WASHINGTON.— La crisis de poder en Latinoamérica se profundiza más allá de Venezuela. Tras el polémico operativo militar en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país iniciará ataques “en tierra” contra los cárteles del narcotráfico, acusándolos de “controlar México”.
Estas declaraciones, que trasladan la lógica de la intervención venezolana a la esfera del combate al crimen organizado, configuran un salto estratégico con profundas implicaciones geopolíticas y de seguridad regional.
En una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, Trump sostuvo que “vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles”, reiterando su narrativa de que estas organizaciones ejercen un control que, en su opinión, trasciende las capacidades del propio Estado mexicano.
Aunque el mandatario no detalló el alcance de estas operaciones ni especificó si ocurrirían en territorio mexicano, su discurso representa una escalada retórica sin precedentes en la política de seguridad hemisférica.
Esta postura se da en paralelo a una campaña militar que, desde mediados de 2025, ha visto a Estados Unidos intensificar operaciones navales en el Caribe y el Pacífico con el pretexto de combatir redes de narcotráfico.
Esa campaña —identificada como Operation Southern Spear por analistas— implicó ataques a embarcaciones que, según Washington, estaban vinculadas a crimen organizado regional, con decenas de muertos en el mar y una presencia militar sostenida en áreas estratégicas.
El contexto venezolano —incluida la incursión militar que sacó a Maduro de Caracas— ha sido parte del mismo cuadro estratégico del gobierno estadounidense, que ha justificado estas acciones en la lucha contra el narcotráfico, aunque muchos críticos ven en ellas una expansión del poder hegemónico bajo cobertura de la seguridad nacional.
RETÓRICA DE GUERRA Y REALIDAD DIPLOMÁTICA
El anuncio de Trump coloca a México —tradicional socio de Washington en seguridad— en el centro de una narrativa de amenazas y posibles ataques. México ha rechazado expresamente cualquier intervención militar foránea en su territorio.
La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que su país no avala la intervención de Estados Unidos en Venezuela ni en México, enfatizando la soberanía nacional y la cooperación pacífica como base de la relación bilateral.
Expertos en seguridad consultados por medios internacionales señalan que, si bien Trump ha invocado la lucha contra estupefacientes como justificación, el uso explícito de operaciones militares en tierra sería un cambio radical de doctrina.
Por ahora, los ataques reportados han sido contra embarcaciones en altamar, bajo el argumento de combatir redes que trasladan drogas ilícitas a Estados Unidos.
La amenaza explícita a cárteles, presentados como si “gobernaran” una nación entera, evidencia un enfoque securitario donde Washington combina presión militar, retórica política y estrategias geoestratégicas para justificar intervenciones.
Este giro ha generado preocupación incluso dentro del propio Congreso de Estados Unidos, donde una resolución bipartidista busca limitar la capacidad del presidente para iniciar acciones militares sin aprobación legislativa.
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CRISIS REGIONAL Y REPERCUSIONES
La reacción de otros países latinoamericanos ha sido variada. Mientras México descarta la posibilidad de acciones estadounidenses en su territorio —apuntando a la diferencia estructural y diplomática con Venezuela—, otros gobiernos han expresado cautela frente a la idea de usar fuerza militar bajo el pretexto de la lucha contra drogas.
La inseguridad relacionada con cárteles es un problema real, pero para muchos analistas requiere cooperación multilateral, justicia y políticas sociales más que ofensivas unilaterales.
Este momento marca un punto de inflexión: el uso de la fuerza, históricamente controversial en la región, se ha vuelto una parte explícita de la agenda presidencial estadounidense, que no se limita a combates navales sino que ahora incluye la amenaza de incursiones terrestres.
Los expertos advierten que si esa retórica se traduce en acciones concretas, se abriría un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y América Latina, con consecuencias impredecibles para la soberanía y la estabilidad regional.
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