CDMX.— La escena ocurrió en la Ciudad de México. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, entró a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) acompañada de políticos de Oposición, entregó un escrito y salió sin rendir declaración. El mensaje fue político, jurídico y también electoral.
La mandataria panista impugnó el citatorio girado por la Fiscalía para comparecer como testigo en el caso relacionado con presuntos agentes de la CIA en territorio mexicano. Su argumento central: el documento no explica con claridad el motivo del requerimiento y, además, la Constitución protege a gobernadores de ciertas obligaciones procesales ordinarias.
“No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno”, sostuvo Campos en el documento entregado ante la autoridad federal.
La frase no sólo es jurídica. También marca una línea política. En Palacio Nacional y en sectores de Morena, el episodio dejó de verse como un trámite ministerial. Comenzó a interpretarse como un conflicto sobre soberanía, seguridad y poder rumbo a la sucesión presidencial de 2030.
El argumento legal
Campos citó el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales para sostener que los gobernadores están exceptuados de comparecer obligatoriamente ante el Ministerio Público.
En su escrito también afirmó que acudió únicamente para responder a un “citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”.
El movimiento revela algo más profundo: la oposición intenta convertir el caso en un debate sobre límites constitucionales y federalismo, mientras Morena busca colocarlo dentro de la narrativa de defensa de la soberanía nacional.
En el fondo, el expediente toca una fibra sensible del obradorismo y del actual gobierno federal: la presencia o colaboración de agencias estadounidenses dentro de México.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Funcionaria citada | Maru Campos |
| Cargo | Gobernadora de Chihuahua |
| Autoridad citante | FGR |
| Tema central | Caso relacionado con presuntos agentes de la CIA |
| Acción realizada | Entregó escrito y no declaró |
| Argumento principal | Falta de fundamentación legal |
Morena eleva el tono
Mientras Campos defendía su posición jurídica, desde la Cámara de Diputados el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, endureció el discurso y convirtió el caso en un asunto de seguridad nacional.
“Es una traidora a la patria”, afirmó el legislador, quien incluso aseguró que Estados Unidos tendría en la gobernadora panista una posible carta presidencial para las elecciones de 2030.
La acusación elevó la temperatura política. No es común que desde el oficialismo se coloque a un gobernador opositor dentro de una narrativa de presunta injerencia extranjera.
Sandoval sostuvo que Campos “violó la soberanía” y pidió incluso juicio político. También calificó como “montaje” el supuesto narcolaboratorio desmantelado en Chihuahua durante operaciones de cooperación bilateral.
Detrás del ruido aparece otra lectura: Morena comienza a perfilar adversarios hacia la siguiente disputa presidencial. Y en ese tablero, Chihuahua importa.
Soberanía y sucesión
La relación México-Estados Unidos volvió a mezclarse con la política interna. Ocurrió antes con temas migratorios, con el combate al narcotráfico y con las presiones comerciales. Ahora aparece una nueva variante: la utilización electoral del discurso soberanista.
No obstante, el caso también exhibe un vacío incómodo. Hasta ahora no existe información pública contundente sobre la supuesta operación de agentes estadounidenses en Chihuahua. Esa ausencia alimenta especulaciones de ambos lados.
Para el PAN, el episodio puede convertirse en una señal de presión política federal. Para Morena, en cambio, funciona como una oportunidad para reforzar la narrativa de defensa nacional frente a cualquier intervención extranjera.
En este sentido, la aparición del nombre de Maru Campos dentro de la conversación presidencial de 2030 quizá resulte más importante que el propio citatorio ministerial.
Porque en política, a veces un expediente judicial vale menos por lo que prueba que por lo que instala en la conversación pública.
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