CDMX.— La denuncia presentada contra Adán Augusto López Hernández llegó al Senado como una piedra en el estanque. La diputada panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño lo acusó de ocultar ingresos millonarios, falsear declaraciones fiscales y usar empresas vinculadas al gobierno de Tabasco cuando fue gobernador.
En otro tiempo, ese tipo de acusaciones habría sido suficiente para citar a cualquier político ante la Fiscalía. Pero el ex gobernador de Tabasco no es cualquier político. Es el coordinador de los senadores de Morena, amigo del presidente López Obrador, y un hombre que, hasta hace poco, parecía tener futuro propio dentro del poder.
La denuncia fue recibida el 28 de octubre por la Contraloría Interna del Senado. En ella, la ex diputada señala que el tabasqueño habría omitido declarar cerca de 79 millones de pesos en ingresos durante 2023 y 2024, provenientes de “servicios profesionales” sin respaldo legal.
Los recursos, dice el documento, habrían salido de empresas con vínculos previos con el gobierno estatal y de otras marcadas por el SAT como fantasma. Los montos declarados ante Hacienda —58.1 millones de pesos— contrastan con los apenas 625 mil pesos reportados a la Contraloría del Senado. La diferencia es demasiado grande para pasar inadvertida.
Pérez-Jaén pidió revisar sus declaraciones patrimoniales de los últimos cuatro años, verificar bienes en el Registro Público y rastrear transferencias en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En su lista de presuntas irregularidades hay de todo: omisión de ingresos, defraudación fiscal, conflicto de interés, enriquecimiento ilícito y violación al régimen de incompatibilidades notariales. En otras palabras: una acusación que, en otro país, bastaría para suspender a un legislador de su cargo.
ENTRE EL EXPEDIENTE Y EL ESCUDO
Pero en México, el fuero es un escudo. Aun si la Fiscalía General de la República (FGR) decidiera investigar, no podría imputarlo sin que el Senado le retire la protección constitucional. Y ese mismo Senado lo tiene a él como coordinador. Es el caso perfecto del juez que también es parte. No es imposible que la Contraloría abra un expediente; lo difícil será que avance sin freno político.
La diputada fue clara: “Se siente protegido por la Presidenta Sheinbaum y por los senadores de Morena”, declaró frente a cámaras. Sus palabras reflejan más que enojo: son el retrato de cómo opera el poder cuando se investiga a uno de los suyos. La denuncia quedó en manos de Gerardo Fragoso Díaz, contralor interno del Senado y, según la denunciante, amigo cercano del propio López Hernández.
El caso podría quedarse en un archivo o convertirse en tormenta. Dependerá de si el expediente llega a la FGR. De hacerlo, el fiscal tendría que valorar si los delitos denunciados —enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal— son de los llamados “graves” y, por tanto, merecen un proceso penal. Pero mientras el fuero siga intacto, no hay juez ni fiscal que pueda tocarlo. La ley lo roza, pero no lo alcanza.
LA POLÍTICA COMO REFUGIO
En Tabasco se entiende bien este juego: la política se usa como refugio. Muchos funcionarios han buscado en el cargo un salvavidas frente a investigaciones. Y este caso tiene una ironía: Adán Augusto fue quien promovió la reforma para eliminar el fuero presidencial. Hoy se ampara en el mismo instrumento que quiso desaparecer.
El problema para él no es sólo legal, sino político. López Hernández lleva meses intentando recuperar terreno dentro del movimiento. Perdió la carrera presidencial, salió del gabinete, y ahora enfrenta el escándalo más serio de su trayectoria. No es menor: se trata de un señalamiento por enriquecimiento injustificado y posibles vínculos con empresas que recibieron contratos públicos.
Detrás del ruido jurídico se asoma un mensaje político. En el Senado, nadie ignora que la denuncia impacta directamente en la línea de poder que encabeza Claudia Sheinbaum. Si el caso crece, Morena tendría que decidir entre blindar a uno de los suyos o permitir que el proceso siga su curso. Ambas rutas cuestan: protegerlo puede dañar la narrativa de “cero impunidad”; dejarlo caer, abrir grietas internas.
UN VIEJO EXPEDIENTE EN TABASCO
El golpe no vino solo. Pérez-Jaén también presentó 37 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación durante los años en que López Hernández gobernó Tabasco. La cifra: 765 millones de pesos en programas federales sin aclarar. Entre ellos, transferencias a unidades médicas, pagos a empleados fallecidos y nóminas ejecutivas sin soporte.
Tabasco vuelve a aparecer, otra vez, como la pieza incómoda. El estado donde nació el proyecto lopezobradorista es también el escenario de sus mayores contradicciones. Ahí están los casos de Hernán Bermúdez, el ex secretario de Seguridad prófugo, y las redes de corrupción descubiertas en hospitales y contratos. Ahora, el nombre de quien gobernó entre 2019 y 2021 se suma a esa lista.
La denuncia no cambia solo el tablero nacional: reactiva las fisuras en la política tabasqueña, donde Javier May —hoy gobernador— ha marcado distancia del grupo que encabezó Adán Augusto. No es casual que en Villahermosa la noticia corra rápido y las versiones se multipliquen: algunos la ven como ajuste de cuentas, otros como justicia tardía. Pero todos coinciden en algo: la caída moral del viejo grupo está en marcha.
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ENTRE EL SILENCIO Y LA IMPUNIDAD
El senador no ha respondido. Ningún dirigente de Morena lo ha defendido públicamente. El partido guarda silencio, aunque su código de ética prohíbe que un militante critique a otro, norma que el Tribunal Electoral acaba de declarar inconstitucional por limitar la libertad de expresión. Esa regla, pensada para evitar fracturas, hoy funciona como mordaza.
Mientras tanto, la denuncia crece en la conversación pública. Lo que empezó como una queja administrativa ya tiene tintes de escándalo nacional. En Tabasco, donde todos se conocen, el tema se comenta con la misma mezcla de sorna y desencanto con la que se observan los pecados de los poderosos.
El resultado será una prueba para el Senado y para el gobierno federal. Si la Contraloría archiva el caso, quedará la impresión de impunidad. Si lo turna a la FGR, se abrirá un frente que puede desgastar a Morena en plena reconfiguración del poder. Pero hay una certeza: Adán Augusto ya fue alcanzado por la sombra del dinero y del pasado.
Puede que la ley lo toque. Pero el fuero, por ahora, lo salva.
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