaldo a la reelección a dos investigaciones que modificaron el escenario político de las alcaldías emecistas.
Reelección abierta
La dirigencia estatal de MC plantea la posibilidad de respaldar a sus alcaldes para buscar otro periodo.
Operativo en Paraíso
La FGR realiza cateos y detenciones dentro de una investigación que alcanza al entorno municipal.
Licencia de Baca
El Ayuntamiento concede licencia por 90 días al presidente municipal y designa una autoridad interina.
Armín reafirma aspiración
El alcalde de Emiliano Zapata manifiesta públicamente su intención de buscar la reelección.
Detención del mando policial
La FGE detiene al director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata durante cateos.
Elecciones municipales
Los ciudadanos elegirán a las próximas autoridades de los 17 municipios de Tabasco.
La defensa política de Movimiento Ciudadano
Tras la captura del funcionario de Emiliano Zapata, Karla Rabelo Estrada sugirió que los acontecimientos podrían tener un trasfondo político relacionado con la intención de reelección del alcalde. Aunque reconoció no contar todavía con información suficiente sobre el expediente, vinculó las circunstancias con el trabajo realizado por los gobiernos emecistas.
“Yo creo que sí. Desde luego considero que están preocupados por el trabajo que venimos haciendo en Movimiento Ciudadano, que nuestros alcaldes han sido buenos alcaldes”, expresó la dirigente.
Rabelo defendió particularmente a Marín Saury: “Armín tiene el municipio estable, tanto en seguridad, tanto en economía. Yo creo que ha trabajado bien, viene haciendo un buen proyecto para Zapata como alcalde”. Su valoración, legítima desde la perspectiva partidista, no responde por sí sola a las preguntas que produce la detención del responsable municipal de combatir la delincuencia.
“Creo yo que de ahí provienen muchas cosas. ¿Por qué? Porque Armín quiere reelegirse. Creo que de ahí viene. Pero bueno, no lo puedo adelantar a los hechos”, manifestó.
La hipótesis de una persecución política merece ser examinada si el partido presenta pruebas. Pero tampoco puede aceptarse como explicación automática de cada investigación contra sus funcionarios. Defender la presunción de inocencia y exigir explicaciones institucionales no son posiciones incompatibles. Por el contrario, ambas deberían formar parte de una respuesta partidista responsable.
Tres gobiernos, dos frentes abiertos
La crisis tiene una dimensión que rebasa los municipios investigados. MC ganó Paraíso, Emiliano Zapata y Tacotalpa en 2024, convirtiendo esas victorias en la base de su presencia territorial en Tabasco. Ahora, dos de esos gobiernos enfrentan investigaciones penales que pueden afectar la valoración ciudadana de su desempeño y las decisiones sobre las próximas candidaturas.
El partido tampoco llega a esta coyuntura con plena tranquilidad interna. En octubre, la designación de coordinadores municipales reabrió desacuerdos entre su dirigencia estatal y otros liderazgos. Las diferencias sobre organización, candidaturas e influencia territorial antecedieron a la detención en Emiliano Zapata y forman parte del contexto de una organización que busca conservar sus gobiernos mientras amplía su presencia electoral.
Lo que está en discusión no es si todos los funcionarios de Movimiento Ciudadano comparten responsabilidades por los delitos investigados. No existe evidencia para sostener semejante conclusión. La cuestión es si el partido dispone de mecanismos suficientes para identificar riesgos, revisar nombramientos y exigir cuentas a las administraciones que gobierna.
En un estado donde la seguridad pública ocupa un lugar central en la discusión ciudadana, la detención de un jefe policial y las investigaciones sobre un Ayuntamiento petrolero tienen consecuencias que difícilmente desaparecerán con un comunicado de defensa. El problema para MC no es únicamente lo que puedan demostrar las fiscalías, sino aquello que sus gobiernos todavía necesitan explicar.
TRES ALCALDÍAS
Movimiento Ciudadano ganó tres gobiernos municipales en 2024. En dos de ellos existen investigaciones penales que alcanzan a funcionarios o al entorno de sus administraciones.
El verdadero costo rumbo a 2027
Los dos expedientes deben seguir rutas judiciales independientes. En Paraíso, la FGR deberá establecer qué delitos atribuye a cada investigado y cómo pretende acreditarlos. En Emiliano Zapata, la FGE tendrá que determinar las responsabilidades derivadas de los cateos y de la detención del director policial. Ninguna investigación constituye por sí misma una sentencia condenatoria.
Sin embargo, el calendario electoral no se detiene mientras actúan los ministerios públicos. Movimiento Ciudadano tendrá que decidir cómo evaluará a sus funcionarios y aspirantes, qué controles exigirá a sus alcaldes y de qué manera responderá a las preguntas ciudadanas. La dirigencia puede defender a sus gobiernos, pero esa defensa pierde fuerza cuando no va acompañada de información verificable.
Para Alfonso Baca Sevilla, la investigación federal y su separación temporal de la alcaldía representan una alteración profunda de su trayectoria política. Para Armín Marín Saury, el desafío es diferente: aspira a reelegirse mientras la actuación de quien dirigía su policía se encuentra bajo investigación. Uno enfrenta directamente un expediente federal; el otro carga con las consecuencias institucionales de una detención dentro de su gobierno.
Movimiento Ciudadano llegó al poder municipal ofreciendo una alternativa política. Ahora deberá demostrar que sus administraciones también pueden responder al escrutinio cuando aparecen indicios de posibles delitos. La justicia determinará las responsabilidades individuales. Pero en 2027, serán los electores quienes decidan cuánto pesan estas investigaciones sobre la confianza que depositaron en las siglas naranjas.