DE PRIMERA MANO | Por Rodulfo Reyes
La carpeta de investigación contra quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco en el sexenio pasado, Hernán Bermúdez Requena, a poco más de un año de iniciada, parece haber topado con pared en la persona del ex funcionario detenido en Paraguay, y ya no se ha indiciado a más responsables dentro del gobierno anterior.
La averiguación previa contra el ex jefe policíaco comenzó a principios de la gestión del morenista Javier May Rodríguez, quien empezó a despachar en Plaza de Armas el 1 de octubre de 2024, en medio de la peor crisis de violencia en la entidad.
El 13 de noviembre del año pasado, a un mes y medio de asumir el cargo, el mandatario dijo —en referencia a Bermúdez Requena— que en Tabasco “todo mundo sabía quién era el cabecilla de La Barredora.”
Esta organización criminal, que desde finales de 2023 había irrumpido con terror en la escena tabasqueña, mantenía un abierto reto contra las instituciones del Estado y, a la par del asesinato de policías, pedía la destitución de los titulares de las áreas de seguridad y procuración de justicia.
El 14 de febrero de este año, tres meses después de que el gobernador May acusó públicamente a Requena de ser el jefe criminal, un juez estatal libró orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado contra el ex secretario de Seguridad, quien por esas fechas huyó del país vía aérea desde Mérida, Yucatán, según informó el entonces comandante de la 30 Zona Militar en Villahermosa, general Miguel Ángel López Martínez.
Si la investigación contra Hernán comenzó con la llegada de May al poder, fueron seis meses los que se tomaron las nuevas autoridades para encontrar las evidencias que hoy lo tienen en prisión.
Antes de que cayera Hernán fueron detenidos sus dos principales colaboradores: Ulises “N” y Tomás “N”, quienes se acogieron al criterio de oportunidad de la FGR y se convirtieron en testigos colaboradores.
Apodados El Mamado y El Lic. Tomasín, respectivamente, los “soplones” proporcionaron el mapa de La Barredora a las autoridades, y con sus declaraciones fue posible establecer que se trató de una banda delictiva formada desde las mismas estructuras gubernamentales encargadas de combatir al crimen.
El 17 de noviembre pasado, nueve meses después de librarse la orden de aprehensión, Bermúdez Requena fue traído de Paraguay a México.
Desde entonces, las autoridades no han informado qué ha declarado el ex jefe policíaco.
A manera de filtración, en la columna del periodista Carlos Loret de Mola, el gobierno federal ha dejado entrever que Bermúdez Requena “no ha incriminado por el momento” a Adán Augusto López Hernández, quien, siendo gobernador, lo nombró secretario de Seguridad en 2019.
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Aunque era su colaborador y amigo desde 1992, cuando coincidieron en el gobierno priísta de Manuel Gurría Ordóñez —Adán como subsecretario de Gobierno y Hernán como director de Seguridad Pública—, el ahora senador ha sostenido que no estaba enterado de que el líder de La Barredora era un criminal incrustado en la administración.
Para reforzar la tesis de que el caso Bermúdez Requena no llegará más lejos, tanto el gobernador Javier May como su segundo de a bordo, José Ramiro López Obrador, han dicho que la solicitud de la oposición para que López Hernández pida licencia en el Senado es un tema mediático.
Para su información…
En la tierra del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, un estado eminentemente petrolero, hay inquietud porque las Afores de más de 32 mil trabajadores sindicalizados de Pemex están en riesgo ante la pretensión del gobierno federal de modificar la ley y disponer de estos recursos, que entre 1997 y 2025 suman 10 billones de pesos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros ha sido acusado de ceder derechos laborales a cambio de mantener privilegios, abandonando a miles de agremiados. De esos 10 billones, 7.4 billones son administrados por Afores y 2.4 billones por Infonavit y Fovissste, para financiar vivienda social.
El presidente del Colegio de Economistas de Tabasco (CET), Joaquín Zapata López, manifestó su preocupación y criticó las iniciativas gubernamentales que podrían afectar a los petroleros. En Tabasco hay seis secciones petroleras (14, 26, 28, 44, 48 y 50) que agrupan a más de 25 mil trabajadores, lo que convierte al edén en un polvorín potencial si el Estado impone su criterio y afecta al gremio energético.
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