CIUDAD DE MÉXICO.— En un movimiento estratégico de profundas repercusiones para el mapa político rumbo a los comicios de medio periodo en 2027, el consejero electoral Jorge Montaño Ventura ha consolidado su control sobre una de las posiciones con mayor poder real dentro del Instituto Nacional Electoral (INE): la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF).
El desembarco de su círculo cercano en las direcciones clave de este órgano centralizado no representa únicamente un relevo administrativo tradicional, sino la toma absoluta de un mecanismo capaz de auditar, multar y determinar de manera discrecional la supervivencia legal de partidos políticos y candidaturas en todo el país.
La designación de Mario Alejo como titular de la UTF, operada e impulsada directamente por el propio Jorge Montaño Ventura, ya ha desatado una intensa controversia jurídica y recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las fuerzas de oposición acusan formalmente al nuevo funcionario de carecer de la experiencia mínima de cinco años en materia de auditoría que exige textualmente la normatividad.
Sin embargo, en el análisis político de fondo, el arribo de este bloque regional a la UTF de la mano de la consejera presidenta Guadalupe Taddei devela una red de lealtades de largo alcance que encuentra su origen, sus deudas de origen y sus métodos en los pasajes más oscuros de la historia reciente de Tabasco.
La llave del dinero y el arbitraje de facción
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE es, por definición constitucional, el brazo punitivo más letal del arbitraje electoral en materia financiera. Su labor estratégica consiste en vigilar exhaustivamente el origen, destino y aplicación de cada peso asignado a los actores y agrupaciones políticas de la República.
Controlar esta oficina otorga la facultad discrecional de revisar bajo lupa milimétrica los ingresos de los adversarios o, por el contrario, otorgar fluidez, laxitud y protección técnica a los proyectos políticos emergentes afines.
Para la estructura del poder nacional y su correlación con lo local de cara a los escenarios electorales del adancismo 2027, la centralización de la UTF cobra una relevancia absoluta. A la controvertida llegada de Mario Alejo se suma el nombramiento estratégico de José Luis Hernández Villarruel —ex asesor de Humberto Castillejos en la Consejería Jurídica del sexenio de Enrique Peña Nieto— como nuevo director de Análisis Operacional y Administración de Riesgo, así como de Rigoberto Gómez Custodio —proveniente del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco— en la Dirección de Programación Nacional de la UTF.
Con este despliegue, el bloque de Montaño no solo nacionaliza cuadros de la estructura municipal tabasqueña, sino que recicla la operación pragmática del viejo régimen para blindar la actual hegemonía central.
| Funcionario / Origen | Cargo Estratégico | Implicación Operativa (2027) |
|---|---|---|
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Mario Alejo Origen: Tabasco |
Titular de la UTF | Control absoluto de auditorías a partidos políticos. Impugnado por la oposición por no cumplir el perfil técnico normativo. |
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J. L. Hernández Villarruel Exasesor Consejería Presidencial |
Dir. de Análisis Operacional y Riesgo | Encargado de la contención, mapeo financiero y mitigación de contingencias contables de las redes aliadas. |
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Rigoberto Gómez Custodio Ayto. de Tenosique, Tabasco |
Dirección de Programación Nacional | Fiscalización y calendarización del presupuesto asignado a partidos nacionales y locales desde la matriz del INE. |
El expediente Tabasco: Del desafuero al trono central
El historial del consejero nacional como operador institucional —caracterizado por analistas políticos como un técnico de corte marcadamente cortesano y de alta eficacia para alinearse con los liderazgos en el poder— está marcado por dos grandes escándalos en la entidad que configuran lo que la oposición denomina el fraude IEPCT Tabasco, antecedentes que hoy adquieren una vigencia alarmante.
El primero de ellos se remonta a la administración estatal de Arturo Núñez Jiménez. Siendo magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), Montaño operó en el año 2015 la histórica e inédita anulación de la elección del municipio de Centro, la cual había sido ganada en las urnas por el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa.
Aquella polémica resolución judicial no obedeció a un arranque de purismo normativo; en la práctica, despejó de manera quirúrgica el camino hacia la sucesión gubernamental de 2018 en favor de Adán Augusto López Hernández, entonces dirigente de Morena en la entidad, quien identificaba en Gaudiano a su rival más competitivo.
