Menos listas, menos dinero… y menos refugios políticos

Héctor I. Tapia

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó este 25 de febrero su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, que enviará formalmente al Congreso de la Unión el lunes 2 de marzo. El proyecto elimina las listas plurinominales en el Senado, mantiene los 500 diputados pero cambia la forma de asignar los 200 de representación proporcional, reduce en 25 por ciento el costo del sistema electoral y acota el tamaño del aparato legislativo en estados y municipios.

No fue una exposición técnica. Fue una definición política. “Estoy obligada a enviarla”, dijo. Y añadió algo que marcó el tono de la jornada: si la iniciativa no se aprueba, no será derrota, sino consecuencia de no haber cedido en principios. Con esa frase, la reforma electoral dejó de ser negociación y pasó a convertirse en compromiso personal.

La propuesta se estructura en diez puntos: rediseño de la representación proporcional, reducción del gasto, mayor fiscalización financiera, voto en el extranjero, disminución de tiempos en radio y televisión, regulación de Inteligencia Artificial y bots, inicio inmediato de cómputos distritales, ampliación de democracia participativa, prohibición del nepotismo y eliminación de la reelección inmediata a partir de 2030.

El dato duro está en la arquitectura del Congreso. El Senado de la República bajaría de 128 a 96 integrantes. La Cámara de Diputados conservaría 500 curules, pero los 200 espacios de representación proporcional dejarían de asignarse por listas cerradas como hoy se conocen. En términos prácticos, se obliga a todos los aspirantes a buscar voto directo.

Ahí comienza el verdadero debate.

Plurinominales: qué cambia realmente

La Presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática: “Quien quiera ser senador o diputado, que vaya a buscar su voto”. La reforma electoral elimina las listas plurinominales en el Senado y transforma el mecanismo en la Cámara de Diputados.

Hoy el Senado de la República se integra por 64 senadores de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional por lista nacional. La iniciativa elimina estos últimos 32, dejando la Cámara Alta en 96 integrantes. Es un recorte estructural.

En la Cámara de Diputados el número no cambia —500 integrantes—, pero sí la lógica. Se mantienen 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional; sin embargo, esos 200 ya no surgirían de listas cerradas diseñadas por dirigencias partidistas, sino de los mejores resultados obtenidos en territorio y circunscripción.

En apariencia es un ajuste técnico. En la práctica altera los incentivos internos de los partidos. Las listas cerradas permitían a las cúpulas garantizar posiciones estratégicas. El nuevo esquema obliga a competir territorialmente incluso para aspirar a un espacio proporcional.

Para el oficialismo, que en 2024 obtuvo alrededor del 54% de la votación y se quedó con aproximadamente 73% de las curules, el modelo territorial no es un terreno desconocido. Para fuerzas medianas o pequeñas, cuya supervivencia depende en parte de la representación nacional agregada, el cambio es más delicado.

No se modifica el tamaño del Congreso. Se modifica la forma de llegar a él.

Dinero y aparato electoral

El segundo eje es presupuestal. La iniciativa propone reducir en 25 por ciento el costo del sistema electoral. En 2024, el aparato federal representó alrededor de 36 mil millones de pesos, a los que se sumaron aproximadamente 25 mil millones ejercidos por los estados.

El recorte alcanzaría al Instituto Nacional Electoral (INE), a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), a los tribunales electorales y al financiamiento de los partidos políticos. También contempla disminuir sueldos y bonos de consejeros y altos mandos en apego al artículo 127 constitucional, reducir tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios en periodo electoral y ajustar el número de regidurías municipales hasta un máximo de 15 según población.

El argumento es claro: México tiene uno de los sistemas electorales más costosos del mundo. La Presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que el ahorro permitirá canalizar recursos hacia salud, educación o programas sociales.

El análisis exige otra pregunta: ¿puede abaratarse el sistema sin comprometer su capacidad operativa? La reforma electoral incorpora, como contrapeso, un fortalecimiento de la fiscalización: acceso oportuno del INE a operaciones financieras de partidos y candidatos, prohibición de aportaciones en efectivo y uso intensivo de tecnologías para supervisar recursos.

Es decir, se reduce gasto pero se promete mayor control. No es solo austeridad. Es rediseño del aparato.

