CDMX.— El resultado de la elección judicial de 2025, que por primera vez llevó a los ciudadanos a elegir a las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no solo reordenó el equilibrio institucional del país, también reactivó una vieja contradicción legal que hoy se ha convertido en materia de tensión política.
Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco con más de seis millones de votos, es el virtual presidente de la Corte. Así lo ha declarado la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien en varias ocasiones ha defendido el método de elección popular como una expresión democrática inédita: “Me da mucho gusto que el próximo presidente de la Suprema Corte sea un hombre sencillo, inteligente, con sensibilidad social. Un abogado mixteco con gran trayectoria”, afirmó.
Pero lo que en Palacio Nacional parece cerrado, en el Congreso sigue abierto: un error legislativo cometido por el bloque mayoritario en San Lázaro mantiene vigente una contradicción constitucional entre los artículos 94 y 97 de la Carta Magna.
QUÉ DICE LA LEY, QUÉ DICE LA POLÍTICA
La reforma judicial, aprobada en 2024, estableció en el artículo 94 que la presidencia de la SCJN debe ser para la candidatura que obtenga la mayor cantidad de votos en la elección nacional. Sin embargo, el artículo 97, que no fue derogado ni modificado, sigue previendo que la presidencia se elige por votación interna de los propios ministros.
“La propia reforma quedó clarísima al decir que quien tenga la candidatura que reciba mayor votación presidirá los primeros dos años”, aclaró la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien aseguró que no hay margen de interpretación. El Instituto, dijo, entregará la constancia a Hugo Aguilar como presidente.
No obstante, la omisión técnica en la reforma abre un resquicio legal que algunos sectores de la oposición buscan utilizar para disputar el resultado o forzar una alternancia interna.
CONTRADICCIONES Y TENSIONES
Desde octubre de 2024, Morena reconoció la inconsistencia legal. Presentó una iniciativa de reforma correctiva en abril y logró que se dictaminara en mayo. Sin embargo, no ha sido votada en el pleno, lo que deja al país en una zona gris constitucional justo cuando los nuevos ministros están por asumir el cargo.
El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, señaló que el Congreso tendrá que resolver esa antinomia en un periodo extraordinario de sesiones, aunque hasta ahora no hay acuerdo en fechas ni temario. La urgencia es evidente: el nuevo Pleno de la SCJN se instalará el 1 de septiembre.
La oposición, por su parte, ha endurecido su discurso. El panista Elías Lixa denunció que “parece que a Morena no le gustan sus propias reglas. Sería vergonzoso que desde la Presidencia se impusiera a quien va a presidir la Corte”.
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En medio de este cruce, algunas voces han planteado que la segunda candidata más votada, Lenia Batres, podría reclamar la presidencia bajo el principio de paridad. Pero eso no está previsto en la reforma ni en los lineamientos operativos emitidos por el INE. Taddei fue clara: “La presidencia es para quien obtenga más votos en la urna”.
CAMBIO REAL O SIMULACIÓN
Lo que está en juego no es sólo un cargo, sino el sentido del nuevo modelo judicial. Si, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, se busca que el Poder Judicial sea un espacio de justicia accesible, honesta y austera, la elección de sus máximos responsables no puede ensombrecerse por una disputa de procedimiento.
“Tienen que dar ejemplo de austeridad, de profesionalismo, de honestidad. Hoy son elegidos por el pueblo y deben demostrar que hay un sistema de justicia diferente”, demandó la mandataria.
Por eso el desenlace es clave. Si el Congreso no corrige a tiempo el error legal, o si fuerzas políticas intentan aprovechar el hueco normativo para reinterpretar el resultado, el nuevo modelo judicial podría comenzar con una sombra de ilegitimidad.
Lo que urge, más allá de formalismos, es coherencia institucional. La ley, incluso mal redactada, debe respetarse. Y si Hugo Aguilar fue el más votado, como coinciden el INE, el Poder Ejecutivo y la mayoría de los legisladores, la transición debe honrar la voluntad ciudadana sin titubeos.
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