El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta uno de sus retos financieros más complicados: la organización de la inédita elección judicial programada para junio de 2025. Hasta ahora, el costo proyectado para esta votación asciende a 13 mil 205 millones de pesos, lo que la convierte en el proceso electoral más caro de la historia de México.
Sin embargo, esta cifra sigue siendo preliminar y podría incrementarse a medida que las áreas técnicas del INE ajusten sus requerimientos para asegurar la elección de 881 puestos judiciales, que incluirán jueces, magistrados y ministros.
La Comisión de Presupuesto del INE ha aprobado una propuesta de 27 mil 270 millones de pesos para su ejercicio en 2025, aunque este monto no incluye los gastos de la elección judicial, que sigue en revisión.
Esta decisión ha generado tensiones con los partidos políticos, que cuestionan la falta de claridad en las cifras presentadas y la forma en que el INE está gestionando los recursos destinados a esta inédita votación.
El representante de Morena, Jaime Castañeda, se mostró molesto por el manejo del presupuesto y acusó al INE de ocultar información, afirmando que los partidos políticos deben ser parte del proceso de discusión presupuestaria, especialmente cuando el gasto afecta directamente las arcas públicas. Sin embargo, desde el INE han dejado claro que, dado el carácter judicial de la elección, la participación de los partidos se encuentra limitada.
UN COSTO HISTÓRICO Y CRECIENTE
El alto costo de la elección judicial ha encendido el debate sobre el gasto público. La elección de jueces, magistrados y ministros no tiene precedentes en México, y organizar este tipo de proceso exige una infraestructura que supera con creces la de cualquier elección federal pasada. Según los últimos cálculos, la votación de 2025 costará un 46% más que las elecciones de 2024 en las que se eligió a la presidenta y a los miembros del Congreso federal.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei , reconoció que la magnitud del evento es un desafío logístico y financiero. Durante una reunión reciente, mencionó que compartía las preocupaciones sobre los costos elevados, pero también defendió la importancia de seguir adelante con la organización, especialmente después de que el Tribunal Electoral autorizó la continuación de los preparativos. “Esta resolución trae claridad y certeza para que el INE cumpla con su función estatal de organizar elecciones”, expresó.
La complejidad de la elección es notable. Se prevé imprimir más de 800 millones de boletas, más del doble de lo que se requiere para una elección presidencial, debido a la gran cantidad de cargos en disputa y la división geográfica distinta del Poder Judicial.
Además, el INE necesitará alquilar más oficinas, aumentar el personal temporal y adaptar el diseño de las boletas para incluir la información de cada candidato, lo que ha contribuido a elevar el costo.
EL CONFLICTO ENTRE TRANSPARENCIA Y CONTROL POLÍTICO
La aprobación de este presupuesto ha dejado al descubierto un conflicto de intereses entre el INE y los partidos políticos. Mientras que los representantes de Morena y Movimiento Ciudadano exigieron que se presentaran cifras claras y definitivas antes de llevar la propuesta al Congreso, los consejeros del INE defendieron su autonomía y la necesidad de flexibilidad para ajustar el presupuesto en función de la claridad jurídica.
Luis Oswaldo Peralta, contralor interno del INE, insistió en que el gasto debe ser tratado con responsabilidad, recordando que se trata del dinero del país. “Es fundamental dar puntualmente las cifras del presupuesto judicial. La transparencia es esencial en un proceso de esta magnitud”, comentó. Las palabras del contralor reflejan la preocupación general por la opacidad en la gestión de los recursos, especialmente cuando los partidos políticos se sienten excluidos del proceso de decisión.
Por su parte, los partidos opositores han señalado que si bien no participan en la organización de la elección judicial, su presencia en el Consejo General del INE les otorga derecho a cuestionar la distribución del presupuesto. “Nosotros no vamos a participar en la organización, pero entonces en el Consejo General, cuando se apruebe el presupuesto, ¿van a sacar a los partidos políticos de la mesa?”, cuestionó Guillermo Cárdenas, representante de Movimiento Ciudadano.
UN DESAFÍO LOGÍSTICO SIN PRECEDENTES
La elección de jueces, magistrados y ministros no solo es costosa, sino logísticamente compleja. Por primera vez, el INE deberá organizar una votación para seleccionar a altos cargos del Poder Judicial, lo que implica crear nuevas boletas, urnas y sistemas de conteo para reflejar una estructura judicial que no coincide con el mapa electoral tradicional.
Además, se deberá diseñar una nueva geografía electoral que refleje la organización interna del Poder Judicial, lo que ha llevado al INE a planificar el alquiler de oficinas adicionales y la contratación de más personal temporal para manejar la logística.
La incertidumbre jurídica sobre el proceso también ha jugado un papel importante en el aumento de los costos. Si bien el Tribunal Electoral ha dado luz verde para seguir adelante, existen más de 140 suspensiones judiciales emitidas por jueces que ordenan detener la organización del proceso.
Los consejeros del INE han tenido que maniobrar entre estas decisiones judiciales y las resoluciones del Tribunal Electoral, generando una situación de incertidumbre que complica la planificación presupuestaria.
LA RESPUESTA DEL INE: COMPROMISO Y PRESIÓN
Tras la autorización del Tribunal Electoral, el INE ha reafirmado su compromiso de organizar la elección judicial, resaltando la importancia de garantizar la transparencia y legitimidad del proceso.
Sin embargo, la presidenta Guadalupe Taddei ha reconocido que se trata de un esfuerzo sin precedentes y que requiere ajustes continuos, tanto en la planificación logística como en el manejo del presupuesto. “El conocimiento profundo es que no hay amparo en materia electoral, pero hay que ser prudentes y respetuosos”, subrayó.
Los consejeros tienen la tarea de equilibrar la presión política con la necesidad de avanzar en la organización de un evento que definirá la composición del sistema judicial en el país. La elección de 2025 será una prueba no solo para la capacidad operativa del INE, sino también para la solidez de las instituciones democráticas mexicanas en un momento de creciente polarización.
DATOS CLAVE
- Suspensiones judiciales : Más de 140 órdenes han buscado detener la organización del proceso, complicando la planificación del INE.
- Costo de la elección judicial : El presupuesto preliminar es de 13 mil 205 millones de pesos , superando los gastos de 2024.
- Complejidad logística : Habrá que imprimir más de 800 millones de boletas y ajustar la infraestructura para reflejar la organización judicial.
- Conflicto con partidos políticos : Los representantes de partidos han criticado la falta de transparencia en la gestión presupuestaria.