CDMX.— En junio, cuando Estados Unidos retiró la visa a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal, la Presidenta Claudia Sheinbaum tardó 24 horas en pronunciarse. Dijo entonces: “Ellos son quienes tienen que aclararlo”. Con Andrés Manuel López Beltrán, la defensa llegó completa y sin espera. Esa diferencia de horas es, por ahora, el dato más revelador del caso.
Los hechos primero. El jueves por la noche, López Beltrán reveló que el Departamento de Estado le canceló la visa, mediante una carta fechada en Teapa, Tabasco, el distrito que busca representar como diputado en 2027. Acusó a Marco Rubio y Christopher Landau de actuar “como jefes de pandillas” y calificó la medida de “politiquera y propagandística, al estilo hitleriano”.
Para quien sigue la política desde fuera de Palacio Nacional, el contraste no es un detalle técnico. Es la prueba de que no todos los sancionados por Washington reciben el mismo respaldo desde Palacio Nacional. Y en un movimiento que se presume horizontal, esa distinción marca una jerarquía real.
El patrón que la Presidenta rompió
Con eso, se sumó a una lista de más de 50 políticos mexicanos sin visa desde 2025, casi todos de Morena. Pero mientras a los gobernadores los dejó resolver solos, a López Beltrán lo cubrió de inmediato: “Esta cancelación de visas tiene un sentido político, esencialmente, porque no es parejo a todos los países”, declaró en la mañanera. Y remató con consigna: “Hay que ser valientes, no hay otra cosa”.
El argumento de la selectividad, puesto a prueba
Sheinbaum sostiene que las revocaciones no responden a delitos porque no se reparten igual entre países. El argumento tiene un límite: ningún otro país tiene, a la vez, un ex secretario de Seguridad condenado por narcotráfico en Nueva York, un ex secretario de Defensa arrestado en Los Ángeles y un gobernador en funciones acusado por un gran jurado. La concentración de visas retiradas puede reflejar el tamaño del problema, no solo un criterio electoral. Que Washington module los tiempos con cálculo político es plausible; que eso, por sí solo, pruebe persecución contra López Beltrán, todavía no.
La Presidenta insistió en que no existe investigación en México contra López Beltrán. Sin embargo, desde septiembre de 2025 los hermanos López Beltrán figuran como beneficiarios de al menos tres amparos contra órdenes de aprehensión, promovidos en el contexto del huachicol fiscal, casi un año antes del retiro de la visa. La negación no aclara ese antecedente: lo deja pendiente.
El PRI y el PAN ya lo habían señalado con menos matiz: el primero con insultos, el segundo exigiendo que la Fiscalía lo cite. Ninguno aportó, hasta ahora, una prueba distinta a la que ya documentaban los amparos. En este sentido, el ruido partidista adelantó una conclusión que la autoridad judicial mexicana todavía no confirma ni descarta.
Por ello, la pregunta que queda no es si las versiones oficiales, opositoras y presidenciales chocan entre sí. Es más incómoda: por qué el único país donde nadie investiga formalmente a López Beltrán es precisamente el suyo, mientras Washington sí actuó.
Además, el episodio ocurre justo cuando López Beltrán construye su candidatura por Teapa, el mismo territorio desde donde firmó la carta. Ese cálculo territorial no es casual: convierte una sanción diplomática en argumento de campaña, con la Presidenta como primer aval.
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