Hoy, el gobernador Javier May Rodríguez lanzó la acusación más fuerte de la semana sobre el caso Food Park. Señaló que quienes tenían en posesión el predio del Gimnasio La Choca cobraban a los locatarios una cuota por operar ahí, sin rendir ese dinero a la autoridad correspondiente. En otras palabras, alguien construyó un negocio privado sobre un permiso vencido y un terreno público, cobrando renta durante años a comerciantes que probablemente creían estar en regla.
May fue enfático al calificarlo como un negocio hecho a costa del gobierno, y dejó abierta la puerta para que los propios locatarios denuncien penalmente a quien los cobraba, incluyendo la posibilidad de que existiera evasión fiscal si ese cobro nunca se facturó ni se declaró.
Para entender el peso de esa acusación, hay que recordar qué ocurrió apenas el sábado pasado. Ese día, el gobierno del estado tomó en resguardo el predio del Gimnasio La Choca, donde durante los últimos siete años operó el parque gastronómico conocido como La Antojería Food Park. El operativo llegó como consecuencia directa de la venta del terreno, un proceso que había sido público desde abril, cuando el Congreso del Estado aprobó la enajenación con 23 votos a favor y 8 en contra, y que se mantuvo abierto a licitación durante los meses siguientes. Decenas de locatarios recibieron entonces la instrucción de desalojar sus puestos, y varios de ellos solicitaron una prórroga para hacerlo.
Detrás de esa fachada de comida y sombrillas, sin embargo, existía una irregularidad documentada desde hace años, la misma que hoy May convirtió en acusación. El único permiso que amparó legalmente la operación del Food Park es la autorización INJUDET/DID/049/2019, expedida el 13 de junio de ese año por la entonces directora general del instituto, Sheila Guadalupe Cadena Nieto, durante la administración de Adán Augusto López Hernández.
Ese documento autorizaba el uso temporal del predio únicamente hasta el 30 de junio de 2019. Es decir, durante más de siete años, el parque gastronómico operó sin ningún permiso vigente, sin que ninguna administración posterior —ni la del propio Adán Augusto, ni la de Carlos Manuel Merino, ni la actual, hasta este fin de semana— formalizara su situación ni ordenara su cierre.
Esta acusación traslada el peso político del caso. Ya no se trata únicamente de un desalojo que dejó sin local a decenas de comerciantes, sino de una posible red de cobro irregular que operó durante siete años bajo la mirada de al menos tres administraciones distintas, estatales y municipales, sin que nadie la detuviera hasta ahora.
Los que sí tienen nombre: la fila política que el gobernador no mencionó
Cuando May habló de «tiempos de zopilotes, de carroñeros», evitó deliberadamente nombrar a nadie. Esa omisión no es casualidad: acusar sin nombrar blinda al gobernador de una respuesta directa, mientras deja perfectamente clara la referencia para cualquiera que haya seguido el caso en la última semana. Nosotros sí podemos nombrarlos, porque sus declaraciones son públicas y quedaron documentadas desde el mismo fin de semana del desalojo.
El primero en pronunciarse fue Pedro Gutiérrez Gutiérrez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Tabasco, quien lamentó públicamente el cierre por tratarse, según dijo, de una acción sin orden judicial que afectaba a 120 familias. Lo que Gutiérrez omitió es que el permiso del predio llevaba vencido desde junio de 2019, precisamente durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, el mismo espacio político del que él mismo proviene.
La diputada del PRD, Orquídea López, cuestionó en redes sociales la falta de transparencia del proyecto Villahermosa 2030 con la pregunta «¿Desarrollo para quién?», sin mencionar que la licitación del predio fue supervisada por la Secretaría Anticorrupción, la Consejería Jurídica y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Jesús Alí de la Torre, delegado de Somos México, fue quien llevó la denuncia más lejos: publicó un video, con cámara y micrófono de por medio, calificando el operativo como un «desalojo ilegal» ejecutado de «forma autoritaria», sin aportar ningún elemento jurídico que sustentara esa calificación frente a una operación autorizada por el Congreso y ejecutada por la Unidad de Administración y Patrimonio del Estado.
A ellos se sumó, ya entrada la semana, el diputado Erubiel Alonso Que, quien pidió públicamente una prórroga de seis meses para los locatarios, una petición legítima en el papel, pero que llegó cuando el proceso de venta ya era irreversible y cuando ninguno de los cuatro había cuestionado la licitación mientras estuvo abierta.
Es sobre este cuarteto, precisamente, que aterriza la frase de May sobre actores «sin discurso, ni base social». El gobernador respaldó esa idea con un dato verificable: recordó que el programa de reemplacamiento vehicular preveía recaudar 400 millones de pesos, y que la meta ya se superó, con más de 700 millones recaudados pese al ruido político generado en contra. El mensaje, para quien sepa leerlo, es directo: cada vez que estos cuatro suman una crítica, el gobierno documenta más respaldo ciudadano, no menos.
El dinero, el abandono de décadas y la amenaza que falta por cumplirse
Más allá del pleito político inmediato, May reveló algo que hasta ahora no se sabía con precisión: el destino exacto de los recursos que el Estado obtuvo por la venta del predio de La Choca. Ese dinero, dijo, se invertirá en el rescate del Barrio Mágico, la denominación que recibió la Zona Luz del centro histórico de Villahermosa a finales de 2024 por parte de la Secretaría de Turismo federal. Según el gobernador, esa zona ha permanecido abandonada durante varios trienios y sexenios, bajo administraciones estatales y municipales que nunca destinaron un presupuesto real para su recuperación.
El dato tiene respaldo en los hechos recientes. Apenas la semana pasada, el Colegio de Arquitectos Tabasqueños reconoció públicamente que el proyecto de rescate del Barrio Mágico seguía «en fase de estudio», sin montos económicos definidos, más de un año después de que el propio gobierno estatal firmara un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Centro para fortalecer la zona. El anuncio de hoy, entonces, es la primera vez que ese proyecto cuenta con una fuente de financiamiento concreta y verificable, y convierte una venta que la oposición calificó de opaca en una inversión con destino público específico.
Pero el anuncio que puede tener mayor impacto político todavía no se ha cumplido. May adelantó que en los próximos días dará a conocer cómo operan granjas de bots vinculadas a estos actores políticos, es decir, redes de cuentas automatizadas presuntamente utilizadas para amplificar artificialmente sus críticas en redes sociales. Se trata de una acusación de manipulación digital organizada, algo que ningún gobierno estatal en Tabasco ha documentado públicamente hasta ahora, y que, de concretarse con evidencia verificable, trascendería por completo el caso puntual del Food Park.
Si esa exhibición ocurre tal como fue prometida, el episodio de La Antojería quedará como el detonante de algo mucho más grande: la primera exposición pública de una presunta red de desinformación política organizada en Tabasco, a poco más de un año de que el estado renueve gubernatura y Congreso en 2027. Si no ocurre, quedará como una amenaza más de conferencia matutina, la misma suerte que han corrido otros anuncios similares en el pasado reciente.
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