Fiscalización y tecnología: el control financiero en tiempo real

Si el recorte presupuestal es el rostro visible de la reforma electoral, el endurecimiento de la fiscalización es su columna técnica. La iniciativa plantea que el Instituto Nacional Electoral (INE) tenga acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y candidaturas, prohíbe las aportaciones en efectivo y obliga a que los recursos se manejen dentro del sistema financiero formal.

En un país donde las campañas han sido señaladas por el uso de dinero ilícito o de procedencia opaca, el acceso inmediato a movimientos financieros modifica la capacidad de supervisión. La apuesta es clara: menos gasto estructural, pero más vigilancia digital.

La regulación del uso de Inteligencia Artificial y la prohibición de bots en campañas electorales también introduce un elemento inédito. El fenómeno de la manipulación digital dejó de ser teórico; la reforma propone etiquetar contenido generado con IA y sancionar operaciones artificiales que alteren la conversación pública.

No es un tema menor. Las campañas ya no se libran sólo en plazas y mítines, sino en redes y plataformas. La iniciativa reconoce esa realidad y la incorpora al diseño normativo.

La pregunta operativa es si el fortalecimiento tecnológico compensará el ajuste presupuestal en órganos locales y tribunales. El equilibrio entre ahorro y capacidad técnica será el punto fino del debate legislativo.

Regidurías y Congreso local: impacto territorial

Más allá del Congreso de la Unión, la reforma electoral toca un punto poco visible pero políticamente sensible: el tamaño de los cabildos municipales. La propuesta establece que el número de regidurías se ajuste conforme a la población, con un tope máximo de 15 integrantes.

En municipios pequeños o medianos, esto implicará una reducción directa en espacios de representación. La medida se presenta como racionalización del gasto y simplificación administrativa, pero en los hechos modifica equilibrios locales de poder.

En la #MañaneraDelPueblo, encabezada por la Presidenta @Claudiashein, presentamos la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, conformada por 10 puntos y construida con las aportaciones del pueblo para transformar la vida democrática de nuestro país. 🇲🇽🗳️ pic.twitter.com/aJkS9VdVVO

— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) February 25, 2026

En estados con fuerte competencia municipal, cada regiduría es una plataforma política. Reducirlas no sólo ahorra recursos; redefine oportunidades de acceso a cargos y reorganiza la dinámica de coaliciones locales.

A nivel federal también se contempla disminuir el gasto del Poder Legislativo y homologar percepciones salariales conforme al artículo 127 constitucional. En conjunto, la iniciativa no se limita a reglas de votación: toca la estructura política en sus distintos niveles.

El ajuste es financiero, pero también territorial.

Democracia participativa y no reelección

La iniciativa incorpora un fortalecimiento de instrumentos de democracia directa: referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato, además de permitir el uso de tecnologías como el voto electrónico en estos mecanismos.

La ampliación a estados y municipios busca que estas figuras no se limiten al ámbito federal. El discurso de la Presidenta Claudia Sheinbaum lo resume en una idea: “más poder al pueblo”.

En paralelo, la reforma electoral reitera la prohibición de nepotismo en cargos de elección popular y establece la no reelección inmediata en todos los cargos a partir de 2030. Este último punto redefine la carrera política, cerrando la posibilidad de continuidad consecutiva en alcaldías, diputaciones o senadurías.

Si la eliminación de listas impacta el acceso, la no reelección impacta la permanencia.

La iniciativa presentada este 25 de febrero no altera el número total de diputados, pero sí redefine cómo llegan al Congreso de la Unión. Reduce el Senado de la República, ajusta el tamaño de cabildos municipales, recorta el gasto electoral y endurece la fiscalización financiera y digital.

La Presidenta Claudia Sheinbaum optó por presentar una propuesta completa y asumir su defensa pública. El lunes comenzará la discusión legislativa. Si se aprueba, las elecciones de 2027 se organizarán bajo reglas más territoriales y con un aparato electoral más compacto. Si no, quedará establecido que el Ejecutivo federal puso sobre la mesa una reforma que combina austeridad, control financiero y rediseño representativo.

La decisión ya no está en Palacio Nacional. Está en el Congreso.