Héctor I. Tapia
Hernán Bermúdez Requena decidió recordar quién fue justo cuando la justicia se prepara para juzgar quién dicen las autoridades que llegó a ser.
Desde el penal federal donde permanece recluido, el ex secretario de Seguridad de Tabasco escribió una carta para declararse inocente, cuestionar a quienes lo acusan y reivindicar una trayectoria que, según sus propias palabras, construyó sirviendo con “lealtad, disciplina y resultados” a seis gobernadores de Tabasco.
Y los enumera: Manuel Gurría. Roberto Madrazo. Enrique Priego. Manuel Andrade. Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino.
No aparecen en la carta como señalados ni como responsables de los delitos que hoy se le imputan. Bermúdez los invoca como parte de su currículum, casi como testigos históricos de una carrera que atravesó gobiernos, grupos políticos y tres décadas del poder tabasqueño.
Pero ahí comienza también la paradoja.
La trayectoria que el ex jefe policiaco presenta como argumento para defender su reputación es la misma que permite formular una pregunta más incómoda: ¿cómo pudo un funcionario que recorrió durante tantos años las estructuras de seguridad y gobierno llegar hasta la cúspide de la policía estatal y terminar acusado de encabezar una organización criminal?
El hombre del sistema
Bermúdez no apareció con la llegada de Morena ni comenzó su carrera con Adán Augusto López.
Su presencia dentro de las estructuras públicas se remonta a los gobiernos priistas. Durante la administración de Manuel Gurría, en los primeros años de la década de los noventa, comenzó a consolidarse el grupo político y administrativo en el que coincidieron personajes que décadas después regresarían al primer nivel del gobierno estatal.
Fuentes consultadas por e diario español El País ubican entonces a Bermúdez en la estructura policial, en un círculo en el que también figuraban Jaime Lastra, Enrique Priego, Adán Augusto López y Carlos Manuel Merino. Después vinieron otros gobiernos.
El propio Adán Augusto López ha reconocido públicamente que Bermúdez ocupó responsabilidades durante la administración de Roberto Madrazo y que con Manuel Andrade fue subsecretario de Readaptación Social. Es decir, su paso por el aparato estatal no fue episódico: acumuló cargos, relaciones y conocimiento de las instituciones encargadas de seguridad y justicia.
En 2018 el tablero volvió a acomodarse: Adán Augusto ganó la gubernatura y varios integrantes de aquel viejo grupo regresaron a posiciones estratégicas. Bermúdez llegó primero como director de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal y, en diciembre de 2019, asumió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Cuando López Hernández dejó Tabasco para incorporarse al gobierno federal, Carlos Manuel Merino tomó la gubernatura y mantuvo a Bermúdez al frente de la seguridad hasta enero de 2024.
Había sobrevivido a gobiernos, cambios partidistas y reacomodos del poder.
Seis gobernadores
La lista que ahora presenta Bermúdez tiene, por eso, una doble lectura. Para él constituye una defensa: difícilmente —sugiere su argumento— alguien podría servir durante décadas a tantos gobiernos si su trayectoria estuviera marcada por aquello que ahora se le atribuye. Pero para el periodismo la pregunta debe formularse al revés: ¿Qué vio el sistema durante todos esos años?
No existe elemento alguno que permita trasladar automáticamente las acusaciones contra Bermúdez a los gobernadores para quienes trabajó. Haber sido su jefe político o administrativo no constituye prueba de conocimiento, participación ni encubrimiento de actos criminales. El dato relevante es otro: Bermúdez fue durante décadas un hombre del sistema. No operaba desde sus márgenes.
Conoció sus pasillos, ocupó cargos sensibles, manejó información de seguridad, obtuvo sucesivas responsabilidades y finalmente alcanzó la posición desde donde el Estado debía combatir precisamente a las organizaciones criminales. Ese recorrido es el que hoy él mismo coloca en el centro de su defensa. Y quizá sin proponérselo, también coloca en el centro del caso una pregunta que rebasa su suerte personal ¿Hernán Bermúdez fue una anomalía que el sistema nunca detectó o el producto de un sistema que durante demasiado tiempo confió en él?
154 años: la pena que pide la Fiscalía
154 años de cárcel
La carta tampoco apareció en cualquier momento. El 15 de junio, Hernán Bermúdez llegó a una de las fases decisivas del proceso que se le sigue por secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa. En la audiencia intermedia, la Fiscalía expuso y sustentó los elementos recabados durante la investigación, mientras la defensa ejerció su derecho a controvertirlos. El objetivo de esa etapa es determinar qué pruebas podrán llegar al eventual juicio oral.
La dimensión del caso quedó entonces a la vista. La Fiscalía solicitó para el exsecretario de Seguridad una pena acumulada de 154 años de prisión si logra acreditar los delitos que le imputa. No es una sentencia ni significa que esa pena vaya a imponerse automáticamente. Pero sí retrata la gravedad de la acusación que enfrenta un hombre a quien las autoridades señalan como presunto dirigente de La Barredora.
