NUEVA YORK.— El ritual judicial fue breve, pero el mensaje político resultó explosivo. En la sala del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, le preguntó al acusado si era Nicolás Maduro Moros.
La respuesta no fue un simple trámite de identificación: “Soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, prisionero de guerra, secuestrado en una acción militar de los Estados Unidos, y me acojo a los tratados de Ginebra”.
Minutos después, tras escuchar los cargos por narcoterrorismo y conspiración, Nicolás Maduro se declaró no culpable. Su esposa, Cilia Flores, hizo lo mismo, identificándose como “primera dama” y afirmando ser “completamente inocente”.
No fue una escena judicial más. Fue una interpelación directa al orden internacional. Al proclamarse jefe de Estado en funciones ante un tribunal estadounidense, Maduro colocó el proceso penal bajo la sombra del Derecho Internacional Público, activando el principio de inmunidad de los jefes de Estado y, con ello, la discusión sobre la soberanía.
La Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, es taxativa al prohibir el uso o la amenaza de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
La operación militar del 3 de enero en Caracas, que derivó en su captura y traslado forzoso a Estados Unidos, aparece así como una vulneración abierta de ese marco jurídico.
El abogado defensor, Barry Pollack, conocido por haber representado a Julian Assange, fue directo al cuestionar la “legalidad de la abducción militar”.
Su argumento central no es ideológico: se trata de un jefe de Estado soberano que goza de privilegios e inmunidades reconocidas por el derecho internacional. Si el proceso avanza, no será sólo un juicio penal; será un precedente jurídico de alcance global.
SECUESTRO, ESCENOGRAFÍA Y PODER
Maduro y Flores fueron secuestrados el 3 de enero en Caracas por un comando militar estadounidense. La operación dejó decenas de muertos y tuvo un objetivo inequívoco: capturar al mandatario venezolano.
Ya en territorio estadounidense, la secuencia adquirió un tono simbólico: esposas, exhibición pública y un recorrido por Nueva York que evocó los desfiles de trofeos de los viejos imperios. No fue un exceso operativo; fue una escenografía del poder.
La narrativa fue reforzada desde la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, en Fox News, hizo alarde del operativo: “Podemos hacerlo de nuevo; nadie puede detenernos”. La frase no apuntó sólo a Caracas. Interpeló al sistema multilateral y a la vigencia misma del derecho internacional.
En el plano judicial, Hellerstein —designado por Bill Clinton y con antecedentes recientes de fallos contrarios al uso expansivo de viejas leyes migratorias por parte de Trump— leyó los cargos y explicó los derechos de los acusados.
Cuando Maduro intentó extender su alegato político-jurídico, el juez lo interrumpió: habrá otra oportunidad para eso. El proceso apenas comienza y podría tardar meses. La próxima audiencia quedó fijada para el 17 de marzo.
La acusación criminal, elaborada originalmente en 2020 durante el primer mandato de Trump y actualizada por el Departamento de Justicia, sostiene que Maduro encabezó durante décadas “un gobierno corrupto e ilegítimo” que promovió actividades ilegales, incluyendo el narcotráfico.
Incluye cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y de otros “instrumentos destructivos”. Se le vincula con organizaciones como el cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Tren de Aragua, las FARC y el ELN. Las pruebas, sin embargo, son objeto de fuerte controversia jurídica.
EL MUNDO MIRA, EUROPA DUDA
La reacción internacional fue inmediata y desigual. Suiza recordó inicialmente la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la integridad territorial, pero horas después se realineó con Washington y decidió bloquear presuntos bienes de Maduro. China y Rusia exigieron la liberación inmediata del presidente venezolano y denunciaron la violación del derecho internacional.
En la Unión Europea, el discurso es incómodo y contradictorio: por un lado, se insiste en calificar a Maduro como dictador; por otro, se cuestionan los métodos empleados por Estados Unidos.
Varias voces advierten que aceptar esta ruptura del derecho internacional equivale a abrir la caja de Pandora: hoy es Venezuela; mañana, cualquier país. En ese horizonte asoma incluso la amenaza estadounidense sobre Groenlandia, territorio del Reino de Dinamarca.
La Organización de las Naciones Unidas no esquivó el fondo. Su secretario general, António Guterres, dijo ante el Consejo de Seguridad que no se respetó el derecho internacional en la acción militar del 3 de enero y recordó que la paz y la seguridad dependen del cumplimiento estricto de la Carta por todos los Estados miembros.
Mientras tanto, sindicatos y movimientos sociales se movilizaron en distintas ciudades europeas en solidaridad con Venezuela y en repudio a la operación militar estadounidense.
PETRÓLEO, PRECEDENTES Y COSTO POLÍTICO
Los antecedentes pesan. Muammar Gaddafi terminó linchado; Saddam Hussein fue ejecutado. La diferencia hoy es que el atropello se produce a cara descubierta y bajo reflectores.
Estados Unidos deberá pagar un costo político. Las pruebas contra los Maduro no parecen consistentes y la motivación estratégica que queda al desnudo es el control del petróleo venezolano.
Si la ley del más fuerte reemplaza a la norma, el sistema internacional entra en una fase de inestabilidad estructural. No se trata de simpatías ideológicas ni de absoluciones anticipadas. Se trata de reglas. Y cuando las reglas se rompen, nadie queda a salvo.
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