La reacción del régimen nuñista fue fulminante: mediante un acuerdo del Congreso local, se le despojó del fuero constitucional e inició una persecución de corte penal por fraude que lo obligó temporalmente a la huida y el aislamiento, antes de ser absuelto tras los reacomodos del poder.
El segundo y más profundo antecedente se sitúa en su etapa previa como consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT). Montaño encabezó la comisión responsable de la adquisición de un inmueble que serviría como sede del órgano electoral.
La transacción, fijada en 32.6 millones de pesos de dinero público, fue dictaminada de forma inapelable por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) con un sobreprecio brutal e ilegal, tasando el valor real del edificio en apenas 18.5 millones de pesos (lo que representó un sobreprecio ilegal del 76%).
En el entramado de aquel fraude inmobiliario —cuyo edificio permanece en la actualidad totalmente en ruinas y abandonado— las investigaciones documentaron la intervención directa de la notaría vinculada a la estructura de Adán Augusto López Hernández para validar el avalúo inflado.
Pese a las órdenes de aprehensión giradas en su momento y que lo convirtieron provisionalmente en prófugo, Montaño logró salir indemne gracias a la complicidad y protección de la red política que hoy, en plena alianza con Guadalupe Taddei, lo encumbra en la capital del país.
“La paradoja institucional es absoluta: el funcionario que huyó de Villahermosa cercado por expedientes de fraude inmobiliario y manipulación jurisdiccional regresa hoy convertido en el fiscal supremo de la República”.
El estrangulamiento de los OPLEs y la ruta hacia 2027
Es en el entorno local donde la paradoja de la fiscalización ha hecho corto circuito. Mientras el árbitro electoral local es sistemáticamente debilitado en sus recursos presupuestales por el poder político local —sufriendo un recorte drástico de 136 millones de pesos—, las estructuras internas alineadas históricamente con Montaño intentaron pavimentar el camino para el proyecto del adancismo 2027.
La Comisión Dictaminadora del IEPCT, integrada por perfiles afines, emitió un dictamen aprobatorio argumentando que la agrupación Unión Democrática por Tabasco A.C. (Partido Alternativa Social), encabezada por Humberto de los Santos Bertruy, había cumplido con las asambleas y afiliados requeridos.
Sin embargo, el 7 de mayo de 2026, el Consejo General del IEPCT asestó un golpe unánime al declarar improcedente el registro local de dicha organización. La razón técnica desnudó la operación: la agrupación fue incapaz de comprobar el origen y destino de sus recursos debido a la omisión absoluta de aperturar una cuenta bancaria comercial, moviendo el financiamiento de sus asambleas en la opacidad del efectivo.
La presión de Morena, a través de su representante Roberto Romero del Valle, obligó a engrosar el expediente exigiendo que el veto no se limitara a la fiscalización, acusando además irregularidades graves en la afiliación de militantes y la constitución de asambleas distritales.
La respuesta de la plataforma presuntamente aliada con el adancismo no se hizo esperar. El 14 de mayo de 2026, Humberto de los Santos Bertruy formalizó la impugnación ante el órgano electoral, acusando directamente que el Instituto actuó bajo “presiones del Gobierno” del estado y que guardó silencio deliberadamente sobre 36 observaciones solventadas para detonar el rechazo en la víspera final.
Con este recurso, el bloque activa una agresiva cadena impugnativa que escalará del Tribunal Electoral de Tabasco (TET) a la Sala Xalapa y, de ser necesario, a la Sala Superior del TEPJF.
La ironía del nuevo diseño electoral nacional queda expuesta en toda su crudeza: mientras el tribunal local y el federal se preparan para revisar el presunto financiamiento ilegal y las firmas fantasmas del partido adancista en Tabasco, las llaves de la oficina que vigila el dinero de todos los actores políticos de la nación ya están en manos de Jorge Montaño Ventura en la Ciudad de México. El ajedrez para la mega elección intermedia de 2027 ha comenzado, y el arbitraje financiero se disputará bajo fuego cruzado.
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