El problema ya no es solamente si deben examinarse los empleados del Poder Judicial. Es quién los evaluará, bajo qué reglas y con qué consecuencias. En Tabasco, alrededor de 1,200 trabajadores del Décimo Circuito suspendieron labores por tiempo indefinido y anunciaron que no atenderán siquiera guardias ni asuntos urgentes. La disputa laboral trasladó sus costos a quienes buscan justicia federal.
La protesta comenzó el viernes 6 de noviembre. Los inconformes se concentraron en instalaciones de la colonia Gaviotas, en Centro, y posteriormente bloquearon las avenidas Gregorio Méndez Magaña y 27 de Febrero. Hacia las 15:00 horas levantaron el cierre, pero anunciaron nuevas movilizaciones para el lunes. El reclamo laboral alteró también un servicio público esencial.
José Felipe Ochoa Landero, representante del Sindicato de Renovación del PJF, calificó el nuevo régimen de evaluación como una imposición que amenaza derechos y empleos. Advirtió que habrá cierres de calles, avenidas e instituciones. La exigencia de los trabajadores es retirar el acuerdo, detener su aplicación y abrir una negociación formal. Cuestionan las condiciones para conservar sus puestos.
RUTA JUDICIAL
Cinco momentos para entender cómo una evaluación terminó en protesta. Explora cada etapa.
Se publica el acuerdo general que establece el régimen de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.
Ruber Alberto Rodríguez Mosqueda, secretario del Tribunal de Apelación del Décimo Circuito, puso el dedo en otra contradicción. Sostuvo que secretarios, actuarios y oficiales ya aprobaron cursos y exámenes para ingresar y ascender, mientras que los nuevos titulares no enfrentaron requisitos equivalentes. La crítica apunta a una asimetría posterior a la reforma judicial: exigencias para subordinados que, sostienen, no alcanzan a sus superiores.
Pero conviene separar agravios de hechos. La evaluación del desempeño no es, por sí misma, una arbitrariedad. La justicia requiere preparación y controles; la antigüedad no garantiza buen desempeño. El punto delicado aparece cuando un examen se combina con valoraciones que los empleados perciben como discrecionales, en una institución cuya estructura de poder acaba de cambiar.
El acuerdo AG-POAJ-025/2026 detonó protestas en distintas entidades. Entre los señalamientos de trabajadores y de la asociación de juzgadores JUFED figura el peso concedido a apreciaciones de superiores y compañeros, frente a conocimientos y experiencia. La respuesta exige criterios públicos y mecanismos de revisión; sin ellos, evaluar puede confundirse con disciplinar.
DOS VERSIONES
La autoridad descarta despidos inmediatos; los trabajadores cuestionan las garantías futuras. Selecciona un tema para contrastar posiciones.
No rechazan los exámenes, sino el nuevo esquema y sus criterios.
La evaluación constituye una obligación legal de la carrera judicial.
Dos versiones enfrentadas
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) niega que los exámenes previstos del 4 al 15 de diciembre provoquen despidos o pérdida de plazas. Sostiene que esa primera evaluación será exclusivamente diagnóstica, sin aprobados ni reprobados, y que servirá para identificar necesidades de capacitación. Invoca el artículo 100 constitucional y la Ley de Carrera Judicial como fundamento de su atribución para evaluar.
La precisión importa. No es correcto presentar la prueba de diciembre como una orden de despido masivo. Sin embargo, tampoco basta esa aclaración para cancelar el debate: el propio OAJ reconoce que más adelante habrá una evaluación ordinaria con los efectos establecidos por la legislación, después de la capacitación. La controversia apunta, precisamente, a las garantías de esa siguiente etapa.
El OAJ ofrece diálogo; los sindicatos mantienen el paro. La pregunta es por qué los criterios y salvaguardas no se discuten públicamente antes de paralizar tribunales.
PARO JUDICIAL
Tabasco enfrenta una suspensión indefinida de actividades en sus sedes judiciales federales.
Justicia en espera
La movilización tiene alcance nacional. Hubo cierres o manifestaciones en Monterrey, Cancún, Toluca, Guerrero y diversas sedes de Veracruz, Chiapas y otras entidades. El esquema cuestionado comprende aproximadamente a 32 mil trabajadores de más de 900 juzgados y tribunales federales. Eso no significa que todos estén en paro: es el universo sujeto a evaluación.
En Tabasco, la decisión de no cubrir siquiera asuntos urgentes hace especialmente severo el conflicto. La justicia federal no es intercambiable sin más con la local: cada jurisdicción tiene competencias distintas. Por eso, afirmar que todos los expedientes podrán pasar al fuero común sería una simplificación. La interrupción afecta potencialmente a litigantes y usuarios del amparo; su alcance dependerá de las contingencias adoptadas.
También aquí hay una responsabilidad sindical. Defender derechos laborales es legítimo; suspender completamente la atención judicial, incluso en casos apremiantes, obliga a explicar cómo se evitará perjudicar a terceros. Un reclamo atendible también puede perjudicar a ciudadanos ajenos a la disputa.
A la autoridad le corresponde demostrar que evaluar no equivale a depurar personal por conveniencia. A los trabajadores, aceptar que la rendición de cuentas también empieza dentro de los tribunales. Y a ambos, preservar la atención indispensable. En esta disputa, el resultado no se medirá únicamente por si se aplica un examen: se medirá por la confianza que conserve la carrera judicial y por la justicia que deje de impartirse mientras se negocia.
EVALUACIÓN DIVIDIDA
La JUFED cuestiona la distribución de los criterios bajo el nuevo acuerdo de evaluación.