CDMX.— La solicitud de desafuero contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas cumple cuatro años sin resolverse: se presentó en 2022, se desechó en 2025, se reactivó en marzo de 2026 y hoy sigue “viva” —palabra de la propia bancada de Morena— sin llegar a votación. La única vez que el expediente coincidió con un giro político de peso fue también en 2022, cuando el PRI respaldó ampliar hasta 2028 la permanencia militar en las calles mientras su dirigente enfrentaba ese primer proceso.
Cuatro años después, con dos colaboradores presos en Campeche y el senador todavía en su curul, la pregunta ya no es solo cuándo se resuelve el caso, sino a quién le conviene que siga sin resolverse.
La declaración de procedencia contra Moreno, el nombre técnico del desafuero, depende de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, integrada por cuatro legisladores; de ellos, solo Germán Martínez Cázares, del PAN, ha sido voz disidente. La Comisión Jurisdiccional de la que depende esa sección, presidida por Hugo Eric Flores, tiene 15 integrantes, 12 de la coalición gobernante. Los votos existen desde hace tiempo. Lo que ha faltado, hasta ahora, es someterlos a votación.
Parte de la demora sí tiene una explicación legal, y Morena la reconoce. El coordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier, confirmó que la solicitud de desafuero “se le regresó a la Fiscalía” de Campeche después de que Moreno promovió un recurso ante un juzgado que “le concedió la razón la ley”. Mier insistió en que eso no anula el fondo: “eso no quiere decir que los problemas, las irregularidades, la desviación de recursos, el enriquecimiento ilícito, las inconsistencias que le presentó la UIF no existan (…) eso está vivo, es real, es evidente, es público, es notorio”.
Su compañero de bancada, el senador Óscar Cantón Zetina, lo resumió distinto: “es una bola muy cantada”. Ese recurso coincide con un antecedente ya documentado: en 2024 un juzgado de Campeche declaró inconstitucional un cateo a una propiedad del priista y ordenó excluir las pruebas obtenidas de ahí.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que el caso no responde a un cálculo político: “no es un tema, digamos, político. En todo caso, si es un tema de un delito, pues ya le corresponde a la Fiscalía, al Congreso”, dijo en su conferencia matutina, y precisó que el proceso “tiene que ver con la Fiscalía de Campeche, no es algo que tenga que ver con la Fiscalía General de la República”. Es la versión oficial: un asunto jurisdiccional sin cálculo político — la misma versión que la cronología de pausas y reactivaciones del expediente vuelve difícil de sostener sin matices.
Los que sí caen
Lo que ocurre en Campeche corre por una vía distinta a la del fuero. El lunes 10 de agosto cayó el contador Luis Antonio Espinosa Campos, ligado a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del propio Alito. Un día después, la noche del martes 11 de agosto, fue detenido Carlos Alberto Medina Hernández, quien encabezó la Unidad de Comunicación Social del gobierno de Campeche durante la administración de Moreno.
A ambos se les acusa de operar, mediante Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, un esquema de pagos a la televisora estatal Mayavisión por 97 millones de pesos, de los cuales 36 millones se atribuyen directamente a Medina Hernández. Los dos permanecen recluidos en el penal de San Francisco Kobén, mientras Moreno sigue en su curul.
Temprano, por la mañana, señalé las carpetas de investigación y propiedades ilícitas que pesan sobre @alitomorenoc . Instantes después, mandó a su porro @CarlosGMancilla a agredirme en el Patio del Federalismo.
— Arturo Ávila. (@arturoavila_mx) August 13, 2026
No nos van a distraer: lo único que buscan con la violencia es… pic.twitter.com/eHwM1h6d2I
Mientras eso ocurre, Moreno ha subido el tono. El pasado 10 de agosto —el mismo día en que cayó Espinosa Campos— denunció ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la Ley Global Magnitsky, a tres consejeros del INE que le prohibieron llamar "narcopartido", "narcogobierno" y "narcodictadura" a Morena, y adelantó que llevará el caso ante la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Presidenta respondió a esa ofensiva calificando las denuncias de Moreno en Estados Unidos como motivo de risa, acusándolo de carecer de credibilidad y describiéndolo como dirigente de un partido "casi en extinción": "¿no sé cuánta credibilidad tenga? No tiene, pues tampoco creo que tenga mucha", remató. Es la otra cara del pulso narrativo: mientras Moreno construye su relato de perseguido, el gobierno federal construye el de un dirigente que ya no encuentra respaldo ni dentro de su propio país.
Sobre las detenciones de sus ex colaboradores dijo que se está "metiendo a la cárcel a gente inocente", y sobre el desafuero en general, que es "cacería política". No es un discurso improvisado: es la construcción sistemática de un personaje que, si cae, cae como perseguido, no como investigado.
Ahí está la tensión que ningún expediente resuelve por sí solo. Moreno arrastra una carpeta de irregularidades tan extensa que, como se dice en el argot judicial, no cabría completa en una sola celda: peculado, enriquecimiento ilícito, una mansión de casi 7 mil metros cuadrados en Campeche, contratos con empresas factureras y ahora dos colaboradores presos.
Pero encarcelarlo hoy, después de que él mismo construyó una narrativa de opositor censurado y perseguido, corre el riesgo de convertirlo en víctima ante una parte de la opinión pública, justo lo contrario de lo que busca quien impulse su desafuero. Ese cálculo político, no solo el jurídico, es, probablemente, la explicación más honesta de por qué el expediente sigue vivo, sin sentencia y sin sepultura.
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