CDMX.— En México, la seguridad no solo se juega en operativos: también se define en quién manda. Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que hay una línea que los estados no pueden cruzar. Y esa línea se llama soberanía.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, confirmó que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, pidió información a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, sobre un operativo donde habrían participado agentes de la CIA. La reunión fue “cordial”, dijo, pero el mensaje fue directo: “no se siguieron los procedimientos”.
“Se le pidió información a la gobernadora… y se le dijo todos los principios que hay que seguir… en este caso no se siguió este procedimiento”, afirmó la presidenta.
No fue un regaño menor. Fue una advertencia institucional.
La soberanía se defiende todos los días. pic.twitter.com/wA2z9cEIMK
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 24, 2026
El fondo del conflicto: quién controla la seguridad
El hecho, por sí mismo, no es nuevo. México ha colaborado durante años con agencias estadounidenses. Sin embargo, el punto crítico es otro: la forma en que se hace esa colaboración.
Sheinbaum lo sintetizó en una frase que busca fijar doctrina: “Hay algo que no se negocia… se llama soberanía”.
El matiz importa. No se trata de romper cooperación, sino de encauzarla. Por ello, el gobierno federal enviará una comunicación a todos los estados recordando que cualquier coordinación internacional debe pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores o el gabinete federal de seguridad.
En otras palabras: los estados no pueden operar solos en este terreno.
Más que un caso aislado: el reordenamiento del poder
El episodio ocurre en un momento clave. La administración federal busca consolidar control sobre la estrategia de seguridad nacional, mientras los estados mantienen presiones operativas en territorios complejos.
Sheinbaum rechazó que el cuestionamiento sea político. Incluso defendió la coordinación con Chihuahua. Recordó que su gobierno ha desmantelado más de 2,500 laboratorios clandestinos desde el inicio de su administración.
Sin embargo, el mensaje no fue conciliador en el fondo. Fue estructural.
Porque el caso de Chihuahua revela una tensión recurrente: cuando la urgencia local choca con las reglas nacionales. Y en ese choque, la federación está dejando claro quién define los límites.
La señal política: orden antes que resultados
El cierre de la presidenta refuerza la lectura política del episodio. “La soberanía no se negocia, se colabora… en el marco de nuestras leyes”, dijo, en una frase que no busca adornar el discurso sino fijar una línea de control.
No es solo una declaración, es una delimitación del poder: en materia de seguridad no basta con obtener resultados, también importa quién los autoriza, bajo qué marco legal se ejecutan y qué instancia los supervisa.
En ese terreno, donde la urgencia operativa suele empujar decisiones rápidas, el gobierno federal está enviando un mensaje inequívoco: los estados pueden actuar, sí, pero dentro de un esquema donde la conducción, la validación y la responsabilidad última siguen estando en el centro.
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