Cumplida la audiencia intermedia, el expediente quedó encaminado hacia el juicio oral, donde un tribunal deberá valorar las pruebas admitidas y determinar si Bermúdez es responsable de los delitos que se le atribuyen. Es en ese momento cuando decide hablar.
Del arresto a la antesala del juicio
Romper el silencio
Durante meses, Bermúdez había guardado públicamente una posición mucho más discreta mientras las investigaciones, las órdenes judiciales y las acusaciones avanzaban en su contra. Ahora cambia de estrategia. Desde el Altiplano, se declara inocente y dirige buena parte de su carta contra la forma en que se ha construido el caso en su contra.
Niega haber participado en los delitos que se le imputan; cuestiona testimonios que, según su versión, pudieron obtenerse mediante beneficios procesales; acusa a algunos medios de haber vulnerado su presunción de inocencia y sostiene que existe una persecución política y mediática. También reclama al gobernador Javier May y a otros servidores públicos por haberse referido públicamente a él como delincuente o como presunto jefe de La Barredora.
La carta muestra así algo más que una proclamación de inocencia. Bermúdez ha decidido pasar a la ofensiva contra sus acusadores justo cuando uno de sus principales procesos se acerca a la etapa en que las pruebas deberán ser confrontadas ante un tribunal. Eso no vuelve ciertas sus acusaciones contra fiscales, testigos, políticos o medios. Son, hasta ahora, argumentos de su defensa.
Dos frentes, una misma pelea
En tribunales
En la opinión pública
Desacreditar la acusación
El movimiento es reconocible. Frente a un expediente que puede costarle décadas de prisión, Bermúdez intenta combatir dos cosas al mismo tiempo: los cargos penales y la credibilidad de quienes los sostienen. Al cuestionar a testigos que habrían recibido beneficios procesales, busca debilitar el origen de algunos señalamientos.
Al hablar de persecución mediática, intenta separar la condena pública de lo que pueda probarse judicialmente. Y al introducir una posible persecución política, coloca sobre la mesa una explicación alternativa para su caída. Pero el punto de partida sigue siendo el expediente.
La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para llevarlo a juicio por secuestro, extorsión y asociación delictuosa, y el proceso superó ya la investigación complementaria hasta llegar a la audiencia intermedia. En esa fase, la representación social presentó sus medios de prueba y la defensa tuvo oportunidad de controvertirlos. La carta no modifica ese escenario. Lo que hace es abrir otro frente.
Otra batalla
Bermúdez sabe que su situación no se resolverá con una declaración pública. En el juicio importarán las pruebas admitidas, los testimonios, las contradicciones entre las partes y la capacidad de la Fiscalía para demostrar los delitos más allá de toda duda razonable. La defensa, por su parte, tratará de desacreditar esos elementos y construir una versión alternativa de los hechos.
Eso es lo que corresponde a un proceso penal. La novedad es que Bermúdez decidió anticipar parte de esa disputa fuera de los tribunales. Su carta busca instalar desde ahora una idea: que algunas de las acusaciones en su contra están contaminadas por intereses, beneficios procesales o motivaciones políticas. Pero esa es precisamente una de las afirmaciones que también deberá sostener con elementos.
Hasta ahora, lo documentado es que existe una acusación formal por delitos graves, que la Fiscalía presentó sus medios de prueba, que la defensa los contradijo y que el caso avanzó hacia la apertura del juicio oral. La presunción de inocencia obliga a no presentarlo como culpable antes de una sentencia. Pero tampoco convierte sus señalamientos contra el proceso en hechos comprobados. Esa frontera es fundamental.
Porque el hombre que ahora denuncia una persecución es también el exsecretario de Seguridad al que las autoridades colocan en el centro de una investigación sobre una organización criminal que operó en el estado que él tenía la responsabilidad de proteger. Y esa será la contradicción que deberá resolver el juicio.
La barredora
La carta intenta mover la conversación hacia el debido proceso, la presunción de inocencia y una posible utilización política del caso. Pero el centro del expediente sigue siendo otro: la relación que las autoridades atribuyen a Hernán Bermúdez con La Barredora. La Fiscalía lo señala como presunto dirigente de ese grupo criminal. Bermúdez lo niega. Esa diferencia debe mantenerse con precisión.
No existe todavía una sentencia que establezca su responsabilidad. Lo que sí existe es una acusación formal, procesos judiciales abiertos y una investigación que llevó a las autoridades a colocar bajo sospecha a quien durante años ocupó la principal responsabilidad de seguridad pública del estado. Ahí radica una de las dimensiones más graves del caso. No se trata de un policía marginal ni de un funcionario secundario.
Se trata de un exsecretario de Seguridad al que el propio Estado acusa de haber participado en conductas criminales mientras formaba parte de la estructura encargada de combatirlas. La contradicción es difícil de exagerar: el hombre que estuvo al frente de la seguridad de Tabasco terminó convertido en uno de los principales acusados dentro de una investigación sobre crimen organizado en la entidad.
