CDMX.— La carrera por 17 gubernaturas en 2027 ya comenzó, pero el dinero utilizado para posicionar aspirantes seguirá, por ahora, sin una vigilancia diseñada específicamente para esta etapa. El Instituto Nacional Electoral retiró el proyecto que pretendía fiscalizar los procesos internos adelantados, mientras los partidos ganan territorio, levantan estructuras y colocan nombres antes del arranque formal del año electoral.
El movimiento altera el equilibrio: quienes comenzaron primero conservan la ventaja y quienes lleguen después tendrán que competir contra figuras que acumulan recorridos, propaganda y exposición pública bajo nombres como “coordinadores” o “defensores”.
El proyecto fue retirado del Consejo General el 23 de julio, a petición del consejero Jorge Montaño, para incorporar observaciones de los partidos. El argumento fue buscar un documento consensuado; la consecuencia práctica es que Morena, PT, PVEM, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y las nuevas fuerzas políticas podrán mantener sus actividades bajo las reglas generales existentes.
No es el primer aplazamiento. Una propuesta impulsada por Arturo Castillo fue rechazada el 27 de mayo. Dos meses después, el INE sigue discutiendo cómo vigilar una competencia que ya ocurre en las calles.
“Estamos buscando atender las aristas para que el documento esté totalmente apegado a lo que se requiere para el proceso electoral venidero”, explicó Montaño. La consejera Carla Humphrey respondió con el dato político central: “Vamos tarde”. El proceso electoral comenzará durante la primera semana de septiembre y las reglas pretenden ordenar precisamente lo sucedido antes de esa fecha.
Fiscalización electoral 2027
LAS REGLAS
EN PAUSA
El INE aplazó los controles mientras los partidos avanzan hacia la elección.
La competencia ya comenzó: recorridos, eventos y propaganda ocurren antes de aprobarse una fiscalización específica.
Primer intento rechazado
El Consejo General no aprueba la propuesta inicial para regular y fiscalizar los procesos políticos adelantados.
Nuevo proyecto retirado
El consejero Jorge Montaño pide abrir otra ronda de revisión para incorporar las observaciones de partidos y consejerías.
Regreso a la negociación
El INE y los partidos retomarán las mesas de trabajo para intentar construir un documento con respaldo suficiente.
Comienza el proceso electoral
La elección entra formalmente en marcha; las actividades previas ya habrán producido exposición y ventajas territoriales.
Cada semana sin reglas homogéneas amplía la ventaja de quienes comenzaron primero.
Fuente: Instituto Nacional Electoral. Elaboración propia con información disponible al 24 de julio de 2026.
El rastro del dinero
El anteproyecto proponía obligar a partidos y participantes a notificar sus procesos internos en un máximo de tres días, abrir cuentas bancarias específicas y registrar ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización.
También contemplaba agendas semanales, inspecciones sin previo aviso y monitoreo de espectaculares, bardas, transporte, pantallas, internet y redes sociales. Si una autoridad local acreditaba actos anticipados, el gasto detectado se acumularía posteriormente al tope de precampaña o campaña.
Ese último punto revela el problema institucional. El INE puede revisar recursos, pero son los organismos electorales locales y los tribunales quienes deben determinar si una actividad constituye un acto anticipado relacionado con una gubernatura, alcaldía o diputación local. Sin esa resolución, el dinero se procesa como gasto ordinario partidista.
El aplazamiento beneficia a las estructuras con mayor capacidad territorial y financiera. No necesariamente porque infrinjan la ley, sino porque cada semana sin reglas homogéneas amplía la distancia entre quien ya ocupa bardas, salones y redes, y quien todavía prepara su candidatura.
Integridad de candidaturas
EL FILTRO
ANTICRIMEN
La comisión cruzará consultas partidistas con instituciones financieras y de seguridad.
Así funcionaría la revisión
Entrega al INE los datos de la persona aspirante.
Se cruzan antecedentes financieros y de seguridad.
Determina si mantiene o retira la posible candidatura.
La consulta será voluntaria y el INE no podrá ordenar por sí solo el retiro de una persona aspirante.
Fuente: Presidencia del Instituto Nacional Electoral. Elaboración propia con información disponible al 24 de julio de 2026.
Un blindaje todavía voluntario
Mientras aplaza la fiscalización, el INE avanza en otro frente: la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. El 28 de julio deberá definir a sus tres integrantes entre ocho consejerías interesadas y podría formalizarla en la sesión del 30 de julio.
La comisión pretende canalizar consultas de los partidos hacia la FGR, la UIF, la Secretaría de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El universo operativo podría alcanzar entre 750 mil y 800 mil registros, considerando candidaturas federales, estatales, municipales, suplencias y concejalías.
Sin embargo, el blindaje tiene una grieta: la consulta será voluntaria y, aun cuando aparezca información de riesgo, corresponderá al partido decidir si mantiene a la persona en la contienda. “El INE no maneja la información; es conocimiento del partido político y, a partir de ahí, definirá si continúa en la carrera”, explicó Guadalupe Taddei.
El contraste define el tablero: se intenta cerrar la puerta al crimen organizado, pero todavía no se ordena completamente el dinero político que circula antes de las campañas. Una comisión puede advertir riesgos; sin consecuencias claras y fiscalización oportuna, no sustituye la responsabilidad de los partidos ni recupera la equidad perdida.
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