CDMX.— La salida de Guadalupe Taddei no cerrará las cuentas del Instituto Nacional Electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió que las investigaciones sobre contratos y posibles irregularidades lleguen también a las administraciones anteriores, incluida la de Lorenzo Córdova. El escándalo dejó así de concentrarse en una presidencia para colocar bajo revisión años de manejo de recursos públicos.
El planteamiento llega cuando el INE enfrenta señalamientos por sus contrataciones, posibles conflictos de intereses y anomalías patrimoniales entre sus funcionarios. La pregunta ya no es únicamente qué ocurrió durante la gestión de Taddei, sino desde cuándo operan los proveedores cuestionados y quién autorizó sus contratos.
CONTRATOS BAJO LUPA
La exigencia de Sheinbaum no termina con la salida de Guadalupe Taddei: incluye administraciones anteriores.
Su salida ocurre tras cuestionamientos por contrataciones, proveedores y relaciones de funcionarios con particulares. Las autoridades deberán determinar posibles responsabilidades.
Auditoría sin excepciones
Durante su conferencia del 27 de octubre, Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión amplia del gasto electoral. La investigación, sostuvo, debe abarcar los contratos otorgados durante la administración saliente y aquellos celebrados antes de su llegada al organismo.
“La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo. Tiene que auditarse y tiene que transparentarse todos esos contratos, tanto en el periodo de Guadalupe Taddei como previamente”, afirmó.
El señalamiento alcanza directamente al periodo de Lorenzo Córdova, quien presidió el instituto entre 2014 y 2023. Sin embargo, incluir su administración en una auditoría no supone atribuirle responsabilidades personales. La revisión deberá establecer qué contratos se adjudicaron, bajo qué condiciones y si existieron irregularidades.
Para Sheinbaum, resulta especialmente importante conocer cuánto tiempo llevan contratando con el organismo determinadas empresas. Entre los proveedores señalados figura Cajas Graf, vinculada al empresario José Alfredo Hernández Casillas, cuyas relaciones con funcionarios detonaron nuevos cuestionamientos.
La mandataria recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado cuentas relacionadas con esas empresas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, una resolución judicial permitió revertir la medida. El antecedente coloca la vigilancia financiera dentro de una discusión más amplia sobre la contratación pública.
El dinero observado
La exigencia presidencial encuentra otro punto de apoyo en un informe del Órgano Interno de Control (OIC). Su revisión patrimonial identificó indicios de posibles actividades indebidas en el 84% de los funcionarios seleccionados mediante criterios de riesgo.
Los hallazgos incluyen depósitos bancarios provenientes de proveedores, participaciones empresariales no declaradas y posibles omisiones de ingresos por hasta 5.6 millones de pesos. El porcentaje corresponde únicamente al grupo investigado y no puede extrapolarse a todos los trabajadores del instituto.
Además, el OIC reportó 37 millones 783 mil 721.30 pesos pendientes de aclaración por diversos conceptos relacionados con el ejercicio del presupuesto. Las observaciones no constituyen, por sí mismas, prueba de desvío, pero requieren documentación y respuestas de las áreas responsables.
ALERTAS PATRIMONIALES
Explora los principales hallazgos y observaciones reportados por el Órgano Interno de Control del INE.
El porcentaje corresponde a funcionarios seleccionados mediante criterios de riesgo. No equivale al porcentaje de todo el personal ni acredita culpabilidad.
Estas advertencias antecedieron a la renuncia de Taddei. Ahí radica una de las principales contradicciones institucionales: el organismo disponía de mecanismos internos para detectar riesgos, pero la acumulación de señalamientos terminó provocando una crisis en su máxima conducción.
Transparencia del gasto
Sheinbaum también cuestionó el presupuesto del INE, que situó en aproximadamente 22 mil millones de pesos para 2026. A su juicio, la revisión debe incluir contratos, servicios personales, remuneraciones y recursos asignados a los partidos políticos.
“No debe haber sombra de conflicto de intereses, de corrupción. No debe volver a ocurrir”, expresó la mandataria, al reclamar que se deslinden responsabilidades y se transparenten los gastos de las distintas administraciones.
El señalamiento incorpora una dimensión política. El Ejecutivo ha insistido en reducir el costo del sistema electoral, mientras la autonomía del organismo exige preservar las condiciones necesarias para organizar elecciones sin interferencias gubernamentales.
Por ello, una auditoría exhaustiva puede fortalecer al INE si se desarrolla mediante procedimientos independientes, evidencia documental y criterios iguales para todas las gestiones. De lo contrario, la investigación corre el riesgo de convertirse en otro capítulo de la confrontación política alrededor del árbitro electoral.
Relevo bajo presión
La crisis precipitó la salida de Taddei el 26 de octubre. Un día después, los diez consejeros restantes designaron a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional, en medio de una recomposición de los principales cargos administrativos.
Tres funcionarios señalados por sus relaciones con el proveedor Hernández Casillas dejaron sus responsabilidades. La nueva conducción deberá revisar contrataciones y recuperar mecanismos colegiados de decisión, después de los cuestionamientos sobre la concentración de facultades en la presidencia.
Morena, por su parte, rechazó asumir responsabilidad partidista por lo ocurrido. Su dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo que corresponde a las personas involucradas responder por eventuales actos indebidos y pidió investigaciones que tampoco excluyan administraciones anteriores.
“No es un tema directo de Morena; a quien deja mal es a las personas que hayan incurrido en una acción indebida, en un acto de corrupción”, manifestó.
REVISIÓN SIN EXCEPCIONES
El relevo de la presidencia del INE abre una etapa de auditorías y reorganización antes de las elecciones de 2027.
La renuncia abre la vacante en la presidencia del Instituto Nacional Electoral.
La presidenta pide examinar contratos de la administración saliente y de gestiones anteriores, incluida la de Lorenzo Córdova.
Blanca Yassahara Cruz García asume la conducción temporal del organismo.
Las autoridades deberán revisar contratos, establecer posibles responsabilidades y resolver la designación definitiva.
El INE tendrá que cumplir sus funciones electorales mientras enfrenta el desafío de recuperar credibilidad.
Más allá de Taddei
La Cámara de Diputados tendrá que designar a quien complete el periodo presidencial del INE hasta 2032. El proceso ocurre mientras el organismo prepara las elecciones de 2027, cuando estarán nuevamente en juego cargos legislativos y gobiernos locales.
La revisión de los contratos puede resultar tan trascendente como la designación del nuevo presidente. Si los mismos proveedores trabajaron durante distintas administraciones, la investigación deberá determinar si existieron prácticas recurrentes, omisiones de vigilancia o simples relaciones comerciales debidamente justificadas.
La exigencia de Sheinbaum modifica así el alcance político de la crisis: Taddei deja de ser el único referente y la gestión de Córdova también entra en el escrutinio. La diferencia entre una revisión seria y una disputa partidista estará en las pruebas, las responsabilidades acreditadas y la transparencia de sus resultados.
Porque cambiar a quien encabeza el INE puede resolver el vacío de mando. Pero para recuperar la confianza en el árbitro electoral hará falta algo más: esclarecer cómo se gastó el dinero, quién autorizó los contratos y por qué las alertas no fueron atendidas a tiempo.