La caída
El descenso fue tan abrupto como prolongado había sido su ascenso. Durante décadas, Bermúdez acumuló cargos, relaciones y confianza institucional. En enero de 2024 dejó la Secretaría de Seguridad. Después vinieron las investigaciones, las órdenes judiciales y la búsqueda. En 2025, una orden de aprehensión lo colocó formalmente en calidad de prófugo.
La persecución terminó el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay, lejos de las oficinas y corporaciones en las que había construido buena parte de su carrera.
Tras su traslado a México fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, y quedó vinculado a proceso por asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado. El contraste resume por sí solo la dimensión política del caso: de encabezar la seguridad del estado a enfrentar desde una prisión federal las acusaciones de la institución que busca llevarlo a juicio. Y su situación judicial todavía se complicó más.
Del poder al Altiplano
Carrera pública
Acumula cargos y relaciones dentro de estructuras de seguridad y gobierno.
Llega a Seguridad
Asume la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.
Deja el cargo
Sale de la Secretaría después de varios años al frente de la seguridad estatal.
Detenido
Es localizado en Paraguay y posteriormente trasladado a México.
Rumbo al juicio
Permanece en el Altiplano mientras enfrenta varias causas y una petición fiscal de 154 años en una de ellas.
Más expedientes
La causa por la que la Fiscalía pretende una condena acumulada de 154 años no es su único frente. En marzo de 2026 se cumplimentó una nueva orden de aprehensión en su contra por desaparición forzada de personas y posteriormente fue vinculado a proceso. Ese procedimiento corre por separado.
Además, enfrenta otros señalamientos y causas que han ampliado el alcance de su situación jurídica. Por eso conviene evitar una lectura simplificada: Bermúdez no enfrenta un solo expediente capaz de resolverse en una única sentencia, sino distintos procesos que avanzan por rutas diferentes. La carta aparece, entonces, no únicamente ante la proximidad de un juicio oral. Aparece frente a un escenario judicial mucho más amplio.
Lo que viene
La audiencia intermedia del 15 de junio de 2026 dejó uno de sus principales procesos encaminado hacia la etapa de juicio oral. Ahí estará la prueba decisiva para ambas partes. La Fiscalía tendrá que demostrar que los hechos que atribuye a Bermúdez pueden sostenerse con las pruebas admitidas. La defensa intentará desmontarlas, cuestionar testimonios y ofrecer una explicación alternativa.
Las acusaciones sobre supuestos beneficios procesales tendrán que confrontarse con el expediente. Y la denuncia de una persecución política o mediática, si pretende tener efectos más allá del discurso público, tendrá que sostenerse con elementos verificables. Hasta que exista sentencia, Bermúdez conserva la presunción de inocencia.
Pero esa garantía jurídica no borra el hecho de que hoy enfrenta una acusación formal por delitos graves ni reduce el peso del expediente que la Fiscalía ha construido en su contra. Ese equilibrio es central. Ni condenarlo antes del juicio. Ni convertir su propia defensa en una explicación suficiente del caso.
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El sistema
Aun así, el proceso penal no agota todas las preguntas. La trayectoria que Bermúdez utiliza como defensa sigue siendo políticamente relevante. Durante décadas ocupó cargos dentro de la estructura pública. Trabajó bajo seis gobernadores. Pasó por áreas sensibles de seguridad y justicia. Acumuló responsabilidades.
Y terminó encabezando la Secretaría encargada de combatir precisamente los delitos que hoy se le atribuyen. Eso obliga a mirar más allá de su responsabilidad individual. No para repartir culpas por asociación. No existe base para hacerlo.
Sino para preguntar cómo funcionaron los mecanismos de confianza, supervisión y control dentro de las instituciones que permitieron una carrera tan prolongada y ascendente. Si las acusaciones de la Fiscalía llegan a probarse, la pregunta será inevitable: ¿cómo pudo un funcionario señalado de semejante gravedad avanzar durante tantos años dentro del aparato de seguridad sin que las instituciones detectaran lo que hoy se le atribuye?
Si las acusaciones no alcanzan para una condena, corresponderá entonces examinar por qué falló la acusación. Pero hoy el peso del caso está donde corresponde: en un expediente que tendrá que ser probado ante un tribunal.
Seis nombres
Desde El Altiplano, Bermúdez eligió volver sobre su pasado. Manuel Gurría. Roberto Madrazo. Enrique Priego. Manuel Andrade. Adán Augusto López. Carlos Manuel Merino. Durante años, esos nombres formaron parte de su currículum. Hoy son también parte de la manera en que intenta defender su reputación.
El juicio determinará si las pruebas alcanzan para convertir las acusaciones en una sentencia y si la pretensión de 154 años de prisión queda en una petición de la Fiscalía o termina traducida en una condena que podría mantenerlo el resto de su vida tras las rejas.
Pero hay una pregunta que seguirá ahí, cualquiera que sea el desenlace judicial: cómo un hombre que recorrió durante décadas las entrañas del poder tabasqueño terminó convertido en uno de los principales acusados de una investigación criminal en el mismo estado cuya seguridad llegó a encabezar.
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